MR abogados

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2010-06-04T04:24:00.001-07:00

La defensa de los intereses y derechos del cliente constituyen siempre el primer y único motivo de actuación profesional para el buen Letrado.

Desde esa máxima, MR Abogados se encuentra en disposición de ofrecerle la defensa jurídica que todos merecemos, con un nivel de compromiso, seriedad y profesionalidad que contribuya a la obtención de los mejores resultados posibles.

MR Abogados ofrece a sus clientes esas cualidades, junto a una disponibilidad total y unos precios competitivos, transparencia incondicional en cuanto a tarifas, incluyendo un presupuesto inicial y programas de facilidades de pago de los servicios contratados, cualidades reconocidas por sus clientes.

APOSTILLA DE LA HAYA

2009-12-21T09:02:00.000-08:00

¿Qué es?.-

A través de la denominada Apostilla de la Haya un país firmante del del XII Convenio de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado de 5 de octubre de 1961 reconoce la eficacia jurídica de un documento público emitido en otro país firmante de dicho Convenio (y que llevan la apostilla)).

El trámite de legalización única consiste en colocar sobre el propio documento público una apostilla o anotación que certificará la autenticidad de los documentos públicos expedidos en otro país sin necesidad de otro tipo de autenticación.

¿A qué documentos se aplica?.-

Documentos públicos

La apostilla puede aplicarse.-

a) Documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público o de un secretario, oficial o agente judicial.

b) Documentos administrativos.

c) Certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como la certificación del registro de un documento, la certificación sobre la certeza de una fecha y las autenticaciones oficiales y notariales de firmas en documentos de carácter privado.

La apostilla no se aplica.-

a) A los documentos expedidos por funcionarios diplomáticos o consulares.

b) A los documentos administrativos relacionados directamente con una operación comercial o aduanera.

¿Quién puede solicitarlo?.-

La Apostilla de la Haya la puede solicitar cualquier persona portadora de un documento publico cuya autenticidad desee certificar.

Autoridades competentes.-

1. Para apostillar documentos emitidos por autoridades judiciales competentes: La autoridad apostillante competente será el Secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (documentos tales como autos, sentencias y demás providencias emanadas de cualquier autoridad judicial, de cualquier instancia y de todas las ramas de la jurisdicción).

2. Documentos autorizados notarialmente y documentos privados cuyas firmas hayan sido legitimadas por Notario: Será el Decano del Colegio Notarial respectivo o miembro de su Junta Directiva.

3. Para apostillar documentos de la Administración Central: El Jefe de la Sección Central de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia.

Se trata de los Ministerios o sus Organismos Dependientes, y únicamente los documentos expedidos por ellos deben ser apostillados por el Ministerio de Justicia en Madrid.

4. Para apostillar documentos públicos de las restantes Administraciones: Periférica, Autonómica, Provincial, Municipal y Órganos Autónomos de la Administración Central: El Secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia o el Decano del Colegio de Notarios.

Cómo solicitarlo.-

- De forma presencial

Oficina Central de Atención al Ciudadano.

- Por correo

En la Oficina Central de Atención al Ciudadano.

Certificado de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento

2009-12-21T08:31:00.000-08:00

¿Qué es?.-

Es el documento que acredita los contratos vigentes en que figuraba como asegurada la persona fallecida y con qué entidad aseguradora.

Los contratos de seguro respecto de los que es posible obtener un certificado son los relativos a los seguros de vida con cobertura de fallecimiento y a los seguros de accidentes en los que se cubra la contingencia de la muerte del asegurado, ya se trate de pólizas individuales o colectivas.

No se expiden certificados.-

De los seguros que instrumentan compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios regulados en el Real Decreto 1588/1999, de 19 de octubre.

De Los seguros en los que, en caso de fallecimiento del asegurado, coincidan el tomador y el beneficiario.

De los contratos suscritos por mutualidades de previsión social que actúen como instrumento de previsión social empresarial, mutualidades de profesionales colegiados y mutualidades cuyo objeto exclusivo sea otorgar prestaciones o subsidios de docencia o educación.

Documentación necesaria.-

- La solicitud

- Certificado de defunción (original o fotocopia debidamente compulsada, expedida por el Registro Civil correspondiente a la localidad en que la persona haya fallecido. Y en él deberá constar necesariamente el nombre de los padres del fallecido)

- Número de Identificación Fiscal del solicitante y del fallecido

- Resguardo del abono de la tasa correspondiente. (impreso oficial Modelo 790).

¿Quién puede solicitarlo?.-

Cualquier persona interesada en obtener información acerca de si una persona fallecida tenía contratado un seguro para caso de fallecimiento y de la entidad aseguradora con quien está suscrito, siempre que presente los documentos requeridos.

Plazo.-

Transcurridos quince días hábiles de la defunción de la persona asegurada.

¿Cómo solicitarlo?.-

- De forma presencial

En la Oficina Central de Atención al Ciudadano o en las En las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, exceptuando la Gerencia de Órganos Centrales.

El certificado se emite en el momento y en general no superior a tres días. El plazo que la Administración tiene para dicha expedición es de 7 días.

- Por correo

Registro General de Actos de Última Voluntad

Ministerio de Justicia

Plaza de Jacinto Benavente, 3

28012 - Madrid.

Los certificados solicitados de este modo se remitirán por el Registro General de Seguros de Cobertura de Fallecimiento a la direccion indicada en el modelo 790.

PATRIMONIO PROTEGIDO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2009-12-03T08:53:00.000-08:00

¿Qué es un patrimonio protegido?

Consiste en la posibilidad de agrupar un conjunto de bienes, dinero y derechos, formando un patrimonio, del que sólo puede ser beneficiaria la persona que se encuentre afectada por una discapacidad física mayor del 65%, o por una discapacidad psíquica mayor del 33% (según certificado administrativo acreditativo del grado de minusvalía), con independencia de que haya sido o no judicialmente incapacitada, y con la finalidad de satisfacer sus necesidades vitales.

Regulada en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad.

¿Quién puede constituir el patrimonio protegido?

La propia persona discapacitada que vaya a disfrutar del patrimonio podrá constituirlo, siempre que conserve su capacidad de obrar.

También pueden constituirlo sus padres, tutores, curadores, o guardadores de hecho. En todo caso, se requiere una aportación inicial de dinero, u otra clase de bienes o derechos, a título gratuito. Una vez constituido, cualquier persona puede efectuar aportaciones al mismo, siempre a título gratuito.

¿Cómo se constituye?

Es necesaria escritura pública otorgada ante Notario, donde se harán constar las reglas de administración del patrimonio que resulten más adecuadas, según las necesidades de la persona con discapacidad y los bienes aportados. Asimismo, debe determinarse en la escritura el momento en que comenzará su uso, bien al fallecimiento de los progenitores, o incluso en vida de éstos.

Para que surta plenos efectos frente a terceras personas será necesaria su inscripción en el Registro Civil, y en el Registro de la Propiedad -en el que además se transcribirán las normas de su administración-.

La Ley contempla dos sistemas de constitución, que pueden acumularse entre sí:

El Patrimonio de Gasto, si lo que se pretende es proporcionar al discapacitado un flujo de rentas disponibles que cubran sus necesidades cotidianas, a modo de una pensión alimenticia. Se trata de asegurarle, hasta donde sea posible, un determinado nivel y modo de vida.

Las aportaciones dinerarias son las más apropiadas, para proporcionar a las personas dependientes rentas que gastar, pudiendo integrarse también con títulos valores, derechos de arrendamiento, uso de bienes muebles e inmuebles, la asistencia personal o cuidados de terceros.

El Patrimonio de Ahorro, si se quiere que el discapacitado sea dueño de un patrimonio importante y perdurable, que le proporcione autonomía, independencia y autosuficiencia económica.

Queda integrado por la propiedad y los derechos de goce y disfrute de bienes inmuebles, y las grandes sumas de dinero que permitan a la persona discapacitada generar ahorro, o en su caso, hacer inversiones de previsión como seguros de vida, o planes de pensiones.

¿Quién administra el patrimonio protegido?

Conviene distinguir dos supuestos:

1. Cuando el patrimonio se constituye por la persona con discapacidad.- El beneficiario que conserve su capacidad de obrar, puede establecer y modificar las reglas para la gestión de su patrimonio protegido, así como nombrar y sustituir a su administrador, cuantas veces desee. También podrá determinar el modo de supervisar la administración del patrimonio.

2. Cuando el patrimonio se constituye por persona distinta de su beneficiario.- Será la propia persona que ha constituido el patrimonio protegido quien lo administre, o quien designará un administrador. Además, en las reglas de administración se debe establecer la necesidad de recabar autorización judicial, para los mismos supuestos en que el tutor debe solicitarla respecto de los bienes del tutelado. No será necesaria la subasta pública para enajenar los bienes o derechos incluidos en el patrimonio.

Con independencia del sistema de supervisión de la administración dispuesto por el constituyente del patrimonio, la Ley encomienda esta misión al Ministerio Fiscal en dos formas:

A. Una supervisión permanente y general, consistente en la obligación del administrador, salvo que se trate del propio beneficiario o sus progenitores, de presentarle anualmente una relación de su gestión y el inventario de bienes y derechos del patrimonio protegido.

B. Una supervisión esporádica y concreta, cuando las circunstancias concurrentes lo hagan preciso, pudiendo instar del Juez la adopción de las medidas que estime pertinentes en beneficio de la persona con discapacidad.

¿Cómo se extingue?

El patrimonio protegido se extinguirá:

- Por la muerte o declaración de fallecimiento de su beneficiario.

- Cuando el beneficiario deje de padecer una minusvalía en los grados establecidos por la Ley.

- Por decisión judicial cuando así convenga al interés de la persona con discapacidad.

¿Qué régimen fiscal se aplica a los patrimonios protegidos?

Por último, la Ley modifica determinadas normas fiscales estableciendo una serie de medidas para favorecer las aportaciones a los patrimonios protegidos a título gratuito.

En concreto, se reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Ley del Impuesto sobre Sociedades y la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con la finalidad de regular el régimen tributario aplicable al discapacitado, titular del patrimonio protegido, por las aportaciones que se integren en éste; y a las personas que aportan al patrimonio por las disposiciones que realicen.

Fuente F. T. de La Rioja

Rectificación Registral del Sexo

2009-12-03T03:01:00.000-08:00

¿Qué es?.-

Trámite que posibilita el cambio de la inscripción relativa al sexo de una persona en el Registro Civil, cuando dicha inscripción no se corresponde con su verdadera identidad de género.

Se contempla el cambio de nombre propio para que no resulte discordante con el sexo reclamado.

Limitaciones en cuanto al nombre.-

El nombre que actualmente se ostente, si por su ambigüedad fuese válido para designar ambos sexos, puede mantenerse por el interesado, pero si claramente fuese determinante del género, ha de cambiarse para que concuerde con el nuevo sexo.

No son admisibles los nombres que:

Perjudiquen objetivamente a la persona. Por tal razón se excluyen los que resulten (por sí o en combinación con los apellidos) contrarios al decoro, deshonrosos, humillantes, denigrantes, etc.

Hagan confusa la identificación.

Induzcan en su conjunto a error sobre el sexo.

Ya ostente un hermano vivo.

No están permitidos mas de dos nombres simples o de uno compuesto. En este segundo caso, los dos nombres se unirán por medio de un guión.

¿Quién puede solicitarlo?.-

El interesado mayor de edad, que tenga la nacionalidad española y capacidad suficiente.

Cómo solicitarlo.-

Presencial:

Mediante escrito del interesado dirigido al Encargado del Registro Civil de su domicilio haciendo constar:

- Nombre, apellidos, número del documento nacional de identidad y domicilio;

- Exposición sucinta y numerada de los hechos;

- Nuevo nombre que propone en concordancia con el sexo cuya rectificación solicita, salvo que desee conservar el que viniese ostentando;

- Los fundamentos de derecho;

- La petición, fijada con claridad y precisión, de que se rectifique la mención relativa a su sexo, así como, en su caso, el nombre que propone en concordancia con el nuevo sexo inscrito.

Documentos a acompañar

- Certificado de empadronamiento.

- Certificación literal de la inscripción de nacimiento.

- Fotocopia del DNI.

- Informe de médico o psicólogo clínico que haga referencia, uno, a la existencia de disonancia entre sexo inscrito y la identidad de género sentida o sexo psicosocial y a la estabilidad y persistencia de la disonancia y, dos, a la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir de manera determinante en la existencia de la disonancia.

- Informe del médico que haya dirigido el tratamiento, por el que se acredite que el interesado ha sido tratado médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas al sexo reclamado. Este requisito no será necesario cuando concurran razones de salud o edad que imposibiliten el seguimiento del tratamiento, en cuyo caso aportará certificado médico de tal circunstancia.

Dónde presentar la solicitud

En el Registro Civil del domicilio del solicitante

Por correo:

Mediante escrito del interesado dirigido al Encargado del Registro Civil de su domicilio haciendo constar:

- Nombre, apellidos, número del documento nacional de identidad y domicilio;

- Exposición sucinta y numerada de los hechos;

- Nuevo nombre que propone en concordancia con el sexo cuya rectificación solicita, salvo que desee conservar el que viniese ostentando;

- Los fundamentos de derecho;

- La petición, fijada con claridad y precisión, de que se rectifique la mención relativa a su sexo, así como, en su caso, el nombre que propone en concordancia con el nuevo sexo inscrito.

Documentos a acompañar

- Certificado de empadronamiento.

- Certificación literal de la inscripción de nacimiento.

- Fotocopia del DNI.

Dónde presentar la solicitud

Puede enviarse por correo, convenientemente certificado, al Registro Civil que corresponde.

INSCRIPCION DE MATRIMONIO

2009-12-03T02:56:00.000-08:00

¿Qué es?.-

La inscripción hace fe del acto del matrimonio y de la fecha, hora y lugar en que se contrae.

Es el medio de prueba de que el matrimonio se ha realizado, siendo ésta el título que legitima el estado civil de casado.

El matrimonio desde su celebración produce efectos civiles, y para el pleno reconocimiento de los mismos será necesario su inscripción en el Registro Civil.

El Juez, Alcalde o Funcionario ante quien se celebre el matrimonio extenderá, la inscripción o el acta correspondiente con su firma y la de los contrayentes y testigos. Una vez realizada dicha inscripción o extendida el acta, el Juez, Alcalde o Funcionario entregará a cada uno de los contrayentes documento acreditativo de la celebración del matrimonio, que es el Libro de Familia.

¿Quién puede solicitarlo?.-

Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente, en expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad establecidos por la ley.

Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias o anomalías psíquicas, se exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.

Firme el auto favorable a la celebración, se llevará a cabo ésta, en cuanto lo permitan las necesidades del servicio.

La capacidad depende de las situaciones personales de cada uno. Tendremos que señalar los siguientes casos:

- Edad : se requiere estar emancipado, es decir mayor de dieciséis años que viva independientemente de los padres.

- Sólo cabe el matrimonio con una persona, no pudiendo estar casado con dos personas a la vez.

- El parentesco: no pueden contraer matrimonio entre sí los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción.

- El impedimento de crimen: no pueden contraer matrimonio entre sí los condenados como autores o cómplices de la muerte dolosa del cónyuge de cualquiera de ellos.

- Matrimonio entre disminuidos psíquicos: si el instructor estima que alguno de los contrayentes está afectado por deficiencias o anomalías psíquicas, recabará del Médico del Registro Civil o de su sustituto el dictamen facultativo oportuno que declare su aptitud para prestar el consentimiento.

- La dispensa de impedimentos: es la posibilidad de eliminar todos aquellos impedimentos que hacen que no se pueda celebrar el matrimonio por alguna causa.

Inicio del expediente.-

Los trámites para el matrimonio civil deben iniciarse siempre en el Registro Civil del municipio en la que esté domiciliado o tenga su residencia habitual uno o los dos futuros contrayentes.

Si están domiciliados en poblaciones distintas podrán elegir la que más les convenga.

Lugar de celebración.-

Aunque los trámites previos se lleven a cabo ante el Registro Civil correspondiente, los contrayentes pueden decidir que, una vez finalizado el expediente prematrimonial, la ceremonia nupcial se celebre en cualquier municipio.

El lugar físico de celebración de la boda ha de ser siempre las oficinas o dependencias del Registro Civil del edificio municipal donde esté ubicado el mismo. O bien las instalaciones municipales destinadas al efecto cuando la boda la oficie el alcalde o concejal.

En ningún caso se podrán celebrar bodas en otros lugares como: restaurantes, fincas, o casas particulares.

Documentación necesaria.-

Matrimonio religioso:

- Presentación de la certificación eclesiástica que expresará las circunstancias exigidas por la legislación.

(Para la inscripción en el Registro Civil de matrimonios islámicos, judíos o de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, será necesario tramitar el expediente previo que concluye con auto de capacidad matrimonial para los dos últimos casos, siendo conveniente para el primero)

- Una vez realizado este expediente, el matrimonio deberá celebrarse en el plazo máximo de 6 meses desde que se expidió la certificación

Matrimonio civil:

- Matrimonio celebrado en el Juzgado: El acta de celebración de matrimonio civil es la propia inscripción que será firmada por el encargado del Registro Civil, los dos contrayentes, dos testigos y el Secretario.

- Matrimonio celebrado en el Ayuntamiento: El acta de matrimonio será remitida al Registro Civil del lugar en que se celebró el matrimonio, siendo el Registro Civil quien realiza la inscripción y extiende el Libro de Familia.

Matrimonios celebrados en el extranjero cuando al menos uno de los contrayentes ostente la nacionalidad española o la adquiera con posterioridad a la celebración del matrimonio:

Inscripción de matrimonio canónico:

Presentación de la certificación eclesiástica que expresará las circunstancias exigidas por la legislación.

Certificado literal de nacimiento del cónyuge español o del que se hubiera naturalizado, expedido por el Registro Civil español.

Certificado de nacimiento del cónyuge extranjero.

Documento Nacional de Identidad del nacionalizado español.

Acreditación del domicilio del promotor en España.

Hoja declaratoria de datos.

Inscripción de matrimonio civil:

Certificado de matrimonio expedido por el Registro Civil local extranjero.

Certificado literal de nacimiento del cónyuge español o del que se hubiera naturalizado, expedido por el Registro Civil español.

Certificado de nacimiento del cónyuge extranjero.

Documento Nacional de Identidad del nacionalizado español.

Acreditación del domicilio del promotor en España.

Hoja declaratoria de datos.

(Los documentos señalados en el apartado de Matrimonios celebrados en el extranjero están recogidos a efectos meramente informativos, pudiendo, en el momento de la calificación, ser requeridos cuantos datos oportunos estimare el Magistrado Juez Encargado, a quien corresponde la calificación registral o el Secretario del Registro en la tramitación de los expedientes en los que interviniere.)

Dónde presentarla.-

En el Registro Civil donde se haya celebrado el matrimonio o el Registro Civil Central en el supuesto de matrimonio celebrado en el extranjero cuando al menos uno de los contrayentes ostente la nacionalidad española o la adquiera con posterioridad a la celebración del matrimonio.

CERTIFICADO DE MATRIMONIO

2009-12-03T02:45:00.000-08:00

¿Qué es?.-

El certificado de matrimonio es un documento oficial que acredita la celebración del matrimonio.

Tipos de Certificado.-

- Certificado Positivo:

Extracto: Es un resumen de la información que consta en el Registro Civil relativa a la celebración del matrimonio e identidad de los contrayentes. Puede ser de distintos tipos:

Ordinarios: Es el expedido en lengua castellana para aquellas Comunidades Autónomas cuyo único idioma oficial sea el castellano.

Internacional o plurilingüe: Es el destinado a surtir efecto en los países que hayan ratificado el Convenio de Viena de 8 de septiembre de 1976. Este certificado se expide en el idioma oficial de todos los países firmantes del citado convenio (España, Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia, Croacia, Eslovenia, Francia, Italia, Luxemburgo, Macedonia, Países Bajos, Portugal, Suiza, Turquía, Servia Montenegro).

Bilingüe: Siempre que se solicite un certificado en extracto en una Comunidad Autónoma que tenga su propio idioma oficial, éste será emitido en castellano y en el idioma oficial de la Comunidad Autónoma en el que se expida.

Literal: Es una copia literal de la inscripción de matrimonio, conteniendo todos los datos relativos a la celebración del mismo, identidad de los contrayentes así como las anotaciones marginales que hubieran podido practicarse (régimen económico matrimonial, separación, nulidad o divorcio...).

- Certificado Negativo: Acreditan que el matrimonio no está inscrito en ese Registro Civil.

¿Quién puede solicitarlo?.-

Cualquier ciudadano que así lo requiera, y tuviera interés salvo las excepciones legalmente previstas, que impiden que se dé publicidad sin autorización especial.

Excepciones legalmente previstas.-

- De la filiación adoptiva, no matrimonial o desconocida o de circunstancias que descubran tal carácter, de la fecha del matrimonio que conste en el folio de nacimiento, si aquél fuese posterior a éste o se hubiese celebrado en los 180 días anteriores al alumbramiento, y del cambio del apellido Expósito u otros análogos o inconvenientes.

- De las causas de nulidad, separación o divorcio de un matrimonio o de las de privación o suspensión de la patria potestad.

- De los documentos archivados, en cuanto a los extremos citados en los números anteriores o a circunstancias deshonrosas o que estén incorporadas en expediente que tenga carácter reservado.

- Del legajo de abortos.

La autorización en estos casos se concederá por el Juez encargado y sólo a quienes justifiquen interés legítimo y razón fundada para pedirla. La certificación expresará el nombre del solicitante, los efectos para que se libra y la autorización expresa del Encargado. Éste, en el Registro directamente a su cargo, expedirá por sí mismo la certificación.

Modo de solicitarlo.-

- Acudiendo personalmente al Registro Civil

Aportando la siguiente documentación:

D.N.I. del solicitante

Indicar los nombres y apellidos de los contrayentes y lugar y fecha de celebración del matrimonio.

Tipo de certificado se desea:

Literal.

Extracto

Ordinario o bilingüe.

Internacional o plurilingüe.

Negativo

Recogiéndolo en la ventanilla del Registro Civil correspondiente.

- Por correo

Enviando una carta al Registro Civil indicando claramente el nombre y la dirección postal a la que se vaya a enviar el certificado, haciéndose constar en la solicitud los siguientes datos:

Nombre, apellidos y DNI del solicitante.

Nombres y apellidos de los contrayentes, fecha y lugar de celebración del matrimonio sobre el que se solicita el certificado.

Indicando la clase de certificado deseado:

Literal.

Extracto

Ordinario o bilingüe.

Internacional o plurilingüe

Negativo

Es aconsejable indicar teléfono de contacto para el caso de que haya que aclarar algún dato.

CERTIFICADO DE DEFUNCION

2009-12-03T02:41:00.000-08:00

¿Qué es?.-

El certificado de defunción es el documento oficial que acredita el fallecimiento de la persona.

Tipos de certificado.-

- Certificados Positivos:

Extracto: Es un resumen de la información relativa al hecho del fallecimiento que consta en el Registro Civil. Pueden ser:

- Ordinarios: Es el expedido en lengua castellana para aquellas comunidades autónomas cuyo único idioma oficial sea el castellano.

- Internacional o plurilingüe: Es el destinado a surtir efecto en los países que hayan ratificado el Convenio de Viena de 8 de septiembre de 1976. Este certificado se expide en el idioma oficial de todos los países firmantes del citado convenio (España, Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia, Croacia, Eslovenia, Francia, Italia, Luxemburgo, Macedonia, Países Bajos, Portugal, Suiza, Turquía, Servia Montenegro).

- Bilingüe: Siempre que se solicite un certificado en extracto en una Comunidad Autónoma que tenga su propio idioma oficial, éste será emitido en castellano y en el idioma oficial de la Comunidad Autónoma en el que se expida.

Literal: Es una copia literal de la inscripción de defunción, conteniendo todos los datos relativos a la identidad del fallecido y al hecho del fallecimiento.

- Certificados Negativos: Acreditan que no está inscrito el fallecimiento de una persona en ese Registro Civil.

¿Quién puede solicitarlo?.-

Cualquier ciudadano que así lo requiera y tenga interés, salvo las excepciones legalmente previstas, que impiden que se dé publicidad sin autorización especial.

Excepciones legalmente previstas.-

- De la rectificación del sexo.

- De las causas de nulidad, separación o divorcio de un matrimonio o de las de privación o suspensión de la patria potestad.

- De los documentos archivados, en cuanto a los extremos citados en los números anteriores o a circunstancias deshonrosas o que estén incorporadas en expediente que tenga carácter reservado.

- Del legajo de abortos.

Modo de solicitarlo.-

- Acudiendo personalmente el interesado al Registro Civil donde esté inscrito el fallecimiento, aportando el D.N.I. de la persona que solicite el certificado.

Se deberá indicar el nombre, apellidos del fallecido, y fecha y lugar de fallecimiento.

Qué tipo de certificado que se desea:

Literal

Extracto

Ordinario o bilingüe.

Internacional o plurilingüe.

Negativo

Recogiéndolo en la ventanilla del Registro Civil correspondiente.

- Por correo

Enviando una carta al Registro Civil indicando claramente el nombre y la dirección postal a la que se vaya a enviar el certificado, haciéndose constar en la solicitud:

Nombre, apellidos, y D.N.I. de la persona que solicita el certificado.

Nombre y apellidos del fallecido y lugar y fecha del fallecimiento.

Indicando la clase de certificado deseado:

Literal

Extracto

Ordinario o bilingüe.

Internacional o plurilingüe.

Negativo

Finalmente, hay que dejar un teléfono de contacto donde se le pueda localizar para el caso de que haya que aclarar algún dato.

Certificado Fe de Vida y Estado

2009-12-03T02:37:00.000-08:00

¿Qué es?.-

El certificado de fe de vida y estado es el documento que acredita que una persona está viva, así como su estado civil.

La vida, estado de soltero, viudo o divorciado se acreditan por la correspondiente fe del Encargado del Registro Civil (tras la comparecencia del sujeto interesado).

La vida se acredita también por comparecencia del sujeto o por acta notarial de presencia, y el estado de soltero, viudo o divorciado, por declaración jurada o afirmación solemne del propio sujeto o por acta de notoriedad.

¿Quién puede solicitarlo?.-

Puede ser solicitado por cualquier ciudadano que así lo requiera.

Formas de Solicitud.-

De forma presencial, ante el Encargado del Registro Civil del domicilio, y por delegación, ante el Juez de Paz del domicilio del sujeto a que se refiere.

Siempre que sea posible, se declarará al propio sujeto sobre su identidad o Estado.

El interesado deberá acudir personalmente al Registro Civil de su domicilio, con DNI y, en su caso, Libro de Familia. Si el interesado no pudiera acudir personalmente por estar impedido, podrá acudir otra persona, aportando en todo caso copia de su DNI, copia del DNI del interesado, y un Certificado médico reciente (no serán admitidos Certificados médicos de una antigüedad superior a quince días) u otros documentos que acrediten dicha situación.

Para probar el vínculo matrimonial será suficiente el certificado de matrimonio por lo que no se expedirá la "Fe de casado".

CERTIFICADO DE NACIMIENTO

2009-12-03T02:29:00.000-08:00

¿Qué es?.-

El certificado de nacimiento es el documento expedido por el Encargado del Registro Civil o Consular correspondiente, que da fe de:

- Hecho del nacimiento,

- Fecha en que tuvo lugar

- Del sexo

- La hora en que se produjo el nacimiento

- Filiación del inscrito.

Tipos de certificado.-

- Certificado Positivo

Extracto: Es un resumen de la información relativa al hecho del nacimiento que consta en el Registro Civil. Puede ser de distintos tipos:

Ordinarios: Es el expedido en lengua castellana para aquellas comunidades autónomas cuyo único idioma oficial sea el castellano.

Literal: Es una copia literal de la inscripción de nacimiento, conteniendo todos los datos relativos a la identidad y al hecho del nacimiento.

- Certificado Negativo: Acreditan que una persona no está inscrita en ese Registro Civil.

Contenido del certificado.-

El Registro, con indicación en los Municipales del término y provincia, y en los Consulares, de la población y Estado.

La identidad del inscrito, con las menciones que aparezcan en la inscripción.

La página y tomo del asiento, o el folio y legajo correspondiente.

La fecha, el nombre y la firma del Encargado o del Secretario que certifique, y sello de la oficina.

¿Quién puede solicitarlo?.-

El interés en conocer los asientos de los Registros Civiles o Consulares se presume en quien solicita la certificación.

No se dará publicidad sin autorización especial en los siguientes casos:

- De la filiación adoptiva (dejando a salvo la inscripción practicada de acuerdo con la Instrucción de la DGRN de 15 de febrero de 1999) o desconocida o de circunstancias que descubran tal carácter, y del cambio del apellido Expósito u otros análogos o inconvenientes.

- En caso de rectificación del sexo, la autorización en estos casos se concederá por el Juez encargado y sólo a quienes justifiquen interés legítimo y razón fundada para pedirla. La certificación expresará el nombre del solicitante, los efectos para que se libra y la autorización expresa del Encargado. Éste, en el registro directamente a su cargo, expedirá por sí mismo la certificación.

- De los cambios de apellidos autorizados en los supuestos de violencia de género, o cuando la urgencia de la situación lo ha requerido.

Plazo.-

El plazo de recepción del certificado dependerá de la vía de entrega:

Envío del certificado por correo, el plazo entre la solicitud y la recepción del mismo estará próximo a los 15 días.

Presencial, será el propio Registro Civil el que le indicará a partir de que fecha puede proceder a su recogida en el mismo.

Dicho plazo se verá interrumpido cuando se haya requerido por el Registro Civil la ampliación o aclaración de los datos de la solicitud, así como cuando por problemas técnicos no sea posible recibir correctamente las peticiones solicitadas.

Modos de solicitarlo.-

- Acudiendo al Registro Civil donde conste inscrito el nacimiento, con el formulario debidamente cumplimentado y presentando

D.N.I. de la persona que solicite el certificado

Indicando el nombre, apellidos y fecha y lugar de nacimiento de la persona sobre la que se solicita el certificado.

- Por correo

Indicar claramente el nombre y la dirección postal a la que se haya de remitir el certificado

Indicar el nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento de la persona sobre la que se solicita el certificado.

Indicar la clase de certificado deseado:

Literal.

Extracto

Ordinario o bilingüe.

Internacional o plurilingüe

Negativo

Es aconsejable indicar teléfono de contacto para el caso de que haya que aclarar algún dato.

Certificado Ultimas Voluntades

2009-12-03T02:03:00.000-08:00

¿Qué es?.-

El certificado de últimas voluntades es el documento que acredita si una persona, ha otorgado testamento y ante qué Notario. A la vista del contenido del Certificado los herederos sabrán si el fallecido otorgó testamento, en caso de que así fuera, podrán obtener una copia autorizada del mismo. Este documento se precisa para la realización de cualquier acto sucesorio.

¿Quién lo expide?.-

Lo expide el Registro General de Actos de Última Voluntad.

Documentación y requisitos.-

La solicitud del certificado de últimas voluntades se presentará junto con el certificado de defunción y el resguardo del abono de la tasa correspondiente. El impreso de solicitud se rellenará exactamente con los mismos datos que figuren en el certificado de defunción.

El certificado de defunción habrá de ser original, o fotocopia debidamente compulsada, expedida por el Registro Civil correspondiente a la localidad en que la persona haya fallecido. Y en él deberá constar necesariamente el nombre de los padres del fallecido.

¿Quién puede solicitarlo?.-

Puede solicitarlo cualquier persona, siempre que presente los documentos requeridos.

Plazo.-

El certificado de últimas voluntades ha de solicitarse una vez hayan transcurrido quince días hábiles a partir de la fecha de defunción.

¿Dónde presentar la solicitud?.-

- De forma presencial

En Madrid, en la Oficina Central de Atención al Ciudadano

En las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia

- Por correo

Enviándo la solicitud por correo a la siguiente dirección:

Registro General de Actos de Última Voluntad

Ministerio de Justicia

Plaza de Jacinto Benavente, 3

28012 - Madrid.

Los certificados solicitados por este medio se remitirán por el Registro General de Actos de Última Voluntad a la dirección indicada.

¿Cuánto tiempo tarda en expedirse?.-

Cuando la solicitud se realiza presencialmente, el certificado se emite en el momento, no obstante es necesario prever que en determinados casos puede ser necesario un periodo mayor, en general no superior a tres días. El plazo que la Administración tiene para dicha expedición es de 10 días.

Convivencia pareja de hecho

2009-11-29T02:22:00.000-08:00

TS 8469/2010; 14 de septiembre de 2010

Sala: Sala IV de lo Social, Sección 1

En la Villa de Madrid, a catorce de Septiembre de dos mil diez.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Doña Catalina representada y defendida por la Letrada Doña Belén Villalba Salvador contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 29-junio-2009 (rollo 1507/2009), aclarada por auto de fecha 3-septiembre-2009, recaída en el recurso de suplicación interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social contra la sentencia de fecha 20-octubre-2008, dictada por el Juzgado de lo Social nº 8 de Madrid (autos 831/2008), en procedimiento seguido a instancia de referida recurrente contra el citado INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL sobre PENSIÓN DE VIUDEDAD.

Ha comparecido en concepto de recurrido el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, representado y defendido por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Salinas Molina ,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- El día 29 de junio de 2009 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia en virtud del recurso de suplicación nº 1507/2009 interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 8 de Madrid en los autos nº 831/2008 , seguidos a instancia de Doña Catalina contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social sobre pensión de viudedad. La parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aclarada por auto de fecha 3 de septiembre de 2009 es del tenor literal siguiente: " que estimando el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 8 de los de Madrid, de fecha veinte de octubre de dos mil ocho , en los autos seguidos ante el mismo a instancia de Catalina frente a las entidades recurrentes, en reclamación por viudedad, debemos revocar y revocamos la expresada resolución y, en consecuencia, desestimar la demanda, absolviendo a la parte demandada de los pedimentos formulados en su contra ".

SEGUNDO.- La sentencia de instancia, de fecha 20 de octubre de 2008, dictada por el Juzgado de lo Social nº 8 de Madrid , contenía los siguientes hechos probados: " Primero.- La actora Doña Catalina , convivió "more uxorio" con D. Hugo desde 1995. Ambos tuvieron tres hijos. El Sr. Hugo falleció el día 28.01.206; su estado civil era el de casado en el momento del óbito, según consta en la certificación del Registro Civil; en las certificaciones de nacimiento de sus tres hijos figura como estado civil el de soltero. Segundo.- Tras el fallecimiento del Sr. Hugo , la demandante solicitó de la Dirección Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social pensión de viudedad que le fue denegada por resolución de 02.03.2006 por no concurrir los requisitos en base al artículo 174.1° de la Ley General de la Seguridad Social. Tercero.- Obran a los folios 168 a 174 y 190 a 193 de autos sentencias de 25.01.2007 del Juzgado de lo Social n° 24 de Madrid y de 26.12.2007 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , que se dan por reproducidas. Cuarto.- Con fecha de 27.02.2008 , con fundamento en la ley 40/2007 de 4 de Diciembre , la actora de nuevo solicitó pensión de viudedad ante la Dirección Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que le fue denegada por resolución de 05.03.2008 por no mantener convivencia ininterrumpida como pareja de hecho con el causante durante los seis años inmediatamente anteriores al fallecimiento ocurrido antes del 01.01.2008. Quinto.- La base reguladora de la prestación de viudedad de la actora asciende a 2.162,40 euros en un porcentaje del 40% y con efectos de 01.01.2007. Sexto.- Se ha agotado la vía administrativa previa. "

El fallo de dicha sentencia es del tenor literal siguiente: " Que estimando la demanda formulada por Dª Catalina en materia de pensión de viudedad contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social debo declarar y declaro el derecho de Dª Catalina a percibir la prestación de viudedad en un porcentaje del 40% de una base reguladora mensual de 2.162,46 euros con efectos de 01.01.2007 condenando a los referidos demandados a estar y pasar por dicho pronunciamiento".

TERCERO.- Por la Letrada Doña Belén Villalba Salvador, en nombre y representación de Doña Catalina , mediante escrito con fecha de entrada al Registro de este Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2009 , formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que: PRIMERO.- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, de fecha 22-abril-2009 (recurso 541/2009). SEGUNDO.- Alega infracción de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 40/2007 , en relación con el primer inciso del art. 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social .

CUARTO.- Por providencia de esta Sala de 10 de diciembre de 2009 se tuvo por personado al recurrente y por interpuesto el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, habiendo sido impugnado por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, en nombre y representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

QUINTO.- Evacuado el traslado de impugnación, el Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de considerar el recurso procedente, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el día 9 de septiembre actual, en cuya fecha tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- 1.- La cuestión debatida, y única que se plantea por la beneficiaria recurrente en esta casación unificadora, es la de si la acreditación de la " convivencia ininterrumpida, como pareja de hecho ", a los efectos de obtener una pensión de viudedad, solamente es posible hacerla a través del certificado de empadronamiento, como podría desprenderse de una cierta interpretación de la Disposición adicional tercera de la Ley 40/2007 (" Pensión de viudedad en supuestos especiales ") en relación con el art. 174.3.IV de la LGSS , o si, por el contrario, puede acreditarse mediante cualquier medio de prueba admisible en Derecho, especialmente de carácter documental, y con entidad suficiente como para llevar a la Entidad Gestora o, en su caso, al juzgador a la convicción de la existencia de la pareja de hecho con la duración requerida por la norma.

2.- La imposibilidad de la acreditación del presupuesto de " convivencia ininterrumpida, como pareja de hecho ", a los efectos de obtener una pensión de viudedad, mediante cualquier medio de prueba admisible en Derecho en los términos expuestos y exigir necesariamente el certificado de empadronamiento, ha sido la solución por la que se pronuncia la sentencia que ahora impugna en casación unificadora la beneficiaria (STSJ/Madrid 29-junio-2009 -rollo 1507/2009 , aclarada por auto de 3-septiembre-2009, revocatoria de la sentencia de fecha 20-octubre-2008, dictada por JS/Madrid nº 8 -autos 831/2008 ). En el supuesto enjuiciado, el causante falleció con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 40/2007, siéndole de aplicación su Disposición adicional tercera , solo cuestionándose en vía administrativa al miembro supérstite de la pareja de hecho para concederle la pensión de viudedad instada el que no se aportaba certificado de empadronamiento para acreditar los seis años exigibles de convivencia como pareja de hecho. La sentencia de instancia interpretó que la existencia de dos sentencias firmes anteriores a la entrada en vigor de la Ley 40/2007 entre las mismas partes y que fueron denegatorias de la pensión de viudedad pero en la que se declaraba probada la convivencia de forma estable y permanente al menos desde diez años antes al fallecimiento del causante, con el que tuvo tres hijos comunes, era prueba suficiente de la convivencia durante el periodo legalmente exigido; lo que no fue aceptado por la sentencia ahora recurrida.

3.- En el supuesto objeto de enjuiciamiento en la sentencia invocada como contradictoria por la beneficiaria recurrente (STSJ/Castilla y León, sede de Valladolid, 22-abril-2009 -rollo 541/2009), se concedió la pensión de viudedad a la sobreviviente de la pareja de hecho, fallecido el causante antes de la entrada en vigor de la Ley 40/2007 , pues aunque no se aportaba certificación de empadronamiento relativa a los seis años de convivencia exigibles, existían documentos y certificaciones de colegios profesionales, entes locales y de la propia Administración de la Seguridad Social de los que era dable deducir la existencia del requisito de convivencia durante el plazo exigido legalmente, entendiéndose que tales extremos podían acreditarse por otras vías distintas del empadronamiento.

4.- Concurre el requisito o presupuesto de contradicción exigido por el art. 217 LPL , pues ante litigantes en idéntica situación resulta que, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se llega a pronunciamientos distintos. Se parte, en el caso de la sentencia de contraste, de que puede acreditarse la " convivencia ininterrumpida, como pareja de hecho ", a los efectos de obtener una pensión de viudedad ex disposición adicional tercera Ley 40/2007 , además de mediante certificado de empadronamiento, a través de otros medios probatorios; mientras que en caso de la sentencia recurrida, en base a una distinta interpretación normativa, se entiende que tal acreditación, en la fecha de los hechos, únicamente se podría lograr a través del certificado de empadronamiento; concediéndose la pensión de viudedad en la sentencia de contraste y denegándose en la recurrida.

SEGUNDO.- 1.- Con carácter general, la Ley 40/2007 de 4 -diciembre (de medidas en materia de Seguridad Social), aunque con importantes limitaciones respecto a la pensión de viudedad derivada del matrimonio de uno u otro sexo, ha añadido entre los beneficiarios de la pensión de viudedad a las parejas de hecho, fijando un estricto concepto de ellas, a los exclusivos fines de las prestaciones de Seguridad Social, y excluyente de muchas de ellas (en especial por su superior nivel de rentas), del que constituye su elemento básico el requisito de convivencia (estable y notoria, de " análoga relación de afectividad a la conyugal " - o " more uxorio " en la terminología clásica) (args. ex art. 174.3 LGSS ).

2.- Pero además, cabe destacar que la Ley 40/2007 , en el tema de la viudedad de las parejas de hecho, no ha olvidado el establecimiento de unas disposiciones transitorias o excepcionales (disposición adicional tercera , relativa a la " Pensión de viudedad en supuestos especiales ) cuando, en determinadas y muy estrictas condiciones (mayor tiempo de convivencia que fija en un mínimo de 6 años, necesaria existencia de hijos comunes - extremo cuya inconstitucionalidad se ha planteado judicialmente -- y no percibo de otra pensión contributiva de seguridad social), se hubiera producido el hecho causante con anterioridad a la entrada en vigor de la referida Ley 40/2007, en concreto con anterioridad al día 1-enero-2008 (disposición final sexta ), en donde debe encuadrarse el supuesto ahora enjuiciado.

3.- Con carácter previo hacemos referencia a la normativa legal objeto de más directa interpretación. La citada Disposición adicional tercera de la Ley 40/2007 , establece que " Con carácter excepcional, se reconocerá derecho a la pensión de viudedad cuando, habiéndose producido el hecho causante con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, concurran las siguientes circunstancias: a) Que a la muerte del causante, reuniendo éste los requisitos de alta y cotización a que se refiere el apartado 1 del artículo 174 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social , no se hubiera podido causar derecho a pensión de viudedad.- b) Que el beneficiario hubiera mantenido convivencia ininterrumpida, como pareja de hecho en los términos establecidos en el primer inciso, párrafo cuarto, artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social , en la redacción dada por el artículo 5 de la presente Ley , con el causante, durante, al menos, los seis años anteriores al fallecimiento de éste.- c) Que el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes.- d) Que el beneficiario no tenga reconocido derecho a pensión contributiva de la Seguridad Social.- e) Para acceder a la pensión regulada en la presente disposición, la correspondiente solicitud deberá ser presentada en el plazo improrrogable de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. La pensión reconocida tendrá efectos económicos desde el día primero de 2007, siempre que se cumplan todos los requisitos previstos en esta disposición ".

4.- En el primer inciso, párrafo cuarto, art. 174.3 LGSS (redacción dada por Ley 40/2007 ), se establece que " A efectos de lo establecido en este apartado, se considerará pareja de hecho la constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años ".

TERCERO.- 1.- Esta Sala de casación ya ha dado respuesta en sus SSTS/IV 25-mayo-2010 (rcud 2969/2009 ), 24-junio-2010 (rcud 4271/2009) y 6-julio-2010 (rcud 3411/2009) a la cuestión objeto de debate en el presente recurso de casación unificadora, en sentido concordante con el sustentado en la sentencia ahora invocada como de contraste, es decir, que la convivencia " more uxorio " debe poder acreditarse mediante otros medios de prueba admisibles en Derecho y no exclusivamente mediante el certificado de empadronamiento, y a dicha doctrina debe estarse por razones de seguridad jurídica acordes con la finalidad de este recurso.

2.- Declaran las referidas sentencias, en interpretación del citado art. 174.3 LGSS , que dicha solución es válida "para todos los casos en que se deba aplicar el artículo 174.3 que, haciendo una aproximación hacia el cumplimiento del principio de igualdad entre quienes optan por el matrimonio y quienes lo hacen por la convivencia de hecho more uxorio, concede por primera vez en nuestra evolución jurídica la pensión de viudedad también a los segundos, si bien lo hace imponiendo, en los tres primeros párrafos, determinados requisitos adicionales sobre los que no procede pronunciarnos pues no forman parte del objeto de este recurso ".

3.- A partir de ahí, la redacción del art. 174.3.IV , " referido a Žcuando se consideraráŽ que existe pareja de hecho, permite diversas interpretaciones. Una es la que hace el INSS ..., según la cual se eleva indebidamente el certificado de empadronamiento a un auténtico Žrequisito constitutivoŽ de dicha relación afectiva ... Pero hay una interpretación, mucho más acorde con el principio de igualdad constitucional, con el sentido histórico de la evolución normativa en que se inserta este nuevo art. 174.3 y con otros criterios hermenéuticos a que más adelante nos referiremos, que es considerar el certificado de empadronamiento como un medio probatorio más, entre otros posibles, lo que, además, tiene la ventaja ... de permitir la prueba en contrario, esta vez a favor del INSS: puede haber un falso certificado de empadronamiento (o que fue verdadero en su día y ha dejado de serlo) que no se corresponde con una convivencia afectiva more uxorio real (que o bien nunca existió o que ha dejado de existir) y dicho certificado no debe prevalecer ".

4.- Ponen de relieve las citadas sentencias que " Un criterio hermenéutico que abona además esta interpretación es el sistemático: dentro del propio párrafo del art. 174.3 en el que aparece el certificado de empadronamiento se habla de una Žconvivencia estable y notoriaŽ; pero es claro que lo notorio es lo que no necesita de prueba, aquello cuya real existencia se evidencia por sí misma, luego mal se puede exigir simultáneamente que el hecho en cuestión se acredite exclusivamente mediante una prueba meramente formal como es el certificado de empadronamiento " .

5.- Se critica la redacción del precepto que mezcla circunstancias a acreditar pero que distingue instrumentos de acreditación, señalando que " Y algo más adelante, en el mismo párrafo del artículo 174.3 , se dice que Žla existencia de la pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha parejaŽ. Es evidente que tal prescripción legal entra en contradicción con cualquier interpretación que lleve a concluir que el certificado de empadronamiento es la única prueba admisible de la convivencia. Es claro que la inscripción o el documento público recién citados tienen mucho mayor valor jurídico que el certificado de empadronamiento que, al fin y la postre, no refleja más que un hecho cambiante y aleatorio, como es la vecindad. Vecindad que, por mil motivos diferentes, por ejemplo por muy justificadas razones de trabajo y más en un mercado laboral tan móvil como el actual, puede ser distinta para ambos integrantes de la pareja de hecho -o de un matrimonio- sin que ello signifique absolutamente nada respecto a la existencia del vínculo en cuestión ".

6.- Finalizan, lo que incide más directamente en el supuesto de transitoriedad ahora enjuiciado, concluyendo que "En definitiva: es claro que la existencia de una pareja de hecho puede acreditarse de muy diferentes maneras o a través de muy diversos instrumentos probatorios que, por otra parte, pueden no ser exactamente coincidentes en todo el territorio español, dada la especificidad de determinadas Comunidades Autónomas a cuya normativa propia se refiere también el artículo 174.3 de la LGSS . Cosa distinta es que, una vez acreditada la existencia de la pareja de hecho, la normativa de Seguridad Social exija que la misma haya durado al menos cinco años (o seis años para los supuestos de fallecimiento del causante anterior al 1 de enero de 2008) para que el sobreviviente pueda lucrar la pensión de viudedad. Se trata simplemente de un período de carencia -en el sentido más propio de la expresión, que no es equivalente a período mínimo de cotización- pero nunca de un requisito de existencia de la pareja de hecho en sí misma considerada. Y, una vez acreditada la existencia de la pareja de hecho, su duración se verifica por el mero transcurso del tiempo, mientras la pareja de hecho no haya dejado de existir por cualquiera de las causas de separación que el ordenamiento jurídico prevea al respecto. Y, en cualquier caso, la persistencia de la pareja de hecho durante los cinco años -o seis- del período de carencia se podrá, a su vez, acreditar mediante cualquier medio de prueba admisible en Derecho, especialmente de carácter documental, que tenga entidad suficiente para llevar a la Entidad Gestora o, en su caso, al juzgador a la convicción del cumplimiento de ese requisito, y no exclusivamente mediante el certificado de empadronamiento en el mismo domicilio de los componentes de la pareja".

CUARTO.- La aplicación de la anterior doctrina al supuesto ahora enjuiciado comporta, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, la estimación del recurso de casación unificadora interpuesto por la beneficiaria, debiendo casarse y anularse la sentencia de suplicación impugnada, desestimado el recurso de tal clase interpuesto por la Administración de la Seguridad Social y confirmando la sentencia de instancia, sin imposición de costas (art. 233.1 LPL ).

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Doña Catalina contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 29-junio-2009 (rollo 1507/2009), aclarada por auto de fecha 3-septiembre-2009, recaída en el recurso de suplicación interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra la sentencia de fecha 20-octubre- 2008, dictada por el Juzgado de lo Social nº 8 de Madrid (autos 831/2008). Casamos y anulamos la sentencia de suplicación impugnada, desestimado el recurso de tal clase interpuesto por la Administración de la Seguridad Social y confirmando la sentencia de instancia, sin imposición de costas.

Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ,con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Fernando Salinas Molina hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

DERECHO A DELIBERAR

2008-11-22T02:23:00.000-08:00

Todo heredero podrá pedir la formación de inventario antes de aceptar o repudiar la herencia, para deliberar. (art. 1010 Código Civil)

El heredero que se hubiese reservado el derecho de deliberar, deberá manifestar al juzgado, dentro de los treinta días contados desde el siguiente al en que se hubiese concluido el inventario, si acepta o repudia la herencia.

Pasados los treinta días sin hacer dicha manifestación, se entenderá que la acepta pura y simplemente. (art. 1019 Código Civil)

PLAZO DE SOLICITUD

Es como norma general el establecido en el art. 1016, pero el art. 1014 regula que:

El heredero que tenga en su poder los bienes de la herencia o parte de ellos y quiera utilizar el beneficio de inventario o el derecho de deliberar, deberá manifestarlo al Juez competente para conocer de la testamentaría, o del abintestato, dentro de diez días siguientes al en que supiere ser tal heredero, si reside en el lugar donde hubiese fallecido el causante de la herencia. Si residiere fuera, el plazo será de treinta días.

En uno y otro caso, el heredero deberá pedir a la vez la formación del inventario y la citación a los acreedores y legatarios para que acudan a presenciarlo si les conviniere.

INVENTARIO

El inventario será fiel y exacto de todos los bienes de la herencia, hecho con las formalidades y dentro de los plazos que se expresarán en los artículos siguientes. (art. 1013 Código Civil)

El inventario se principiará dentro de los treinta días siguientes a la citación de los acreedores y legatarios, y concluirá dentro de otros sesenta.

Si por hallarse los bienes a larga distancia, o ser muy cuantiosos, o por otra causa justa, parecieren insuficientes dichos sesenta días, podrá el Juez prorrogar este término por el tiempo que estime necesario, sin que pueda exceder de un año. (art. 1018 Código Civil)

En todo caso el Juez podrá proveer, a instancia de parte interesada, durante la formación del inventario y hasta la aceptación de la heren-cia, a la administración y custodia de los bienes hereditarios con arreglo a lo que se prescriba para el juicio de testamentaría en la Ley de Enjuiciamiento Civil. (art. 1020 Código Civil)

Durante la formación del inventario y el término para deliberar no podrán los legatarios demandar el pago de sus legados. (art. 1025 Código Civil)

El inventario hecho por el heredero que después repudie la herencia aprovechará a los sustitutos y a los herederos abintestato, respecto de los cuales los treinta días para deliberar y para hacer la manifestación que previene el artículo 1019 se contarán desde el siguiente al en que tuvieren conocimiento de la repudiación. (art. 1022 Código Civil)

(El que reclame judicialmente una herencia de que otro se halle en posesión por más de un año, si venciere en el juicio, no tendrá obligación de hacer inventario para gozar de este beneficio, y sólo responderá de las cargas de la herencia con los bienes que le sean entregados)

Las costas del inventario y los demás gastos a que dé lugar la administración de la herencia aceptada a beneficio de inventario y la defensa de sus derechos serán de cargo de la misma herencia. Exceptuánse aquellas costas en que el heredero hubiese sido condenado personalmente por su dolo o mala fe.

Lo mismo se entenderá respecto de las causadas para hacer uso del derecho de deliberar, si el heredero repudia la herencia. (art. 1033 Código Civil)

Ir a Beneficio de Inventario

BENEFICIO DE INVENTARIO

2008-11-22T02:13:00.000-08:00

CONCEPTO DE BENEFICIO DE INVENTARIO

Es una declaración de voluntad en la que se trata de saber como está la herencia a través de un inventario de los bienes que la componen y de las cargas que hay sobre ellos para que el heredero pueda aceptar la herencia manteniéndola separada de su propio patrimonio hasta que se hayan pagado todos los acreedores conocidos y legatarios y para que en el caso de aparecer nuevos acreedores después de haberse confundido ambos patrimonios, sólo responda personalmente ante ellos en la media en que haya experimentado un enriquecimiento a consecuencia de la sucesión.

¿QUIÉN PUEDE ACEPTAR A BENEFICIO DE INVENTARIO?

Este beneficio lo tiene facultativamente todo heredero, aunque el testador lo haya prohibido, (art. 1010 Código Civil) aunque hay supuestos en que viene impuesto por ley, y otros en cambio en que no se puede utilizar, así el beneficio se pierde en los siguientes casos:

- Si por culpa o negligencia del heredero no se principiare o no se concluyere el inventario en los plazos y con las solemnidades prescritas en los artículos anteriores, se entenderá que acepta la herencia pura y simplemente (art. 1018 Código Civil).

- También el heredero perderá el beneficio de inventario (art. 1024 Código Civil):

1º. Si a sabiendas dejare de incluir en el inventario alguno de los bienes, derechos o acciones de la herencia.

2º. Si antes de completar el pago de las deudas y legados enajenase bienes de la herencia sin autorización judicial o la de todos los interesados, o no diese al precio de lo vendido la aplicación determinada al concederle la autorización.

¿CÓMO SOLICITAR EL BENEFICIO DE INVENTARIO?

La aceptación de la herencia a beneficio de inventario podrá hacerse ante Notario, o por escrito ante cualquiera de los jueces que sean competentes para prevenir el juicio de testamentaría o abintestato. (art. 1011 Código Civil)

Si el heredero se hallare en país extranjero, podrá hacer dicha declaración ante el Agente diplomático o consular de España que esté habilitado para ejercer las funciones de Notario en el lugar del otorgamiento. (art. 1012 Código Civil)

No producirá efecto alguno si no va precedida o seguida de un inventario fiel y exacto de todos los bienes de la herencia. (art. 1013 Código Civil)

EFECTOS DEL BENEFICIO DE INVENTARIO

El beneficio de inventario produce en favor del heredero los efectos siguientes (art. 1023 Código Civil):

1. El heredero no queda obligado a pagar las deudas y demás cargas de la herencia sino hasta donde alcancen los bienes de la misma.

2. Conserva contra el caudal hereditario todos los derechos y acciones que tuviera contra el difunto.

3. No se confunden para ningún efecto, en daño del heredero, sus bienes particulares con los que pertenezcan a la herencia.

Los acreedores particulares del heredero no podrán mezclarse en las operaciones de la herencia aceptada por éste a beneficio de inventario hasta que sean pagados los acreedores de la misma y los legatario; pero podrán pedir la retención o embargo del remanente que pueda resultar a favor del heredero (art. 1034 Código Civil).

PLAZO DE SOLICITUD

Es como norma general el establecido en el art. 1016, pero el art. 1014 regula que:

En uno y otro caso, el heredero deberá pedir a la vez la formación del inventario y la citación a los acreedores y legatarios para que acudan a presenciarlo si les conviniere.

INVENTARIO

El inventario será fiel y exacto de todos los bienes de la herencia, hecho con las formalidades y dentro de los plazos que se expresarán en los artículos siguientes. (art. 1013 Código Civil)

El inventario se principiará dentro de los treinta días siguientes a la citación de los acreedores y legatarios, y concluirá dentro de otros sesenta.

Durante la formación del inventario y el término para deliberar no podrán los legatarios demandar el pago de sus legados. (art. 1025 Código Civil)

Lo mismo se entenderá respecto de las causadas para hacer uso del derecho de deliberar, si el heredero repudia la herencia. (art. 1033 Código Civil)

ALIMENTOS ENTRE PARIENTES

2008-11-12T02:26:00.000-08:00

La obligación legal de alimentos entre parientes.-

Es una obligación recíproca que recae sobre determinadas personas (cónyuges, ascendientes y descendientes así como los hermanos aunque éstos últimos sólo se deben los auxilios necesarios para la vida cuando los necesiten por cualquier causa que no sea imputable al alimentista) por razón de parentesco cuando alguna de ellas no puede sufragar los gastos que permiten acceder a lo indispensable para su sustento, habitación, vestido, asistencia médica, así como educación e instrucción (si fuere el necesitado menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable). También se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo.

Cuantía de los alimentos.-

Deberá ser siempre proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe y deberá adaptarse en cualquier momento a los aumentos y disminuciones que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del obligado.

Naturaleza jurídica.-

- Una obligación personalísima. Obliga, en cada supuesto, a una muy concreta persona, por razón de su parentesco.

- El alcance de la obligación dependerá de las necesidades de quien lo solicita y del caudal o medios del obligado.

- De resultado. El logro de la cobertura de las necesidades del alimentista.

- De tracto sucesivo. La obligación no se agota con la obtención del citado fin en un momento dado sino que se requiere que se prolongue en el tiempo y solamente se extingue la obligación cuando sobrevenga alguna de las causas legalmente dispuestas (muerte del alimentista o el cambio en la fortuna del obligado o del beneficiario).

- Es un derecho personalísimo, y no susceptible de compensación ni de transacción.

Requisitos que han de concurrir en la persona del alimentista.-

- Ser pariente. La existencia de un nexo de parentesco entre el alimentante y el alimentista a la que se suma una situación socio-económica suficiente en el primero y deficiente en el segundo.

- Necesitar los alimentos para subsistir. Quien reclama alimentos ha de probar que está desasistido de alojamiento, vestido, asistencia médica y en determinados supuestos, de la instrucción cultural y profesional; y que se halla en una situación de incapacidad total o parcial para realizar trabajos retributivos, sean de tipo intelectual o manual. La necesidad de valorar la capacidad económica del alimentante constituye una exigencia especial en cada supuesto de hecho.

Supuestos de inexigibilidad (aun concurriendo los requisitos anteriores).-

- En cuanto a los hermanos: sólo se deben los auxilios necesarios para la vida cuando los necesiten por cualquier causa que no sea imputable al alimentista, y se extenderán en su caso a los que precisen para su educación; de modo que, si la situación del necesitado le es imputable quedan éstos liberados.

- Cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria cesa la obligación de dar alimentos y también cuando el alimentista sea descendiente del obligado a dar alimentos y la necesidad de aquel provenga de mala conducta o de falta de aplicación al trabajo.

Partes.-

El alimentista o persona que tiene derecho a percibir alimentos, y

El alimentante, quien queda obligado a subvenir en las necesidades del primero.

Deberá estarse al orden establecido legalmente:

1. El cónyuge. (Cuando los cónyuges se hallan separados legalmente y a uno de ellos se le reconoce el derecho a una pensión compensatoria, en la práctica, ésta última absorbe a la primera).

2. Los descendientes de grado más próximo.

3. Los ascendientes, también de grado más próximo.

4. Los hermanos, estando obligados en último lugar los que sólo sean uterinos o consanguíneos; la ayuda se limitará a garantizar los auxilios necesarios para la vida y los que se precisen para su educación.

- La fijación de los sujetos activos y pasivos por efecto de esta prelación debe atemperarse a algunas reglas de preceptiva observancia:

a. Entre los descendientes y ascendientes se regulará la gradación por el mismo orden en que sean llamados a la sucesión legítima de la persona que tenga derecho a los alimentos.

b. Si recae sobre dos o más personas la obligación, se reparte entre ellas el pago de la pensión, en cantidad proporcional a su caudal respectivo. Si la situación fuere de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el Juez podrá obligar a uno solo de ellos a que los preste provisionalmente, sin perjuicio de su derecho a reclamar de los demás obligados la parte que les corresponda.

c. Si son varios los alimentistas que reclaman simultáneamente alimentos y es uno solo el alimentante y éste no dispone de fortuna bastante para atender a todos, se guardará el mismo orden legal establecido (cónyuge, descendientes, ascendientes, hermanos- salvo que los alimentistas concurrentes fuesen cónyuge e hijo sujeto a la patria potestad, en cuyo caso el hijo es preferido-).

El orden de prelación es de rigurosa observancia, de suerte que habiendo pariente más próximo en grado y con medios suficientes para responder de la obligación legal de alimentos, será este y no otro de grado ulterior el que responderá.

- Para que aflore la obligación de alimentos legal entre parientes la filiación no ha de admitir duda.

- La obligación legal queda excluida en el caso del donante de gametos.

- Legitimados para reclamar judicialmente los alimentos lo están la persona necesitada o su representante legal.

Contenido de las obligaciones.-

Se entiende por alimentos:

a. Todo lo que es indispensable para el sustento; hemos de interpretar el “todo” como el todo lo que es garantía frente a una necesidad de la vida.

b. Habitación, Vestido, Asistencia médica;

c. Educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable.

d. Los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo.

e. Los gastos funerarios proporcionados a la calidad de la persona y a los usos de la localidad. Se atribuye esta obligación a quien en vida hubiera tenido la obligación de alimentarle.

Criterios para su fijación.-

La cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe:

a. El caudal o medios de quien los da: “A cada uno según sus posibilidades”. Es decir, deberá estarse al caudal, al patrimonio y rentas de quien los debe prestar. La obligación no emerge, o de ser se extingue, cuando la fortuna del obligado a darlos se reduce hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las necesidades de su familia.

Los alimentos tienen una duración indefinida, en tanto se mantenga la necesidad de recibirlos y la posibilidad de prestarlos.

b. Las necesidades de quien los recibe: “A cada uno según sus necesidades”. Aquello que resulta necesario para la subsistencia de la persona.

Modalidades de cumplimiento.-

El obligado a prestar alimentos podrá, a su elección, satisfacerlos:

a. Pagando la pensión que se fije. Su pago se verificará por meses anticipados.

b. Recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos. Estando sometida a unos límites:

Cuando contradiga una situación de convivencia determinadas para el alimentista por las normas aplicables o por resolución judicial.

Cuando concurra justa causa o perjudique el interés del alimentista menor de edad.

Extinción de la obligación.-

La obligación de alimentos cesa por las siguientes causas:

a. Por la muerte del obligado, o por la muerte del alimentista.

b. Cuando la fortuna del obligado a darlos se reduzca hasta el punto de no poder satisfacer los alimentos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia.

c. Cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria, o haya adquirido un destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le sea necesaria la pensión alimenticia para su subsistencia.

d. Cuando el alimentista (sea o no heredero forzoso) cometa alguna falta de las que dan lugar a la desheredación.

e. Cuando el alimentista sea descendiente del obligado a dar alimentos y la necesidad de aquél provenga de mala conducta o de falta de aplicación en el trabajo, mientras subsista esta causa.

Protección del derecho de alimentos.

- La Ley Concursal regula tanto el derecho como la obligación de alimentos tras la declaración de concurso:

“La obligación de prestar alimentos impuesta al concursado por resolución judicial dictada en alguno de los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores se satisfará con cargo a la masa activa” y “Las personas respecto de las cuales el concursado tuviese deber legal de alimentos sólo podrán obtenerlos con cargo a la masa si no pudieren percibirlos de otras personas legalmente obligadas a prestárselos, previa autorización del Juez del concurso, que resolverá por auto sobre su procedencia y cuantía”.

Tienen la consideración de créditos contra la masa créditos contra “Los de alimentos del deudor y de las personas respecto de las cuales tuviera el deber legal de prestarlos, conforme a lo dispuesto en esta Ley sobre su procedencia y cuantía así como, en toda la extensión que se fije en la correspondiente resolución judicial posterior a la declaración del concurso, los de los alimentos a cargo del concursado acordados por el Juez de Primera Instancia”. Estos créditos se pagarán de forma inmediata. Las acciones relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el Juez del concurso por los trámites del incidente concursal pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos.

- La Ley de Enjuiciamiento Civil declara que son inembargables en general, aquellos bienes, como alimentos, que, a juicio del Tribunal, resulten imprescindibles para que el ejecutado y las personas de él dependientes puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia.

Cuando se proceda por ejecución de sentencia a la condena de pago de alimentos legales entre parientes el Tribunal podrá fijar la cantidad que puede ser embargada.

PRODIGALIDAD

2008-11-11T05:06:00.000-08:00

Qué es la prodigalidad.- No se establece en el Código Civil la definición de pródigo, pero conforme a la definición dada a lo largo de los años por la jurisprudencia, se trataría de una persona que de modo habitual pone en riesgo su patrimonio en perjuicio de los familiares que están en situación de recibir o reclamarle alimentos.

Quiénes pueden promover la acción de prodigalidad.-

- El cónyuge ( o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable) ,

- Los descendientes o ascendientes que reciban alimentos del presunto pródigo o se encuentren en situación de reclamárselos.

- Los representantes legales de cualquiera de ellos.

- El Ministerio Fiscal si no lo hicieran los representantes legales.

Respecto de los familiares que pueden pedir esta declaración de prodigalidad hay que indicar que han de tener una dependencia actual de percepción de alimentos del presunto pródigo y que efectivamente esté obligado a prestarlos, no basta con tener una mera expectativa, sino que ha de ser una situación real y actual.

Finalidad de la declaración de prodigalidad.- Proteger el interés económico familiar.

INCAPACITACION

2008-11-11T04:42:00.000-08:00

¿Qué es la incapacitación?.- Es un modo de limitar y restringir la capacidad de obrar de una persona.

Causas de la incapacitación.- Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma.

Los menores de edad podrán ser incapacitados cuando concurra en ellos causa de incapacitación y se prevea razonablemente que la misma persistirá después de la mayoría de edad.

Cómo se constituye.- Se constituye por sentencia judicial que determinará la extensión y los límites de la incapacitación, así como el régimen al que haya de quedar sometido el incapacitado.

Finalidad de la incapacitación.- Tiene como finalidad principal proteger a la persona y a su patrimonio, justificándose en la ausencia o limitación del discernimiento del incapaz.

¿Quiénes pueden para promover la incapacitación?.- Las personas que pueden promover la incapacitación son:

1. La declaración de incapacidad puede promoverla el presunto incapaz, el cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes, o los hermanos del presunto incapaz.

2. El Ministerio Fiscal deberá promover la incapacitación si las personas mencionadas en el apartado anterior no existieran o no la hubieran solicitado.

3. Cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de la incapacitación. Las autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, conocieran la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la incapacitación de menores de edad, en los casos en que proceda conforme a la Ley, sólo podrá ser promovida por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela.

¿Quién puede declarar la incapacitación?.- El Juez de Primera Instancia del lugar donde resida el presunto incapaz

Tipos de incapacidad.- La incapacitación será distinta en función de si el grado de incapacidad es total o parcial:

- Total: Para que se incapacite a una persona totalmente, no es sólo suficiente que padezca una enfermedad persistente de carácter físico o psíquico, sino que es necesario que se pruebe que dicha persona es completamente incapaz de gobernar su persona y administrar sus bienes.

- Parcial: El presunto incapaz padece una enfermedad persistente de carácter físico o psíquico, pero a diferencia del grado anterior la incapacitación no es total sino de tipo medio o atenuado, viéndose afectada de forma parcial la capacidad de autogobierno de su persona y de administración de sus bienes.

Efectos de la declaración de incapacidad.- La incapacitación sólo puede establecerla la autoridad judicial en virtud de sentencia, que determinará la extensión y los límites de la incapacitación, así como el régimen de tutela o guarda a la que haya de quedar sometido el incapacitado, sin perjuicio de lo establecido para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico.

Por lo tanto, dependiendo la situación el Juez podrá declarar el grado de incapacidad que corresponda a cada situación concreta:

- Incapacidad total. En aquellos casos en los que, tras las pruebas practicadas se aprecie que el presunto incapaz no puede cuidar de su persona ni administrar sus bienes, se establecerá el régimen de tutela y se designará a la persona que deba ejercer tal cargo para representar y velar por el incapaz.

- Incapacidad parcial. En aquellos casos en los que se aprecie que el presunto incapaz puede realizar ciertos actos por si sólo, necesitando para otros ser asistido por otra persona.

En la sentencia se especificarán los actos que el incapaz puede o no realizar por si mismo, procediendo a designar al curador, que es la persona encargada sólo de la asistencia del incapaz en los actos que él no pueda realizar por sí sólo, que son en general todos aquellos actos de administración de los bienes y patrimonio del incapaz.

Cuando en la sentencia no hubiesen especificado los actos en que deba ser necesaria la intervención del curador, estarán sujetos a curatela los actos principales de gestión patrimonial, como la enajenación y gravamen de bienes inmuebles, la cesión de bienes en arrendamiento por más de seis años, o la disposición de bienes o derechos a título gratuito, entre otros actos.

- Declaración de prodigalidad

Pruebas.-

a.- Prueba documental, consistente en los documentos públicos o privados (informes médicos emitidos por los especialistas que hubieran atendido al presunto incapaz) que en su día se aportaron al escrito inicial, para acreditar la minusvalía o enfermedad.

b.- Audiencia de parientes, consistente en que por el Juez sean oídos los parientes cercanos del presunto incapaz, quienes serán preguntados por su relación de parentesco, sobre la deficiencia que padece y si están de acuerdo con el procedimiento de incapacidad.

c.- Examen por el Juez del presunto incapaz, con quien hablará para tener un primer criterio sobre el alcance de su minusvalía, lo que constituye la máxima garantía del presunto incapaz, puesto que en ese momento el interesado puede expresar sus propias opiniones ante el Juez, y éste puede constatar por sí las propias habilidades y capacidades del interesado para el mayor detalle de los límites de la capacidad de obrar que deben establecerse en la sentencia.

d.- El Juez acordará los dictámenes periciales médicos necesarios.

Medidas cautelares.- Cuando el Tribunal competente tenga conocimiento de la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, adoptará de oficio las medidas que estime necesarias para la adecuada protección del presunto incapaz o de su patrimonio y pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal para que promueva, si lo estima procedente, la incapacitación.

El Ministerio Fiscal podrá también, en cuanto tenga conocimiento de la existencia de posible causa de incapacitación de una persona, solicitar del Tribunal la inmediata adopción de las medidas necesarias.

Las mismas medidas podrán adoptarse, de oficio o a instancia de parte, en cualquier estado del procedimiento de incapacitación.

Como regla, estas medidas se acordarán previa audiencia de las personas afectadas.

Reintegración de la capacidad y modificación del alcance de la incapacitación.- La sentencia de incapacitación no impide que sobrevenidas nuevas circunstancias se pueda instar otro proceso para dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación ya establecida.

La petición para iniciar este procedimiento corresponde al cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, ascendientes o hermanos del incapacitado, las personas que ejercieren cargo tutelar o tuvieran bajo su guardia al incapacitado, al Ministerio Fiscal y al propio incapacitado.

Si se hubiera privado al incapacitado de la capacidad para comparecer en juicio, deberá obtener expresa autorización judicial para actuar en el proceso por si mismo.

La sentencia que se dicte deberá pronunciarse sobre si procede o no dejar sin efecto la incapacitación, o sobre si deben o no modificarse la extensión y los límites de ésta.

ACCIDENTE DE TRÁFICO

2007-09-17T09:59:00.000-07:00

¿Cómo debemos actuar ante un accidente de tráfico?

S ustedi se ve involucrado en un accidente de tráfico, trate de alcanzar un acuerdo con el otro conductor implicado para cumplimentar “el parte amistoso” que facilitan las compañías de seguros.

En este "parte amistoso" se rellena los datos de las partes, de los vehículos y de los seguros de accidente, los daños que han sufrido los vehículos; debe ser firmado por los conductores.

Si se presenta un enfrentamiento directo o una falta de acuerdo respecto a las causas del accidente, avise a la Policía Local, Nacional o Guardia Civil; Si los daños materiales son de especial relevancia o si hay que lamentar daños personales, actue del mismo modo. Estos el “atestado” correspondiente, constituyendo una prueba fundamental en la determinación de responsabilidad del accidente y posterior reclamación.

Si se han producido lesiones solicite que en los partes de asistencia médica conste que dichas lesiones son producto de un accidente de circulación.

Comunique a la compañía de seguros de la existencia del siniestro (plazo de 7 días).

Si la responsabilidad del siniestro es del conductor del otro vehículo, tendrá un plazo de 6 meses para interponer la correspondiente denuncia penal.

Es aconsejable que ponga su caso en manos de un abogado quien le asesorará sobre qué cantidad debe reclamar por los daños sufridos, la procedencia de iniciar o no acciones judiciales, así como todas aquellas cuestiones que puedan estar relacionadas con el supuesto concreto. La compañía aseguradora deberá hacerse cargo de los gastos de abogado si usted suscribió en la póliza la cobertura de “defensa jurídica”.

Reclamación por daños

Si usted es víctima de un accidente de circulación y ha sufrido daños, bien sean corporales o materiales, tiene derecho a ser indemnizado.

Existen dos vías de reclamación:

- Vía extrajudicial: Sin acudir a juicio, negociando con la compañía aseguradora la cuantía de la indemnización.

- Vía judicial: Se abren diligencias en el caso de que el accidente constituya un delito o falta o la compañía no ofrezca una indemnización adecuada. En estos supuestos será aconsejable que acuda a un abogado para que le informe de la tramitación oportuna.

La cuantía de la indemnización a percibir dependerá del tipo de daños que se hayan causado y del alcance de los mismos.

Tipos de daños

Los daños que pueden derivarse de un accidente de circulación son de dos tipos: materiales y personales.

- Daños materiales

Son aquellos desperfectos que como consecuencia del accidente de circulaciónafectan al vehículo.

En estos casos la compañía designará un perito para que realice un informe en el que comprobará que los daños que presenta el vehículo coinciden con los declarados en el “parte de accidente” y emitirá una valoración de éstos.

Además de los gastos de reparación del vehículo, también se puede reclamar otros daños que deriven directamente del accidente de circulación (conserve tanto los objetos deteriorados como las facturas de adquisición de los nuevos).

- Daños personales

Son aquellos que padecen las personas implicadas en un accidente de circulación, sean conductores, pasajeros o peatones.

La cuantía de la indemnización se fija de conformidad a unas reglas y baremos que son frecuentemente difíciles de aplicar.

El baremo valora la indemnización dependiendo de si el accidente causa en la víctima la muerte, lesiones permanentes o la incapacidad temporal; seguidamente, la estimación de estos daños se realiza de forma individualizada considerando dos cuestiones, por un lado el tiempo de baja que el accidente provoca y, por otro, la gravedad de la lesión, heridas y secuelas que causa.

Por último, las cantidades que resultan de la aplicación del baremo se moderan en función de la situación de cada individuo, es decir:

- La incapacidad temporal se calcula multiplicando el número de días de incapacidad por la indemnización que corresponda según la edad, sumando a su vez ciertas cantidades que resultan de aplicar determinados factores de corrección.

- La indemnización por las lesiones permanentes depende del grado de incapacidad que éstas causen en la víctima:

Incapacidad absoluta: A consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, el perjudicado necesita la asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, como vestirse, desplazarse, alimentarse, etc.

Gran invalidez: Inhabilita para la realización de toda profesión u oficio.

Invalidez total: Inhabilita para realizar todas o las principales tareas de la profesión habitual, siempre que el perjudicado pueda realizar otra distinta.

Invalidez parcial: Ocasiona una disminución de, al menos, el 33% en el rendimiento normal para la profesión habitual.

La indemnización por muerte comprende tanto el daño moral como las pérdidas económicas que se derivan del fallecimiento. Serán beneficiarios no sólo los herederos sino también la pareja de hecho y las personas que dependan económicamente del fallecido.

La indemnización por las secuelas se calcula multiplicando en número de puntos en que se valoren de conformidad al baremo, por el importe de los mismos en función de la edad y circunstancias del perjudicado. Es aconsejable que en el parte médico se detallen las secuelas haciendo constar si éstas son leves o graves. Respecto a las lesiones, es también posible reclamar todos los gastos originados por el tratamiento médico que ha sido necesario seguir hasta la completa recuperación.

Esta es una lectura que puede orientarle en los pasos a seguir pero la mejor decisión que puede tomar es acudir a un profesional para que le informe y si es necesario reclame en su nombre las posibles indemnizaciones que pudieran corresponderle por el accidente de tráfico sufrido.

Impuesto de Sucesiones NO RESIDENTES

2007-07-29T05:40:00.000-07:00

¿Quiénes están obligados a declarar?: Los herederos, legatarios o beneficiarios que no tengan su residencia habitual en España; o que aún siendo residentes, la persona fallecida no hubiera tenido su residencia habitual en España.

Para la determinación de la residencia habitual, se estará a lo establecido en las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Ley 35/2006, de 28 de noviembre ).

Plazo de presentación: En las adquisiciones por causa de muerte, incluidas las de los beneficiarios de contratos de seguro de vida, el plazo de presentación de la declaración es de 6 meses contados desde el día del fallecimiento del causante.

Lugar de presentación:

- En caso de Autoliquidación: Una vez realizado el ingreso, en los casos de declaraciones con cuota a pagar, o bien en el caso de que la cuota fuera negativa, el modelo de autoliquidación acompañado de la documentación pertinente se presentará en la Oficina Nacional de Gestión Tributaria. C/ Infanta Mercedes 49, 28020-Madrid.

- En caso de Solicitud de liquidación administrativa: Se deberá remitir el escrito de solicitud de liquidación, acompañado de la documentación necesaria a La Agencia Tributaria. Departamento de Gestión Tributaria. Oficina Nacional de Gestión Tributaria. Sucesiones no Residentes. C/ Infanta Mercedes, 49. 28020 Madrid.

Documentación a presentar:

A.- Documentación obligatoria:

- Original y copia simple de la Escritura de Aceptación de Herencia.

- En su defecto, el Inventario de Bienes y Herederos, por duplicado, en el que se señalen los datos identificativos del causante y los herederos, la designación de un domicilio a efectos de notificaciones, relación detallada de los bienes y derechos objeto de la herencia con expresión del valor de los mismos a la fecha de fallecimiento, así como de las cargas, deudas y gastos cuya deducción se solicita.

- Copia del Certificado de Defunción.

- Copia del Certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad.

- Copia del Testamento o de la Declaración de Herederos.

B.- Otra documentación a aportar:

- Copia del recibo del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), y del título de adquisición de los inmuebles, o en su defecto Nota Simple Registral.

- Copia de los contratos de seguro, o certificado de la entidad aseguradora.

- Certificado del banco con expresión de los saldos de las cuentas y /o valores depositados, a la fecha de fallecimiento.

- Justificación documental de las cargas, gravámenes, deudas y gastos que sean deducibles, así como de la edad de los herederos.

- Copia del pasaporte, documento de identidad, o del certificado del Número de - Identificación de Extranjeros (NIE) de los herederos.

- Copia de la documentación de los vehículos objeto de la herencia (ficha técnica, permiso de circulación).

Si los documentos están expedidos por funcionarios o autoridades extranjeras, tienen que venir con la Apostilla de la Haya y traducción jurada.

Legislación aplicable: Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

AUTOLIQUIDACIÓN:

A.- Modelos de AUTOLIQUIDACIÓN: modelo 650 “Impuesto sobre Sucesiones. Adquisiciones "mortis causa". Declaración Ordinaria”, modelo 652 “Impuesto sobre Sucesiones. Adquisiciones "mortis causa". Declaración Simplificada”. Como regla general el modelo a utilizar es el modelo 652 “Impuesto sobre Sucesiones. Declaración Simplificada”.

B.- Lugar de Ingreso: En las declaraciones con cuota a ingresar, el documento de ingreso del modelo de autoliquidación se presentará exclusivamente a través de las Entidades de depósito que actúan como colaboradoras en la gestión recaudatoria, efectuándose el pago del impuesto en metálico o mediante adeudo en cuenta.

El modelo elegido deberá llevar obligatoriamente las etiquetas fiscales identificativas.

C.- Número de Identificación Fiscal: Si no se dispone de etiquetas fiscales, se han de cumplir los siguientes trámites:

Sujetos pasivos extranjeros no residentes:

- Deberán solicitar el Número de Identidad de Extranjero (N.I.E.), bien a través de la Dirección General de la Policía o Comisarías de Policía que tramiten temas de extranjería.

Sujetos pasivos españoles no residentes:

Solicitar el Número de Identificación Fiscal a través de las Delegaciones de la AEAT, presentando la siguiente documentación:

- Certificado del Consulado de España, en su país de residencia, de que está inscrito en el Registro de Matrícula de españoles.

- Fotocopia legalizada del pasaporte consular del sujeto pasivo (heredero).

LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA:

Se deberá remitir el escrito de solicitud de liquidación, acompañado de la documentación reseñada, a la siguiente dirección: Agencia Tributaria. Departamento de Gestión Tributaria. Oficina Nacional de Gestión Tributaria. Sucesiones no Residentes. C/ Infanta Mercedes, 49. 28020 Madrid.

Para saber mas sobre la valoración de bienes, ajuar doméstico, cargas, deudas, gastos, reducciones, etc pulsa en el enlace de esta misma web: Impuesto de Sucesiones

Fecha de transmisión

2007-07-29T02:35:00.000-07:00

Se considerará como fecha de la transmisión:

a) En los actos o contratos inter-vivos, la del otorgamiento del documento público y, cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un registro público, la de fallecimiento de cualquiera de los que lo firmaron o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.

b) En las transmisiones mortis-causa, la del fallecimiento del causante.

c) En la subastas judiciales, administrativas o notariales, la fecha del auto o providencia aprobando el remate.

d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación y pago.

e) En los casos de adjudicación de terrenos de naturaleza urbana que se efectúen por entidades urbanísticas a favor de titulares de derechos o unidades de aprovechamiento distintos de los propietarios originariamente aportantes de los terrenos, la de protocolización del acta de reparcelación o del Proyecto de Compensación, en su caso.

Se entiende que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 de Código Civil. (aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos)

Bonificación

2007-07-29T02:29:00.000-07:00

A la solicitud de bonificación se acompañarán:

a) Documento acreditativo de que la vivienda transmitida constituía el domicilio habitual del causante en la fecha de su fallecimiento

b) Documento acreditativo de que los solicitantes convivían con el causante durante, al menos, los dos años anteriores a la fecha del fallecimiento del mismo. Se exceptúan de la acreditación de esta circunstancia las personas respecto de las cuales se presume la convivencia con el causante.

c) Declaración de destinar a vivienda habitual, durante los cuatro años siguientes a su adquisición, la vivienda adquirida, tanto si la adquisición de la misma lo es en pleno dominio, como si lo es de la nuda propiedad o de un derecho real de goce limitativo de la misma.

Vivienda y Convivencia

2007-07-29T02:24:00.000-07:00

Se entenderá como vivienda habitual del causante, a los solos efectos de reconocimiento de la bonificación, aquélla en que figure empadronado en la fecha de su fallecimiento.

El requisito de convivencia con el causante durante los dos años anteriores a la fecha de su fallecimiento, a que se refiere el párrafo primero del número 1 de este artículo, no será exigible cuando el causante y su cónyuge hayan contraído nupcias en fecha posterior a los dos citados años anteriores a la fecha de fallecimiento del primero, o cuando el causahabiente sea de edad inferior a los citados dos años, en cuyos casos el período de convivencia exigible se reducirá al de duración del matrimonio, en el primero de los casos, o al de la edad del causahabiente en el segundo. Se presumirá, a los mismos efectos de reconocimiento de la bonificación, y salvo prueba en contrario, la convivencia con el causante de su cónyuge no separado legalmente y de los descendientes o adoptados del causante o de su cónyuge menores de edad. En los demás casos deberá acreditarse documentalmente por el causahabiente que solicite la bonificación prevista en este artículo la citada convivencia.

Suelo de naturaleza urbana

2007-07-29T02:22:00.000-07:00

Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 7 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de Marzo, se entiende por suelo de naturaleza urbana:

a) El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano, urbanizado o equivalente.

b) Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que estén incluidos en sectores o ámbitos espaciales delimitados, así como los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico.

c) El integrado de forma efectiva en la trama de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población.

d) El ocupado por los núcleos o asentamientos de población aislados, en su caso, del núcleo principal, cualquiera que sea el hábitat en el que se localicen y con independencia del grado de concentración de las edificaciones.

e) El suelo ya transformado por contar con los servicios urbanos establecidos por la legislación urbanística o, en su defecto, por disponer de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.

f) El que esté consolidado por la edificación, en la forma y con las características que establezca la legislación urbanística.

Título

2007-07-29T02:18:00.000-07:00

Título: será todo hecho, acto o contrato, cualquiera que sea su forma, que origine un cambio del sujeto titular de las facultades dominicales de disposición o aprovechamiento sobre un terreno, tenga lugar por ministerio de la Ley, por actos mortis-causa o inter-vivos, a título oneroso o gratuito.

Plusvalía municipal

2007-07-27T09:28:00.000-07:00

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

¿Que es?

Es el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

¿Quién tiene que pagar el impuesto?

- En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

- En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica que transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. Si quien adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate es una persona física no residente en España deberá pagar el impuesto el adquirente como sujeto pasivo sustituto.

Plazos

En las transmisiones, por actos inter-vivos, dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que haya tenido lugar el hecho imponible.

En las transmisiones por actos mortis-causa, dentro del plazo de seis meses a contar desde el día del fallecimiento del causante

¿Qué está sujeto al impuesto?

- Contratos de compraventa, donación, permuta, dación en pago, retractos convencional y legal, transacción.

- Sucesión testada e intestada.

- Enajenación en subasta pública

- Expropiación forzosa

- Excesos de adjudicación

- Aportaciones de terrenos e inmuebles urbanos a una sociedad y las adjudicaciones al disolverse

- Actos de constitución y de transmisión de derechos reales, tales como usufructos, censos, usos y habitación, derecho de superficie.

Está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. También estará sujeto a éste el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

¿Qué no está sujeto?

- No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

- Los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

- Los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cuál sea el régimen económico matrimonial.

- Tampoco se devengará el impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de las operaciones de fusión o escisión de empresas así como de las aportaciones no dinerarias de ramas de actividad.

- No tendrán la consideración de transmisiones de dominio (a los efectos de este impuesto) las transmisiones de terrenos que se realicen como consecuencia de la constitución de la Junta de Compensación por aportación de los propietarios de la unidad de ejecución, en el caso de que así lo dispusieran los estatutos, o en virtud de expropiación forzosa, y las adjudicaciones de solares que se efectúen a favor de los propietarios miembros de dichas Juntas, así como las adjudicaciones de terrenos a que de lugar la reparcelación cuando se efectúen a favor de las propietarios comprendidos en la correspondiente unidad de ejecución y en proporción a los terrenos y derechos incorporados por aquéllos.

- Tampoco estarán sujetos a este impuesto el supuesto de las adjudicaciones de terrenos a que dé lugar la disolución y liquidación de una comunidad de bienes o de proindivisos, cuando se efectúen a favor de los partícipes que la integran en proporción a la cuota de participación que cada uno tenía en aquélla y siempre que el terreno o terrenos adjudicados al comunero no exceda del que le corresponda, en cuyo caso existiría una transmisión gravable en cuanto al exceso.

Exenciones

Con carácter objetivo (deberá adjuntarse los documentos acreditativos del cumplimiento de las condiciones indicadas.).

- La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

- Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.

Para que sea aplicable esta exenciónserá preciso que concurran las siguientes condiciones:

- Que las obras se hayan llevado a cabo en los años durante los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento de valor, previa obtención de la correspondiente licencia municipal y siempre que las obras se hubiesen ejecutado de conformidad con las condiciones de la misma.

- Que el presupuesto de ejecución de las obras, una vez actualizado mediante la aplicación del I.P.C. de los años correspondientes, sea superior al resultado de aplicar sobre el valor catastral total del inmueble los porcentajes correspondientes (según los distintos niveles de protección).

Con carácter subjetivo

- El Estado y sus organismos autónomos.

- La Comunidad Autónoma de Principado de Asturias y sus entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado.

- El Municipio de Oviedo y demás Entidades Locales integradas o en las que se integre, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado.

- Las instituciones que tengan las calificación de benéficas o de benéficodocentes.

- Las entidades sin fines lucrativos.

En el supuesto de transmisiones de terrenos o de constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio sobre los mismos, efectuadas a título oneroso por una entidad sin fines lucrativos, la exención en este impuesto estará condicionada a que tales terrenos cumplan los requisitos establecidos para aplicar la exención en el impuesto sobre Bienes Inmuebles.

- Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social.

- Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas.

- La Cruz Roja Española.

- Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales.

Bonificaciones

- Gozará de una bonificación en la cuota del impuesto la transmisión, a título gratuito y por causa de muerte, de la vivienda habitual de la persona fallecida, así como la transmisión o constitución sobre la misma , por igual título y causa, de derechos reales de goce limitativos de dominio, operada a favor del cónyuge, descendientes o adoptados y ascendientes o adoptantes del causante, siempre que los citados causahabientes hayan convivido con éste durante los dos años anteriores a la fecha de su fallecimiento y destinen la vivienda adquirida o el derecho real de goce transmitido o constituido sobre la misma a vivienda habitual durante un período mínimo de cuatro años, dentro de cuyo periodo no podrá ser transmitida nuevamente por los adquirentes salvo que la transmisión lo sea por causa de fallecimiento de los mismos.

- Del 95% de la cuota del impuesto cuando el valor catastral del suelo correspondiente a la vivienda transmitida no supere 10.000,00 Euros.

- Del 50% de la cuota del impuesto cuando el valor catastral citado sea superior a 10.000,00 Euros y no exceda de 20.000,00 Euros.

- Cuando sea superior a 20.000,00 Euros, no habrá lugar a bonificación.

Para determinar el valor catastral de suelo a los efectos de estas bonificaciones se tendrá en cuenta el del total de la vivienda.

En el caso de que concurran en la adquisición de la vivienda habitual del causante varios causahabientes mediante cuotas indivisas en la nuda propiedad o en el pleno dominio de la misma o en la adquisición de un derecho real de goce limitativo del dominio, sólo tendrán derecho a la bonificación aludida aquellos de ellos que permanezcan en la vivienda adquirida en calidad de vivienda habitual, en los términos expresados anteriormente.

La bonificación deberá ser solicitada, que deberá de ser presentada dentro del plazo de seis meses, a contar desde la fecha del fallecimiento del causante.

Base imponible

Está constituida por el incremento de valor de los terrenos experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.

Para determinar el importe del incremento del valor, se aplicará sobre el valor de los terrenos en el momento del devengo el porcentaje total que resulte de multiplicar el porcentaje anual por el número de años a lo largo de los cuales ha tenido lugar el incremento de valor, para el Principado de Asturias son los siguientes (cada municipio sin embargo son libres de fijar lo que proceda):

De 1 hasta 5 años: 3,6

Hasta 10 años: 3,4

Hasta 15 años: 3,1

Hasta 20 años: 2,9

Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta y para determinar el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor, sólo se considerarán los años completos que integren dicho período, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período.

Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el transmitente por cuotas en fechas diferentes, se considerarán tantas bases imponibles como fechas de adquisición.

Valor del Terreno.

A- En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

- Cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo.

- Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

- En las transmisiones de terrenos resultantes de una nueva construcción se aplicarán los valores que la Gerencia Territorial del Catastro asigne una vez finalizada aquélla, corrigiéndolos, si procede, con la aplicación de los coeficientes de actualización que correspondan.

- Cuando el terreno transmitido no tenga asignado valor catastral individualizado y forme parte de otro terreno que sí tiene asignado dicho valor, se aplicará el valor catastral de la totalidad del terreno, en proporción, bien a la superficie, o bien al coeficiente de participación que tenga, respecto a aquél, el terreno transmitido.

- Cuando el terreno transmitido carezca de valoración catastral, por incumplimiento del titular de los mismos de la obligación de proceder a su incorporación, o alteración de sus características, en el Catastro Inmobiliario, podrá practicarse una liquidación provisional en la que se apliquen los valores catastrales de los terrenos contiguos al mismo, de similares o idénticas características, prorrateándose en función del valor por metro cuadrado. Una vez se haya obtenido la valoración de los terrenos, conforme a los procedimientos establecidos en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, se podrá practicar la correspondiente liquidación definitiva, exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

- Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales una reducción del 40 por 100. Dicha reducción se aplicará respecto a cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que el mismo se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

B. En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos de dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y

Actos Jurídicos Documentados.

Deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

- En la constitución de un derecho de usufructo temporal, su valor equivaldrá a un 2% del valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo, sin que pueda exceder del 70% del valor catastral.

- En los usufructos vitalicios, su valor equivaldrá al 70% del valor catastral cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, minorando, a medida que aumente la edad, en la proporción de un 1% menos por cada año más con el límite mínimo del 10 %.

- Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo superior a 30 años o por tiempo indeterminado, se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria, estimándose, por tanto, su valor igual al 100 % del valor del terreno.

- El valor de la nuda propiedad se computará por la diferencia entre el 100% correspondiente al pleno dominio y el porcentaje que corresponda al usufructo, calculado según las reglas precedentes.

- El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75% del valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan o transmitan tales derechos, las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos.

- En los censos enfitéuticos el valor del dominio directo y del dominio útil se calculará de acuerdo con las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos.

- En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce limitativos del dominio no incluidos en los apartados anteriores se considerará como valor de los mismos, a los efectos de este impuesto, el capital, precio o valor que las partes hubiesen pactado al constituirlos, capitalizado al interés legal del dinero, si fuere igual o mayor que el que resulte de la capitalización al interés legal de la renta o pensión anual, o éste si aquél fuere menor.

En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno (salvo que el valor según lo anteriormente expresado sea menor, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el ustiprecio)

Tipo impositivo

El tipo de gravamen del impuesto será del 30 por 100.

Cuota íntegra

Será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

Cuota líquida

Será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones correspondientes.

Devengo

- Cuando se transmita la propiedad del terreno, en la fecha de la transmisión.

- Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre aquél, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme.

Si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

Ley General Tributaria

2007-07-26T09:03:00.000-07:00

Artículo 20.6 y 20.7 de la Ley General Tributaria

Artículo 20.6. En los casos de transmisión de participaciones “inter vivos”, en favor del cónyuge, descendientes o adoptados, de una empresa individual, un negocio profesional o de participaciones en entidades del donante a los que sea de aplicación laexención regulada en el apartado octavo del artículo 4.º de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, se aplicará una reducción en la base imponible para determinar la liquidable del 95 por 100 del valor deadquisición, siempre que concurran las condiciones siguientes:

a) Que el donante tuviese sesenta y cinco o más años o se encontrase en situación de incapacidad permanente, en grado de absoluta o gran invalidez.

b) Que, si el donante viniere ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer y de percibir remuneraciones por elejercicio de dichas funciones desde el momento de la transmisión.A estos efectos, no se entenderá comprendida entre las funciones de dirección la mera pertenencia al Consejo de Administración de la sociedad.

c) En cuanto al donatario, deberá mantener lo adquirido y tener derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimoniodurante los diez años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación, salvo que falleciera dentro de este plazo.Asimismo, el donatario no podrá realizar actos de disposición y operaciones societarias que, directa o indirectamente,puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de la adquisición. Dicha obligación también resultará deaplicación en los casos de adquisiciones “mortis causa” a que se refiere la letra c) del apartado 2 de este artículo.En el caso de no cumplirse los requisitos a que se refiere el presente apartado, deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiere dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada y los intereses de demora.

Artículo 20.7. La misma reducción en la base imponible contemplada en el apartado anterior y con las condiciones señaladas en sus letras a) y c) se aplicará, en caso de donación, a favor del cónyuge, descendientes o adoptados, de los bienescomprendidos en los apartados uno, dos y tres del artículo 4.º de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre elPatrimonio, en cuanto integrantes del Patrimonio Histórico Español o del Patrimonio Histórico o Cultural de lasComunidades Autónomas.El incumplimiento de los requisitos exigidos llevará consigo el pago del impuesto dejado de ingresar y los correspondientes intereses de demora.

Impuesto de Donaciones

2007-07-26T02:39:00.000-07:00

¿Quién está obligado a declarar?: Están obligados a declarar como sujetos pasivos las personas físicas que sean beneficiarias de transmisiones lucrativas inter vivos. En particular, los donatarios, que gratuitamente reciben bienes y derechos, y los beneficiarios de seguros sobre la vida en el caso de sobrevivencia del asegurado y en el caso de seguro individual con fallecimiento del asegurado que sea persona distinta del contratante.

Plazo de presentación: El plazo de presentación de la declaración es de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél que se cause elacto o contrato.

Lugar de presentación: Las declaraciones y demás documentación se presentarán:

– En el caso de donación de bienes inmuebles en la oficina correspondiente al territorio en que éstos radiquen.

– En los demás casos en la oficina correspondiente al territorio donde el donatario tenga su residencia habitual a la fecha del devengo.

Cuando el mismo documento comprendiese además otros actos o contratos sujetos a este Impuesto o al de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cuyo rendimiento correspondiese a otra Comunidad Autónoma,procederá su presentación en la oficina competente de ambas Comunidades, si bien las autoliquidaciones que se formulen sólo se referirán al rendimiento de cada Comunidad.

Objeto de la donación: En los bienes inmuebles se indicará la naturaleza urbana o rústica y su situación; en el caso de bienes afectos a actividades empresariales o profesionales, el tipo de bienes, la actividad y su localización; en el caso de valores mobiliarios, la clase del valor y número de títulos; en otros casos se describirán los vehículos, entrega en efectivo, etc.

Valor real bienes y derechos adquiridos: Económicamente coincide con el valor de mercado. En caso de ser beneficiario de seguro de vida el valor es el de las cantidades percibidas. Las donaciones onerosas y las remuneratorias tributarán por su total importe. Si existieran recíprocas prestaciones o se impusiera algún gravamen al donatario, tributarán como donación solamente por la diferencia. Para calcular el valor del derecho real de usufructo y de la nuda propiedad pulse aquí.

Cargas deducibles: Únicamente son deducibles las cargas o gravámenes que aparezcan directamente establecidas sobre los bienes y disminuyan realmente su capital o valor (ej: los censos y las pensiones).

Deudas deducibles: Únicamente son deducibles las deudas que estuvieran garantizadas con derechos reales que recaigan sobre los bienes donados cuando el adquirente haya asumido fehacientemente la obligación de pagar la deuda con liberación del primitivo deudor.

Cargas y deudas: Únicamente serán deducibles las cargas o gravámenes de naturaleza perpetua, temporal o redimible que aparezcan directamente establecidas sobre los bienes y disminuyan realmente su capital y valor, sin que merezcan tal consideración las que constituyan obligación personal del adquirente ni las que, como las hipotecas y las prendas, no supongan disminución del valor de lo transmitido, sin perjuicio de que las deudas que garanticen puedan ser deducidas si concurren los requisitos concretos.

También son deducibles además de las deudas del causante reconocidas en sentencia judicial firme, las demás que dejase contraídas siempre que su existencia se acredite por documento público, o por documento privado que reúna los requisitos del artículo 1227 del Código Civil, o se justifique de otro modo la existencia de aquéllas, salvo las que lo fueran a favor de los herederos o de los legatarios de parte alícuota y de los cónyuges, ascendientes, descendientes o hermanos de aquéllos aunque renuncien a la herencia.

Reducciones:

- El 95 por 100 por donación de una empresa individual, un negocio profesional o de participaciones en entidades, a los que sea de aplicación la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, en favor del cónyuge, descendientes o adoptados, cuando concurran las siguientes condiciones:

a) Que el donante tuviese sesenta y cinco o más años o se encontrase en situación de incapacidad permanente, en grado de absoluta o gran invalidez.

b) Que si viniere ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer y de percibir retribución por el ejercicio de dichas funciones.

c) Que el donatario mantenga lo adquirido y con derecho a exención en el Impuesto sobre el Patrimonio durante los diez años siguientes a la escritura pública de donación.

- Las aplicables según la Ley 19/1995, de Modernización de explotaciones agrarias.

Procedimiento Monitorio Europeo

2007-07-26T02:11:00.000-07:00

Autor: Marco Martín González

I.- INTRODUCCIÓN

El proceso monitorio se ha convertido en el juicio especial más utilizado ante los tribunales, al margen de ser el más empleado, es el que presenta una mayor eficacia, ya que del total de procesos monitorios iniciados más del concluyen bien con el pago o bien con la ejecución del título base de la petición monitoria.

El presente trabajo trataremos de exponer las distintas interpretaciones doctrinales respecto de la propia naturaleza jurídica del proceso monitorio, hecho este, entendemos, de importancia por cuanto que aunque no afecte al fondo del procedimiento sí que influye en cuanto a la calificación del mismo, esto es, declarativo, ejecutivo o mixto.

Igualmente tiene por objeto analizar los criterios seguidos en lo que respecta a las costas del procedimiento regulado en la LEC y para ello hemos expuesto las interpretaciones jurisprudenciales de nuestras Audiencias Provinciales (y en algunos casos Juzgados de Primera Instancia). De esta forma, podremos comprobar que existe una línea jurisprudencial uniforme respecto a la aplicación real de la regulación del proceso monitorio.

También exponemos unas estadísticas a los solos efectos de que el lector compruebe la lentitud con la que el legislador español se adapta a las necesidades sociales, por cuanto que tal y como exponemos en el anexo del presente trabajo hay países europeos que en la década de los noventa regulaban y promocionaban un procedimiento rápido a priori para el cobro de deudas.

II.- CONCEPTO

El monitorio es una advertencia, apercibimiento o requerimiento que se dirige a un deudor para que pague. Según el profesor Piero Calamandrei “el proceso monitorio es aquel en el que, en virtud de la simple petición escrita del acreedor, el juez competente libra, sin oír al deudor, una orden condicionada de pago dirigida al mismo”.

Se regula el procedimiento monitorio en la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil, en el Libro IV, dedicado a los procesos especiales, regula en su Título IV, Capítulo 1º el proceso monitorio (arts. 812 a 818).

Joaquín Silguero afirma que con esta regulación se admite con carácter general, y siguiendo el precedente marcado por la Ley de Propiedad Horizontal en 1999, una vía procesal pretendidamente ágil para la tutela de determinados créditos; esta finalidad de tutela crediticia eficaz, mediante la instauración de un procedimiento rápido y poco costoso.

Jurisprudencialmente1 se establece “que el proceso monitorio se concibe como una vía de protección de determinados créditos, en especial, de los créditos dinerarios líquidos de profesionales y empresarios medianos y pequeños.”2

Con el proceso monitorio se facilita la creación rápida de un título ejecutivo, mediante la invocación y proclamación del propio derecho de crédito, asentado incluso en meros documentos privados unilaterales, y a través de la conminación judicial se obliga al deudor a posicionarse, de manera que la Ley sancionará rígidamente las consecuencias de las diferentes posturas que adopte el deudor: si paga, finaliza el procedimiento3; si se opone han de acudir al contradictorio4, mientras que la pasividad y silencio del deudor desembocará en el proceso de ejecución.5

Así pues podemos definir6 el proceso monitorio como un procedimiento sencillo y ágil, al que pueden acudir los acreedores que dispongan de un principio de prueba documental de su crédito; siendo especialmente eficaz para los supuestos en que el deudor no tiene nada serio que oponer a la existencia y exigibilidad del crédito, sino que pretende demorar el cumplimiento de su obligación hasta que le sea impuesto coactivamente a través de la ejecución forzosa; de esta forma, se permite al acreedor obtener rápidamente un título ejecutivo para acceder de modo inmediato a dicha ejecución.

De la anterior definición se derivan, consecuentemente, los caracteres esenciales que entendemos configuran este proceso7:

a) Se trata, en primer lugar, de un proceso especial, porque especial es su estructura procedimental con respecto al proceso declarativo ordinario tipo8, entre las que cabe destacar, sobre todo, la que hace referencia a la inversión del contencioso que en el mismo se verifica.

b) El proceso monitorio constituye, en segundo lugar, un proceso plenario rápido, no sólo porque la cognición es sumaria, sino también porque la inversión de la iniciativa del contradictorio que se verifica en el mismo conduce, la mayoría de las veces, a una estructura procedimental reducida.9

En el proceso monitorio, al igual que en cualquier juicio declarativo ordinario, se construye un título ejecutivo que, como ha sido gráficamente definido por CALAMANDREI, constituye “la llave indispensable para abrir la puerta de la ejecución” o, si se prefiere, “la tarjeta sin la cual no es posible atravesar el umbral del proceso ejecutivo” ni obtener, consecuentemente, una ejecución sin título.

c) Y la característica esencial de este procedimiento especial es el carácter eventual que reviste en el mismo la fase de contradicción, por cuanto que en él la finalidad de llegar con celeridad a la creación de un título ejecutivo se alcanza desplazando la iniciativa del contradictorio del actor al demandado.10

III.- NATURALERA JURÍDICA

La naturaleza del proceso Monitorio, como ha reiterado la jurisprudencia11, es una naturaleza declarativa especial pues tiende a conseguir de una manera rápida un título ejecutivo a través del requerimiento de pago realizado al afirmado deudor, interpretando su silencio, de no manifestar oposición alguna ni atender el requerimiento de pago, como prueba plena de la existencia de la deuda, significando por tanto que la oposición del deudor formulada en tiempo y forma, enerva el previo requerimiento de pago dictado por el Juez, dejándolo sin efecto como si no hubiera existido.

Se plantea un primer problema práctico, el cual es, si la oposición formulada en tiempo y forma por el deudor supone el archivo del proceso y se abre un nuevo proceso, o si por el contrario, continua el proceso en una nueva fase, pasando de la fase declarativa especial a una declarativa ordinaria12.

La interpretación de que se mantiene desde el punto de vista procesal la absoluta independencia entre el proceso monitorio y el declarativo entienden que son procedimientos diferentes y autónomos que resultan de la propia configuración de los distintos procesos en la LEC y de la propia actuación estadística y organización de los Juzgados, citando la Instrucción número 3/2001 del pleno del Consejo General del Poder Judicial sobre anotación de los procesos de ejecución; En esta misma dirección se encuentra también CORTÉS DOMÍNGUEZ, para quien la oposición del proceso monitorio está concebida no tanto como una parte del propio juicio sino como la continuación del litigio en proceso separado, y se fundamenta dicha afirmación en el artículo 818.1, que dice que si el deudor presentare escrito de oposición, el asunto se resolverá definitivamente en el juicio que corresponda.

Existe jurisprudencia a favor de esta interpretación13 que entiende que con la redacción dada al artículo 818, al que hay que interpretar en relación con el artículo 404 de la nueva LEC, la intención del legislador es que se tramite un procedimiento ordinario totalmente independiente del juicio monitorio, quedando el proceso monitorio sobreseído.

En cuanto a la segunda interpretación, esto es, continua el proceso en una nueva fase, pasando de la fase declarativa especial a una declarativa ordinaria, es seguida por GÓMEZ AMIGO14, en este sentido la jurisprudencia15 declara que el proceso ordinario posterior es una mera reconvención procesal del previo juicio monitorio sobre la misma relación jurídico material por lo que no puede hablarse de procesos independientes, ni implica que se trate de procesos diferentes el hecho de que estadísticamente uno y otro procedimiento consten registrados con número diferente, ni que uno y otro procedimiento se hayan tramitado independientemente.

Como se puede observar con estas distintas posturas o interpretaciones la naturaleza del proceso monitorio no aparece bien definida en la “jurisprudencia menor”, existiendo al respecto doctrina judicial contradictoria:

a) Existen resoluciones que entienden que estamos ante un proceso declarativo plenario especial. Así se indica en diversas resoluciones, la AP de Barcelona (sección 14ª) afirma que este procedimiento es según la mejor doctrina “un proceso declarativo especial que tiende a conseguir de una manera rápida un título de ejecución”16. En esta línea, la AP de Baleares, considera que “el proceso monitorio es declarativo porque su finalidad es la obtención de un título de ejecución, y es plenario porque el auto con el que finaliza, en caso de incomparecencia del deudor, produce plenos efectos de cosa juzgada. Es especial por su ámbito material, que son deudas dinerarias de hasta cinco millones de pesetas (30.000 euros), pero, sobre todo, por su estructura ya que el monitorio se basa en el silencio del deudor de manera que sólo existirá fase contradictoria en caso de oposición”17. De igual modo, el juicio monitorio ha sido calificado como “un proceso especial, plenario y rápido” por la AP de Sevilla18. En el mismo sentido la Audiencia Provincial de Toledo19.

No obstante, la tramitación de este proceso es radicalmente diferente en función de la actuación del sujeto pasivo del mismo. Así, para aquellos supuestos en que el deudor no haga efectiva la posibilidad de oponerse al requerimiento de pago, esta vía judicial finaliza por medio de auto, que produce efectos de cosa juzgada plena, pero adquiriendo especial virtualidad la verdadera finalidad de este juicio, que no es otra que obtener de la forma mas rápida posible un título ejecutivo, como pone de manifiesto la AP de Baleares, al sostener que este proceso “es declarativo porque su finalidad es la obtención de un título de ejecución, y es plenario porque el auto con el que finaliza, en caso de incomparecencia del deudor, produce plenos efectos de cosa juzgada”20.

b) Otras resoluciones consideran que se trata de un proceso con una naturaleza mixta21, siendo en una primera fase un proceso declarativo plenario especial, y en una segunda, si cumple sus fines, un proceso de ejecución, también especial. Así, para la Audiencia Provincial de Toledo22, la solución al problema de la naturaleza jurídica del proceso monitorio la hallamos atendiendo a la naturaleza jurídica de las dos fases en que se articula el proceso monitorio: la primera fase, hasta la creación del título, es un proceso declarativo especial, porque hay necesidad de declaración previa antes de poder dar satisfacción a la pretensión de creación del título ejecutivo interpuesta, en la que se dicte una resolución judicial que sancione la validez y eficacia del documento presentado, transformándolo en título ejecutivo, y permitiéndose así iniciar la ejecución. (art 814 y 815 de la LEC). La segunda fase implica a su vez dos posibilidades de transformación distintas, en ambos casos con cambio de naturaleza, es decir, el proceso monitorio deja de ser proceso declarativo especial, aunque sólo la primera de ellas afecta estrictamente al proceso que estamos considerando ahora: atendida la fundamentación documental y la conducta del demandado, si no comparece se transforma la naturaleza jurídica declarativa de ese proceso en ejecutiva. Y si el deudor no está de acuerdo con la pretensión monitoria del acreedor y se opone a ella, es decir, se niega a pagar la deuda reclamada, esta conducta transforma el proceso declarativo especial de la primera fase del monitorio en un proceso ordinario, a seguir estrictamente desde el punto de vista del procedimiento adecuado (ordinario o verbal) con las precisiones del artículo 818 LEC. De igual modo, la AP de Tarragona23.

c) Finalmente, alguna resolución considera que estamos ante un proceso especial de ejecución, como indica el Juzgado de 1ª Instancia núm. 3 de Santa Cruz de Tenerife, según el cual: “Sabido es que el proceso monitorio se configura en la LEC como un proceso especial de ejecución en base a la existencia de los títulos recogidos en el artículo 812”24.

IV.- COSTAS

Regulan los artículos 817 y 818 LEC el pago y la oposición del deudor respectivamente.

Del artículo 817 es de destacar que el legislador ha suprimido acertadamente el término “costas” que en un principio figuraba en su encabezamiento, que atribuímos, en su día, a un mero descuido sin importancia y que finalmente ha sido subsanado.

Como reflexión de lege ferenda que nos suscita esta disposición añadiríamos que quizás algún día deba de replantearse el legislador la necesidad de reintroducir nuevamente los gastos judiciales, y más teniendo en cuenta que el proceso monitorio está destinado a absorber un porcentaje muy elevado25 de todo el contencioso civil por deudas y, por lo tanto, que este proceso conllevará, presumiblemente, un notable incremento de trabajo para la oficina judicial en general, sin coste alguno para el justiciable. Baste constatar, para corroborar lo anterior, que hay países que mantienen el sistema de tasas judiciales, que en el caso de Alemania varían en función de la suma pedida por el acreedor en su escrito de petición inicial.

Del artículo 818 antes citado destacaríamos en primer lugar, que afirma que la sentencia que recaiga en la fase de oposición al mandato de pago tendrá fuerza de cosa juzgada. En segundo lugar, que dispone innecesariamente que “el escrito de oposición deberá ir firmado por abogado y procurador cuando su intervención fuere necesaria por razón de la cuantía, según las reglas generales”, cuando de la propia Ley no podía desprenderse otra interpretación distinta habida cuenta que el art. 31 LEC deja bien claro que se exceptúa solamente la intervención de abogado en “1º ... la petición inicial de los procedimientos monitorios”, y que con la fase de oposición al requerimiento de pago se inicia un proceso que no reviste singularidad alguna frente a cualquier otro procedimiento ordinario. Y en tercer lugar, que prevé una aceleración de la fase de oposición cuando la cuantía de la pretensión “no supere la propia del juicio verbal” que, nos merece un juicio positivo26.

A. – PAGO

Ante el requerimiento el deudor lo primero que puede hacer es pagar. En este caso, conforme al art. 817 LEC, "tan pronto como lo acredite" se le hará entrega del "justificante de pago y se archivarán las actuaciones". No se menciona que ocurrirá con las costas en el monitorio27.

No se contempla la hipótesis de que el pago del deudor sea parcial, sin embargo, no parece que convenga negar esta posibilidad28 para el monitorio ordinario, como máximo habría que condicionarla a la previa aceptación del acreedor29.

La Audiencia Provincial de Zaragoza30 pone de manifiesto que “es de considerar que no se imponen las costas, a los deudores, cuando atiendan el requerimiento de pago, por las consideraciones siguientes: El artículo 32.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no contiene un criterio de imposición de costas; sino, que "en la eventual condena en costas de la parte contraria" se incluyen los derechos y honorarios de Procuradores y Abogados cuando el domicilio del de la parte defendida y representado éste en lugar distinto de aquel en que se ha tramitado el juicio, cuando se aprecie necesidad en la conducta del condenado en costas; o bien se expresa cuando se excluyen tales derechos y honorarios. Los artículos 394 y 395, allanamiento, se refieren a normas generales de condena en costas en los procesos declarativos. El monitorio es un proceso especial con regulación propia, y el artículo 817 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice: "Pago del deudor. Si el deudor atendiese el requerimiento de pago, tan pronto como lo acredite, se le hará entrega de justificante de pago, y se archivarán las actuaciones." Nada dice en cuanto a las costas. El Auto proyecto de la Ley, en su artículo 807 manifestaba pago del deudor. Costas. Si el deudor atendiere el requerimiento de pago, tan pronto como lo acredita se le hará entrega del documento o documentos en que conste la deuda y se archivarán las actuaciones. (Este precepto pasó al Proyecto de Ley y al Texto Legal vigente, artículo 817), y contenía un segundo apartado: En el caso del párrafo anterior, se estará a lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 585 de esta Ley, en cuanto a las costas. Esta segunda prescripción no pasó al Proyecto de Ley y a la vigente Ley procesal civil.

El artículo 585 del Anteproyecto. Pago por el ejecutado, costas. Decía “en cuanto a éstas que no se impondrán las costas al ejecutado que atienda el requerimiento de pago, salvo que el ejecutante acredite haber intentado infructuosamente el cobro antes de la ejecución”. El artículo 817 no prevé la imposición de costas a los deudores cuando atiendan el requerimiento de pago, mientras que la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución dineraria y el proceso especial cambiario lo establece.

Si el deudor paga dentro de plazo, la mayor parte de los pronunciamientos jurisdiccionales entienden que no cabe imponerle las costas procesales31 por cuanto el art. 817 LEC ha prescindido completamente de regular tal aspecto, sin que sea necesario proceder a su integración interpretativa32. Así pues resultará indiferente que el acreedor tenga o no su domicilio fuera del lugar del juicio, a los efectos del art. 32.5 LEC, ya que ni siquiera existirá un título o condena en costas que permita abrir la tasación. En contra puede verse el Auto dictado por la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 14ª) de 14 de diciembre de 2.004.

La no exigencia de intervención de abogado y procurador para el trámite inicial del proceso monitorio plantea el problema de si es posible la representación voluntaria de la persona jurídica a efectos meramente procesales: a favor de esta opción se manifiesta el AAP de Barcelona de 6 de mayo de 2005, f.j. 2º (RJC 2005-III, p. 851), y en contra el AAP de Madrid de 30 de marzo de 2005, f.j. 4º.

No obstante, conviene hacer mención de la especialidad a que hace referencia el art. 21 LPH en materia de reclamación de cuotas comunitarias. Y así, mantiene el art. 21.6 LPH que “cuando en la solicitud inicial del proceso monitorio se utilizaren los servicios profesionales de abogado y procurador para reclamar las cantidades debidas a la Comunidad, el deudor deberá pagar, con sujeción en todo caso a los límites establecidos en el apartado tercero del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los honorarios y derechos que devenguen ambos por su intervención, tanto si aquél atendiere el requerimiento de pago como si no compareciere ante el tribunal”33.

Al fundamento de esta especialidad en materia de propiedad horizontal hace referencia la Audiencia Provincial de A Coruña34 en la que se imponen las costas al deudor ya que “[…] en principio el demandado es conocedor de las obligaciones que tiene como propietario, puesto que se le notificó el acuerdo de la junta en que se aprobaba la liquidación de la deuda por la que la Comunidad había decidido dirigirse judicialmente contra él, y desatendidas las oportunidades que ha tenido para cumplir, la Comunidad se ha visto en la necesidad de acudir al proceso y, por ese hecho, su derecho no debe sufrir un detrimento económico”.

Por lo demás, los límites a que hace referencia este precepto consisten en que la totalidad de los honorarios de ambos profesionales no excedan de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que hubieren obtenido tal pronunciamiento35.

En definitiva, entendemos que únicamente en el supuesto excepcional previsto en el art. 32.5 LEC, esto es, apreciación judicial de la temeridad del deudor, o domicilio del actor distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio, parece viable condenar en costas al deudor que paga, debiéndose analizar cada caso concreto.

Así y todo entendemos que así como la LEC establece como preceptiva la postulación procesal para asuntos que excedan de 900 euros nos parece descabellado que se obligue al acreedor a reclamar (si es que sabe como y donde) en el juzgado una deuda de 30.000 euros sin asistencia letrada y que para el caso de que solicite dicha asistencia tenga que sufragar los gastos de dicho profesional de su bolsillo sin poder repercutírselo al deudor por el concepto de costas.

B. - OPOSICIÓN

La Audiencia Provincial de Zaragoza (sección 5ª), en Auto de 22 de marzo de 2002 también establece que “puesto que la invocación del crédito realizado por el acreedor obliga al deudor a posicionarse frente a aquella reclamación, dadas las drásticas consecuencias que el legislador anuda a las diferentes posturas del demandado, no tolera que de oponerse este último pueda el demandante eludir seguir el cauce del contradictorio, imponiéndole la carga de promoverlo y asociando al hecho de no hacerlo la obligación de soportar las costas (art. 818.2), evitándose un uso abusivo de este proceso monitorio.”

Para el caso de allanamiento del deudor en el contradictorio, como consecuencia de la oposición esgrimida por aquél tras el requerimiento de pago que se le hizo en el proceso monitorio la jurisprudencia36 viene aplicando de forma automática la condena en costas, equiparando requerimiento fehaciente de pago a mala fe.

Por otro lado si hay oposición del deudor y el acreedor no interpone la demanda declarativa en el plazo de un mes, siendo lo procedente cuando la cuantía de la pretensión supere los 3.000 euros, se condenará en costas al acreedor y de igual modo debemos entender en el caso de que el acreedor no comparezca a la vista, en aquellos procesos en que la cuantía de la pretensión no alcance la cifra de 3.000 euros.

Es decir, en el procedimiento monitorio de la LEC cabe la posibilidad de imposición de costas por tres motivos, a saber, por lo que respecta al deudor en el caso de que se oponga al monitorio y se allane en el contradictorio, por lo que respecta al acreedor para el caso en que haya oposición del deudor y el acreedor no interponga la demanda declarativa en el plazo de un mes o no comparezca a la vista, y una común para ambos, tanto acreedor como deudor, para el caso en que existiendo oposición se continúe el procedimiento según su cuantía que se regirá en materia de costas por las reglas generales37.

En materia de propiedad horizontal, debe tenerse en cuenta el art. 21.6 LPH cuando expresa que “[...] en los casos en que exista oposición, se seguirán las reglas generales en materia de costas, aunque si el acreedor obtuviere una sentencia totalmente favorable a su pretensión, se deberán incluir en ellas los honorarios del abogado y los derechos del procurador derivados de su intervención, aunque no hubiera sido preceptiva”.

Entendemos que hubiese sido necesario, a efectos de evitar pretensiones u oposiciones totalmente infundadas o temerarias, prever que en la sentencia del juicio declarativo ordinario el juez podrá pronunciarse sobre las costas generadas en el inicial proceso monitorio38 al igual que sucede para los casos en los que el actor no interpone la demanda en el plazo de un mes desde el traslado del escrito de oposición39.

C. – EJECUCIÓN

Debemos comenzar este epígrafe diciendo que en principio la incomparecencia del deudor requerido no genera costas procesales, pues para la interposición de la petición monitoria, como hemos visto mas arriba, no es preceptiva la intervención de abogado y procurador. Sin embargo a esta regla general se deben hacer dos puntualizaciones, que son, en primer lugar, resulta de aplicación lo establecido en el art. 32.5 LEC, por lo que sí es posible condenar en costas al demandado cuando el tribunal aprecie temeridad en su conducta o el domicilio de la parte actora esté en lugar distinto a aquél en que se ha tramitado el juicio40, y, en segundo lugar, la eventual inexistencia de costas en el juicio monitorio no excluye el pago de las que se generen durante el proceso de ejecución41.

Así pues, en el supuesto de incomparecencia del deudor el art. 816.2 de la LEC prevé que despachada ejecución, proseguirá ésta conforme a lo dispuesto para la de sentencias judiciales […]. Y nos dice el art. 539.1 LEC en esta materia que en las actuaciones del proceso de ejecución para las que esta Ley prevea expresamente pronunciamiento sobre costas, las partes deberán satisfacer los gastos y costas que les correspondan conforme a lo previsto en el art. 241 de esta Ley, sin perjuicio de los reembolsos que procedan tras las decisión del tribunal sobre las costas. A estos efectos, deberá tenerse en cuenta si se ha requerido o no la intervención de abogado y procurador42 así como lo previsto en el art. 32.5 LEC.

V.- ADOPTAR EL PROCEDIMIENTO EUROPEO?

Comenzaremos como hemos hecho mas arriba con el procedimiento regulado en la LEC estableciendo el objeto de dicho procedimiento, así pues, El proceso monitorio europeo se establece para el cobro de créditos pecuniarios, de importe determinado, vencido y exigible en la fecha en que se presente la petición de requerimiento europeo de pago en el ámbito de asuntos transfronterizos43.

En este apartado vamos a exponer y comparar de forma sucinta la conveniencia a no de la utilización del procedimiento monitorio europeo o el procedimiento monitorio regulado en la LEC basándonos solo en cuanto a las tres posiciones del procedimiento monitorio, es decir, oponerse, pagar o guardar silencio.

A.- En cuanto a la posible oposición del deudor:

El escrito de oposición se presentará cumplimentando el formulario normalizado correspondiente44 en el que el deudor deberá indicar que impugna la deuda, sin que esté obligado a motivarlo45, a diferencia del modelo español46. Dicho escrito se presentará en papel o mediante cualquier otro medio de comunicación, incluido el soporte electrónico y deberá llevar la firma del demandante o de su representante y, en caso de que se presente por medios electrónicos, mediante la firma electrónica47.

El plazo para presentar el escrito de oposición es de 30 días desde la fecha de notificación al demandado del requerimiento de pago48.

El efecto principal de la presentación del escrito de oposición es la continuación ante los órganos jurisdiccionales competentes del Estado miembro de origen y según las normas del proceso civil ordinario49, salvo que el demandante haya solicitado que en caso de presentación de oposición por parte del demandado se ponga fin al procedimiento50.

A tenedor de lo dispuesto en el art 17 cabe efectuar dos consideraciones51, en primer lugar, en cuanto a la remisión del asunto a un procedimiento ordinario el traslado en principio se produce automáticamente, salvo que, a instancia de la parte demandante se solicite el fin del procedimiento en caso de oposición; y en segundo término, respecto a si el escrito de oposición invalida el requerimiento de pago o si el requerimiento de pago se convierte en el objeto del subsiguiente procedimiento ordinario, la Posición Común remite a las normas del proceso civil ordinario del Estado miembro de origen.

B.- En cuanto a la no oposición por el demandado,

Transcurrido el plazo para oponerse sin que se verifique la oposición, el tribunal, teniendo en cuenta el tiempo apropiado para la recepción del escrito toda vez que dicho escrito será enviado al tribunal normalmente por correo, y verificada la fecha de notificación, declarará ejecutiva la reclamación y dictará una resolución de formulario de requerimiento de pago ejecutivo que se enviará al demandante.

El procedimiento de ejecución se regirá por el derecho del estado miembro y con las mismas condiciones que una resolución ejecutiva del citado estado.

Si se pretende ejecutar en otro estado miembro, el demandante ejecutante deberá presentar ante las autoridades de ejecución competentes en dicho estado, una copia del requerimiento europeo de pago declarado ejecutivo por el órgano jurisdiccional de origen que cumpla las condiciones necesarias para determinar su autenticidad52.

El requerimiento de pago que haya adquirido fuerza ejecutiva en el estado miembro de origen será reconocido y ejecutado en los demás estados miembros, sin posibilidad de impugnar su reconocimiento y sin que sea necesaria su convalidación mediante el exequátur53.

En definitiva, siguiendo lo expuesto en líneas anteriores es de destacar en cuanto a la oposición al requerimiento será difícil su utilización por cuanto que deberá remitirse al órgano jurisdiccional de origen, con los problemas inherentes al uso de los distintos idiomas y de traducción.

Más allá de los defectos de técnica legislativa del reglamento, su falta de previsión normativa y remisión a otros Reglamentos, en cuestiones tan esenciales como la competencia y la forma de notificación, genera una sensación general de dudas sobre su futura aplicabilidad y, sobre todo, utilidad.

Desde un punto de vista práctico54, limitándonos al momento de oposición o falta de comparecencia del deudor, no encontramos aplicabilidad ni utilidad a este proceso monitorio, salvo la de no se limita la cuantía del proceso, no encontramos sentido a este procedimiento, es decir, si solicitamos un requerimiento europeo de pago contra un deudor con residencia en un estado miembro, el requerimiento lo habremos de solicitar ante Juzgados españoles, una vez practicado el requerimiento de pago sobre el deudor (tengamos en cuenta que los trámites de notificación de actos judiciales serán mucho más lentos que si se practicasen en el Estado de residencia del requerido) y sus bienes están localizados en su país de residencia, cabe preguntarnos si no sería mejor acudir a un profesional en el propio país del deudor para iniciar un proceso monitorio interno; igualmente cabe preguntarnos de qué nos sirve iniciar un proceso monitorio europeo en España para requerir de pago a un sujeto domiciliado en otro Estado miembro si igualmente debemos acudir a ejecutar al Estado de residencia.

Así pues entendemos que este procedimiento europeo dista mucho de la finalidad que se ha previsto, esto es, la rápida recuperación de créditos en asuntos transfronterizos. Con lo visto hasta ahora, y teniendo en cuenta que lo hemos restringido a la oposición y a la ejecución, no lo vemos con una utilidad próxima en el tiempo55.

VI.- ANEXO

Actualmente el proceso monitorio se encuentra prácticamente extendido por toda Europa constituyendo el procedimiento más utilizado ante los Tribunales de Justicia.

Tal y como adelantamos en la página siete de este trabajo vamos a mostrar algunas estadísticas –década de los años 90- sobre la incidencia práctica del proceso monitorio en algunos países europeos56:

a) Austria: el ordenamiento jurídico austríaco cuenta, al igual que la República Federal de Alemania, con un antiquísimo proceso monitorio puro, regulado en los art. 488 y ss. De su Código Procesal Civil (ZPO) que data del año 1895.

En el año 1994, se emitieron por sus cauces un total de 857.038 mandatos de pago, que fueron objeto de una impugnación (Einspruch) en un 10,15% de los casos y representaron, por sí solos, un 78,42% de todo el contencioso civil de este país.

b) Francia: nuestro país vecino cuenta, desde el año 1937, con un procedimiento monitorio de tipo documental regulado en los artículos 1405 a 1425 del Nouveau Code de Procédure Civile.

Si bien no disponemos de estadísticas recientes sobre el mismo, podemos afirmar que el número de mandatos de pago emitidos en Francia ronda actualmente el millón, situándose la impugnación frente a los mismos en torno al 5%.

Optan mayoritariamente por el proceso monitorio:

a´) Las compañías aseguradoras, que reclaman un 96% de las deudas que ostentan para con sus clientes.

b´) Los agentes comerciales, inmobiliarios y comisionistas, que reclaman un 91% de las mismas.

c´) o los organismos de crédito, que reclaman un 89% de éstas.

c) Italia: cuna del histórico mandatum de solvendo cum clausula iustificativa, Italia cuenta, desde el año 1922, con un proceso monitorio de tipo documental regulado en los artículos 633 a 656 de su Codice di Procedura Civile, muy próximo al histórico Mandatsverfahren austríaco.

Concretamente, en este país se triplicó en poco menos de diez años el número de mandatos de pago emitidos, pasando de 272.837 a 970.784, siendo las zonas más industrializadas del país las que anualmente registran un mayor uso de este proceso

d) Alemania: este Estado, que cuenta en la actualidad con uno de los procesos monitorios de tipo “puro” más antiguos de toda Europa, es el que registra, actualmente también, las cifras más espectaculares en su utilización. Concretamente, la cifra de mandatos de pago emitidos superó la cuantía de los ocho millones, gran parte de los cuales se tramitaron por ordenador (Maschinelle Bearbeitung).

Ejemplo práctico de proceso monitorio: el “Mahnverfahren” alemán57.

Ofreceremos un ejemplo de cómo se regula el proceso monitorio en los artículos 688 y siguientes de la Ley Procesal Civil alemana, cuya regulación normativa entendemos es técnicamente la mejor de Europa.

A tenor de lo establecido en el artículo 688.1 ZPO, pueden reclamarse a través del proceso monitorio alemán “aquellas pretensiones que tengan por objeto el pago de una determinada cantidad de dinero en moneda nacional” (inclusive letras de cambio, cheques o pagarés, artículo 703 a ZPO), siempre y cuando no dependan de alguna contraprestación y la notificación del mandato de pago no deba realizarse por edictos.

Dicho proceso se inicia entonces mediante un simple escrito de petición inicial, en el cual hace constar el acreedor los extremos que fija la Ley, como son la identificación de cada una de las partes; la designación del juzgado competente para conocer de la petición; la cuantía que se reclama (que no se sujeta a ningún tipo de límite) y el concepto por el cual se demanda al deudor. Es de destacar asimismo que, con carácter general, resulta competente para conocer de la misma el Amtsgericht u órgano jurisdiccional de primera instancia en el cual tenga el solicitante su fuero general (artículo 689 ZPO).

Dicha petición, junto a la cual no se exige la aportación de ningún documento y de la que ni tan siquiera conoce el juez sino un auxiliar suyo (el Recthspfleger, concretamente), da lugar entonces a la emisión por parte del órgano jurisdiccional de un Mahnbescheid o mandato de pago que se notifica inmediatamente de oficio al deudor, por el que se le requiere para que en un plazo de dos semanas desde la fecha de la expresada notificación, proceda al pago de la deuda con sus correspondientes intereses y gastos judiciales, y por el que se le advierte asimismo que, de no formular oposición dentro de dicho plazo, el mandato de pago devendrá título ejecutivo. Por lo demás, en el mencionado mandato se hace constar también, entre otros extremos, que el órgano jurisdiccional no ha comprobado si la pretensión del acreedor (que no la del “demandante”, por cuanto que ningún proceso contencioso se ha iniciado todavía) es verídica (§ 692.1.2 ZPO).

Frente a dicha notificación, dispone entonces el deudor de tres alternativas bien distintas:

1ª.- Pagar la deuda, en cuyo caso el proceso finaliza sin más, habiendo cumplido así perfectamente su cometido;

2ª.- Oponerse al mandato de pago, para lo cual basta simplemente con exteriorizar el deseo de hacerlo mediante el uso, por ejemplo, de las palabras “me opongo” (“Ich widerspreche”), iniciándose desde aquel momento (previa interposición de una demanda debidamente fundamentada por parte del acreedor inicial en un plazo máximo de dos semanas), un procedimiento ordinario normal y corriente que se tramita por los cauces del juicio declarativo ordinario correspondiente en función del Tribunal de primera instancia (Amtsgericht o Landgericht) que deberá conocer del mismo (y no, como en España, por los cauces del juicio ordinario que correspondería por razón de la cuantía);

3ª.- O bien guardar silencio, en cuyo caso se presume que esta actitud es equiparable a una situación de rebeldía voluntaria, motivo por el cual se dicta por el órgano jurisdiccional un Vollstreckungsbescheid o mandato de pago ejecutivo que la ley (§ 700 ZPO) asimila expresamente a una sentencia dictada en rebeldía contra la que cabe, por lo tanto, recurso de audiencia al litigante rebelde (Einspruch).

DIRECTIVA 2008/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

2007-07-22T04:12:00.000-07:00

DIRECTIVA 2008/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL

CONSEJO

de 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de la mediación

en asuntos civiles y mercantiles

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 61,

letra c), y su artículo 67, apartado 5, segundo guión, Vista la propuesta de la

Comisión, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1), De

conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2),

Considerando lo siguiente:

(1) La Comunidad se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de

libertad, seguridad y justicia donde esté garantizada la libre circulación de personas.

Con este fin, la Comunidad debe adoptar, entre otras cosas, las medidas de

cooperación judicial en materia civil que sean necesarias para el correcto

funcionamiento del mercado interior.

(2) El principio de acceso a la justicia es fundamental y, con vistas a facilitar y mejorar

el acceso a la justicia, el Consejo Europeo, en su reunión de Tampere de 15 y 16 de

octubre de 1999, instó a los Estados miembros a que instauraran procedimientos

alternativos de carácter extrajudicial.

(3) En mayo de 2000, el Consejo adoptó unas Conclusiones sobre modalidades

alternativas de solución de conflictos en asuntos civiles y mercantiles, en las que indicó

que la definición de principios fundamentales en ese ámbito constituye un paso

fundamental para permitir el desarrollo y funcionamiento adecuados de los

procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos en asuntos civiles y

mercantiles, de manera que se simplifique y mejore el acceso a la justicia.

(4) En abril de 2002, la Comisión presentó un Libro Verde sobre las modalidades

alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil en el

que hacía balance de la situación imperante en lo que respecta a métodos de solución

en la Unión Europea y con el que inició una amplia consulta con los Estados miembros

y las partes interesadas sobre posibles medidas para promover el uso de la mediación.

(5) El objetivo de asegurar un mejor acceso a la justicia, como parte de la política de

la Unión Europea encaminada a establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia,

debe abarcar el acceso a métodos tanto judiciales como extrajudiciales de resolución

de litigios. La presente Directiva debe contribuir al correcto funcionamiento del

mercado interior, en particular en lo referente a la disponibilidad de servicios de

mediación.

(6) La mediación puede dar una solución extrajudicial económica y rápida a conflictos

en asuntos civiles y mercantiles, mediante procedimientos adaptados a las necesidades

de las partes. Es más probable que los acuerdos resultantes de la mediación se

cumplan voluntariamente y también que preserven una relación amistosa y viable

entre las partes. Estos beneficios son aún más perceptibles en situaciones que

presentan elementos transfronterizos.

(7) Para promover el uso más frecuente de la mediación y garantizar que las partes

que recurran a ella puedan contar con marco jurídico predecible, es necesario

establecer una legislación marco que aborde, en particular, los aspectos fundamentales

del procedimiento civil.

(8) Las disposiciones de la presente Directiva solo se refieren a los procedimientos de

mediación en litigios transfronterizos, pero nada debe impedir que los Estados

miembros apliquen dichas disposiciones también a procedimientos de mediación de

carácter nacional.

(9) La presente Directiva no debe impedir en modo alguno la utilización de las nuevas

tecnologías de comunicaciones en los procedimientos de mediación. 24.5.2008 ES

Diario Oficial de la Unión Europea L 136/3

(1) DO C 286 de 17.11.2005, p. 1.

(2) Dictamen del Parlamento Europeo de 29 de marzo de 2007 (DOC 27 E de

31.1.2008, p. 129), Posición Común del Consejo de 28 de febrero de 2008 (no

publicada aún en el Diario Oficial) y Posición del Parlamento Europeo de 23 de abril de

2008 (no publicada aún en el Diario Oficial).

(10) La presente Directiva debe aplicarse a los procedimientos en los que dos o más

partes en un conflicto transfronterizo intenten voluntariamente alcanzar por sí mismas

un acuerdo amistoso sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un mediador.

Debe aplicarse a asuntos civiles y mercantiles. No obstante no debe aplicarse a los

derechos y obligaciones que las partes no sean libres de decidir por sí mismas en

virtud de la legislación aplicable pertinente. Estos derechos y obligaciones son

especialmente frecuentes en los ámbitos del Derecho de familia y del Derecho laboral.

(11) La presente Directiva no debe aplicarse a las negociaciones precontractuales ni a

los procedimientos de carácter cuasi jurisdiccional como determinados mecanismos de

conciliación judicial, los sistemas aplicables a las reclamaciones de consumo, el

arbitraje, y la determinación por experto, y tampoco a los procesos administrados por

personas u órganos que formulan recomendaciones formales, ya sean jurídicamente

vinculantes o no, sobre la solución del conflicto.

(12) La presente Directiva debe ser aplicable a los casos en que un órgano

jurisdiccional remite a las partes a la mediación o en que la legislación nacional

prescribe la mediación. Debe asimismo ser aplicable, en la medida en que el Derecho

nacional permita a un juez actuar como mediador, a la mediación llevada a cabo por

un juez que no sea responsable de ningún proceso judicial relacionado con la cuestión

o cuestiones objeto del litigio. No obstante, deben quedar excluidas del ámbito de

aplicación de la presente Directiva las gestiones que el órgano jurisdiccional o juez

competente para conocer del conflicto realice en el contexto de un proceso judicial

relativo a dicho conflicto, así como los casos en los que el órgano jurisdiccional o el

juez solicitan ayuda o asesoramiento de una persona competente.

(13) La mediación a que se refiere la presente Directiva debe ser un procedimiento

voluntario, en el sentido de que las partes se responsabilizan de él y pueden

organizarlo como lo deseen y darlo por terminado en cualquier momento. No obstante,

el Derecho nacional debe dar a los órganos jurisdiccionales la posibilidad de establecer

límites temporales al procedimiento de mediación; por otra parte, también deben

poder señalar a las partes la posibilidad de la mediación, cuando resulte oportuno.

(14) Nada de lo dispuesto en la presente Directiva debe afectar a la legislación

nacional que haga obligatorio el uso de la mediación o que la someta a incentivos o

sanciones, siempre que tal legislación no impida a las partes el ejercicio de su derecho

de acceso al sistema judicial. Tampoco afectará nada de lo dispuesto en la presente

Directiva a los sistemas de mediación autorreguladores vigentes, en la medida en que

se ocupen de aspectos que no estén cubiertos por la presente Directiva.

(15) Para ofrecer seguridad jurídica, la presente Directiva debe indicar la fecha que ha

de tenerse en cuenta para determinar si un litigio que las partes intentan resolver por

mediación reviste o no carácter transfronterizo. A falta de acuerdo escrito, debe

considerarse que las partes convienen en recurrir a la mediación en la fecha en que

toman medidas concretas para iniciar el procedimiento de mediación.

(16) Para asegurar la necesaria confianza mutua en lo que respecta a la

confidencialidad, el efecto sobre los plazos de caducidad y prescripción, y el

reconocimiento y ejecución de los acuerdos resultantes de la mediación, los Estados

miembros deben promover, por los medios que consideren adecuados, la formación de

mediadores y el establecimiento de mecanismos eficaces de control de calidad relativos

a la prestación de servicios de mediación.

(17) Los Estados miembros deben definir mecanismos de este tipo, que pueden incluir

el recurso a soluciones disponibles en el mercado, pero no deben quedar obligados a

aportar financiación para ello. Los mencionados mecanismos deben aspirar a preservar

la flexibilidad del procedimiento de mediación y la autonomía de las partes, y a

garantizar que la mediación se lleve a cabo de una forma eficaz, imparcial y

competente. Es importante que se informe a los mediadores de la existencia del

Código de conducta europeo para los mediadores, al que también debe poder acceder

el público en general a través de Internet.

(18) En el ámbito de la protección del consumidor, la Comisión adoptó una

Recomendación (1) que establece los criterios mínimos de calidad que los órganos

extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo deben

ofrecer a sus usuarios. Se debe alentar a todos los mediadores u organizaciones que

entran en el ámbito de aplicación de dicha Recomendación a que respeten sus

principios. Para facilitar la difusión de la información relativa a tales órganos, la

Comisión debe crear una base de datos de los sistemas extrajudiciales que, a juicio de

los Estados miembros, respetan los principios de la Recomendación.

(19) La mediación no debe considerarse como una alternativa peor que el proceso

judicial por el hecho de que el cumplimiento del acuerdo resultante de la mediación

dependa de la buena voluntad de las partes. Por tanto, los Estados miembros deben

asegurar que las partes en un acuerdo escrito resultante de la mediación puedan hacer

que su contenido tenga fuerza ejecutiva. Los Estados miembros solamente deben

poder negarse a que un acuerdo tenga fuerza ejecutiva cuando su contenido sea

contrario a su legislación, incluido su Derecho internacional privado, o cuando esta no

disponga la fuerza ejecutiva del contenido del acuerdo específico. Así podría ocurrir

cuando la obligación especificada en el acuerdo no tuviese fuerza ejecutiva por su

propia índole.

L 136/4 ES Diario Oficial de la Unión Europea 24.5.2008

(1) Recomendación 2001/310/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2001, relativa a los

principios aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios

en materia de consumo (DO L 109 de 19.4.2001, p. 56).

20) El contenido de los acuerdos resultantes de la mediación que hayan adquirido

carácter ejecutivo en un Estado miembro debe ser reconocido y declarado ejecutivo en

los demás Estados miembros, de conformidad con la legislación comunitaria o nacional

aplicable, por ejemplo sobre la base del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de

22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la

ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (1), o del Reglamento

(CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la

competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia

matrimonial y de responsabilidad parental (2).

(21) El Reglamento (CE) no 2201/2003 dispone expresamente que los acuerdos entre

las partes deben tener fuerza ejecutiva en el Estado miembro en el que se han

celebrado para poder ser ejecutivos en otro Estado miembro. Por consiguiente, si el

contenido de un acuerdo resultante de la mediación en el ámbito del Derecho de

familia no tiene fuerza ejecutiva en el Estado miembro en el que ha sido celebrado o

en el que se solicita que se le dé carácter ejecutivo, la presente Directiva no debe

alentar a las partes a eludir la legislación del Estado miembro en cuestión mediante

gestiones encaminadas a dotarlo de fuerza ejecutiva en otro Estado miembro.

(22) La presente Directiva no afectará a las normas de los Estados miembros

aplicables a la ejecución de acuerdos que sean resultado de una mediación.

(23) Dada la importancia de la confidencialidad en el procedimiento de mediación, es

necesario que la presente Directiva contenga disposiciones que estipulen un grado

mínimo de compatibilidad de las normas procesales civiles en lo que se refiere al modo

en que se protege la confidencialidad de la mediación en todo proceso judicial o de

arbitraje ulterior, ya sea de carácter civil o mercantil.

(24) Con el fin de alentar a las partes a hacer uso de la mediación, los Estados

miembros deben garantizar que sus normas sobre plazos de caducidad y prescripción

no impidan a las partes recurrir a los tribunales o al arbitraje en caso de que fracase su

intento de mediación. Los Estados miembros deben asegurarse de que se obtenga este

resultado, aun cuando la presente Directiva no armonice las normas nacionales sobre

prescripción y caducidad. Las disposiciones sobre los plazos de caducidad y

prescripción de los acuerdos internacionales, tal como se aplican en los Estados

miembros, por ejemplo en el ámbito de la legislación sobre transportes, no deben

verse afectadas por la presente Directiva.

(25) Los Estados miembros deben alentar a que se informe al público en general de la

forma de entablar contacto con mediadores y organizaciones que presten servicios de

mediación. También deben alentar a los profesionales del Derecho a informar a sus

clientes de las posibilidades que ofrece la mediación.

(26) De conformidad con el punto 34 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor»

(3), se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la

Comunidad, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la

concordancia entre las directivas y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos.

(27) La presente Directiva trata de promover los derechos fundamentales y tiene en

cuenta los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos

Fundamentales de la Unión Europea.

(28) Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de

manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión

o a los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad

está facultada para adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad

consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de

proporcionalidad, enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo

necesario para alcanzar dichos objetivos.

(29) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y

de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la

Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda han comunicado su voluntad de

participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva.

(30) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de

Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la

Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y,

por tanto, no está vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.

24.5.2008 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 136/5

(1) DO L 12 de 16.1.2001, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el

Reglamento (CE) no 1791/2006 (DO L 363 de 20.12.2006, p. 1).

(2) DO L 338 de 23.12.2003, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no

2116/2004 (DO L 367 de 14.12.2004, p. 1). (3) DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Finalidad y ámbito de aplicación

1. El objetivo de la presente Directiva es facilitar el acceso a modalidades alternativas

de solución de conflictos y fomentar la resolución amistosa de litigios promoviendo el

uso de la mediación y asegurando una relación equilibrada entre la mediación y el

proceso judicial.

2. La presente Directiva se aplicará, en los litigios transfronterizos, en los asuntos

civiles y mercantiles, con la salvedad de aquellos derechos y obligaciones que no estén

a disposición de las partes en virtud de la legislación pertinente. No se aplicará, en

particular, a los asuntos fiscales, aduaneros o administrativos ni a la responsabilidad

del Estado por actos u omisiones en el ejercicio de su autoridad soberana (acta iure

imperii).

3. En la presente Directiva, se entenderá por «Estado miembro » cualquier Estado

miembro, con excepción de Dinamarca.

Artículo 2

Litigios transfronterizos

1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por litigio transfronterizo aquel en

que al menos una de las partes está domiciliada o reside habitualmente en un Estado

miembro distinto del Estado miembro de cualquiera de las otras partes en la fecha en

que:

a) las partes acuerden hacer uso de la mediación una vez surgido el litigio, o

b) un tribunal dicte la mediación,

c) sea obligatorio recurrir a la mediación a tenor de la legislación nacional, o

d) a efectos del artículo 5, se remita una invitación a las partes.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, a efectos de los artículos 7 y 8 de la

presente Directiva, también se entenderá por litigio transfronterizo aquel en el que se

inicie un procedimiento judicial o un arbitraje tras la mediación entre las partes en un

Estado miembro distinto de aquel en que las partes estén domiciliadas o residan

habitualmente en la fecha que contempla el apartado 1, letras a), b) o c).

3. A efectos de los apartados 1 y 2, el domicilio se determinará de conformidad con los

artículos 59 y 60 del Reglamento (CE) no 44/2001.

Artículo 3

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) «mediación»: un procedimiento estructurado, sea cual sea su nombre o

denominación, en el que dos o más partes en un litigio intentan voluntariamente

alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un

mediador. Este procedimiento puede ser iniciado por las partes, sugerido u ordenado

por un órgano jurisdiccional o prescrito por el Derecho de un Estado miembro.

Incluye la mediación llevada acabo por un juez que no sea responsable de ningún

procedimiento judicial vinculado a dicho litigio. No incluye las gestiones para resolver

el litigio que el órgano jurisdiccional o el juez competentes para conocer de él realicen

en el curso del proceso judicial referente a ese litigio;

b) «mediador»: todo tercero a quien se pida que lleve a cabo una mediación de forma

eficaz, imparcial y competente, independientemente de su denominación o profesión

en el Estado miembro en cuestión y del modo en que haya sido designado o se le haya

solicitado que lleve a cabo la mediación.

Artículo 4

Calidad de la mediación

1. Los Estados miembros fomentarán, de la forma que consideren conveniente, la

elaboración de códigos de conducta voluntarios y la adhesión de los mediadores y las

organizaciones que presten servicios de mediación a dichos códigos, así como otros

mecanismos efectivos de control de calidad referentes a la prestación de servicios de

mediación.

2. Los Estados miembros fomentarán la formación inicial y continua de mediadores

para garantizar que la mediación se lleve a cabo de forma eficaz, imparcial y

competente en relación con las partes.

Artículo 5

Recurso a la mediación

1. El órgano jurisdiccional que conozca de un asunto, cuando proceda y teniendo en

cuenta todas las circunstancias del caso, podrá proponer a las partes que recurran a la

mediación para solucionar el litigio. Asimismo el órgano jurisdiccional podrá pedir a las

partes que asistan a una sesión informativa sobre el uso de la mediación, si se

celebran tales sesiones y si son fácilmente accesibles.

L 136/6 ES Diario Oficial de la Unión Europea 24.5.2008

2. La presente Directiva no afectará a la legislación nacional que estipule la

obligatoriedad de la mediación o que la someta a incentivos o sanciones, ya sea antes

o después de la incoación del proceso judicial, siempre que tal legislación no impida a

las partes el ejercicio de su derecho de acceso al sistema judicial.

Artículo 6

Carácter ejecutivo de los acuerdos resultantes de la mediación

1. Los Estados miembros garantizarán que las partes, o una de ellas con el

consentimiento explícito de las demás, puedan solicitar que se dé carácter ejecutivo al

contenido de un acuerdo escrito resultante de una mediación. El contenido de tal

acuerdo se hará ejecutivo a menos que, en el caso de que se trate, bien el contenido

de ese acuerdo sea contrario al Derecho del Estado miembro donde se formule la

solicitud, bien la legislación de ese Estado miembro no contemple su carácter

ejecutivo.

2. El contenido del acuerdo podrá adquirir carácter ejecutivo en virtud de sentencia,

resolución o acto auténtico emanado de un órgano jurisdiccional u otra autoridad

competente, de conformidad con la legislación del Estado miembro en el que se

formule la solicitud.

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los órganos jurisdiccionales u

otras autoridades competentes para recibir una solicitud de conformidad con los

apartados 1 y 2.

4. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las normas aplicables al

reconocimiento y a la ejecución en otro Estado miembro de un acuerdo que haya

adquirido carácter ejecutivo de conformidad con el apartado 1.

Artículo 7

Confidencialidad de la mediación

1. Dado que la mediación debe efectuarse de manera que se preserve la

confidencialidad, los Estados miembros garantizarán, salvo acuerdo contrario de las

partes, que ni los mediadores ni las personas que participan en la administración del

procedimiento de mediación estén obligados a declarar, en un proceso judicial civil o

mercantil o en un arbitraje, sobre la información derivada de un procedimiento de

mediación o relacionada con dicho proceso, excepto:

a) cuando sea necesario por razones imperiosas de orden público en el Estado

miembro de que se trate, en particular cuando así lo requiera la protección del interés

superior del menor o la prevención de daños a la integridad física o psicológica de una

persona, o

b) cuando el conocimiento del contenido del acuerdo resultante de la mediación sea

necesaria para aplicar o ejecutar dicho acuerdo.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no impedirá a los Estados miembros aplicar medidas

más estrictas para proteger la confidencialidad de la mediación.

Artículo 8

Efecto de la mediación sobre los plazos de caducidad y prescripción

1. Los Estados miembros garantizarán que el hecho de que las partes que opten por la

mediación con ánimo de solucionar un litigio no les impida posteriormente iniciar un

proceso judicial o un arbitraje en relación con dicho litigio por haber vencido los plazos

de caducidad o prescripción durante el procedimiento de mediación.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 se entenderá sin perjuicio de las disposiciones sobre

plazos de caducidad o prescripción incluidas en los acuerdos internacionales en que

sean partes los Estados miembros.

Artículo 9

Información al público

Los Estados miembros fomentarán, por los medios que consideren oportunos, el

acceso del público en general, en particular vía Internet, a la información sobre la

forma de ponerse en contacto con mediadores y organismos que presten servicios de

mediación.

Artículo 10

Información sobre los órganos jurisdiccionales y autoridades competentes

La Comisión hará accesible públicamente, por los medios que considere oportunos, la

información sobre los órganos jurisdiccionales o autoridades competentes que le hayan

comunicado los Estados miembros de conformidad con el artículo 6, apartado 3.

Artículo 11

Revisión

A más tardar el 21 de mayo de 2016, la Comisión presentará al Parlamento Europeo,

al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación de la

presente Directiva. El informe examinará el desarrollo de la mediación en la Unión

Europea y el impacto de la presente Directiva en los Estados miembros. Si es

necesario, el informe irá acompañado de propuestas de adaptación de la presente

Directiva.

24.5.2008 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 136/7

Artículo 12

Incorporación al ordenamiento jurídico de los Estados miembros

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y

administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva antes del 21

de mayo de 2011, con excepción del artículo 10, al que deberá darse cumplimiento el

21 de noviembre de 2010 a más tardar. Informarán inmediatamente de ello a la

Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la

presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial.

Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales

disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente

Directiva.

Artículo 13

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario

Oficial de la Unión Europea.

Artículo 14

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Estrasburgo, el 21 de mayo de 2008.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

H.-G. PÖTTERING

Por el Consejo

El Presidente

J. LENARCIC

L 136/8 ES Diario Oficial de la Unión Europea 24.5.2008

EL TS avala la práctica de la mediación como alternativa para la resolución de conflictos

2007-07-22T03:59:00.000-07:00

Fecha: 20 de mayo de 2010

Órgano: Tribunal Supremo

Sala: Sala I de lo Civil, Sección 1

Ponente: XAVIER O`CALLAGHAN MUÑOZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

CUARTO .- En definitiva, la legataria no eligió tácitamente la opción del usufructo. Por lo cual, la sentencia recurrida, que confirma la de primera instancia, es correcta al aprobar el cuaderno particional que atribuye a la legataria el dominio del tercio de libre disposición y la cuota legitimaría, aceptando la lección expresa que hizo en documento privado.

Sin embargo, no es baldío recordar aquí lo que ya las sentencias de esta sala de 2 de julio de 2007, 3 de julio de 2007, 5 de marzo de 2010 , sobre la mediación. Este caso, propio de una sucesión mortis causa , no sólo refleja un problema de atribuciones patrimoniales, sino un enfrentamiento familiar, que se vislumbra claramente en los escritos obrantes en autos, que podría haberse evitado yendo a la solución alternativa de la mediación, si las partes hubieran querido o la ley lo hubiera previsto, que no la hay, pero aparece cada vez más una corriente favorable a la misma, que ha tenido reflejo legal en la Directiva 2008/52 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008 , sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, en la Ley 15/2009, de 22 de julio, de la Comunidad Autónoma de Cataluña , de mediación en el ámbito del Derecho Privado, y en el Anteproyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, elevado al Consejo de Ministros por el de Justicia el 19 de febrero de 2010 . En todo caso, puede la mediación, como modalidad alternativa de solución de conflictos, llegar a soluciones menos traumáticas que el dilatado tiempo que se invierte en el proceso y el acuerdo a que se llega siempre será menos duro que la resolución judicial que se apoya exclusivamente en la razonada aplicación de la norma jurídica.

Fecha: 5 de marzo de 2010

Órgano: Tribunal Supremo

Sala: Sala I de lo Civil, Sección 1

Ponente: XAVIER O`CALLAGHAN MUÑOZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

SEGUNDO .- ........

En todo este conflicto se plantea una solución que difícilmente podrá contentar a ambas partes. En el proceso judicial, se estimará o no la demanda y se ejecutará lo resuelto. Otra cosa sería si hubiera habido acuerdo o se hubiera llegado a una mediación, como procedimiento alternativo de carácter extrajudicial como propone la Directiva 2008/52 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 que, aunque se aplica a la mediación en litigios trasfronterizos, nada impide - como dice en su considerando (8 )- que los Estados miembros lo apliquen a la mediación de carácter nacional. Ya las sentencias de esta Sala 2 de julio en 2009 y 3 de julio de 2009 dijeron que podría una mediación llegar a soluciones menos traumáticas que el proceso y el acuerdo a que se podría llegar siempre sería menos duro que la resolución judicial que se apoya exclusivamente en la aplicación de la norma jurídica, basada en los hechos que se han declarado probados.

Fecha: 17 de septiembre de 2009

Órgano: Tribunal Supremo

Sala: Sala I de lo Civil, Sección 1

Ponente: XAVIER O`CALLAGHAN MUÑOZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

TERCERO .- El recurso de casación que ha formulado la demandada doña Noemi , hermana de los demandantes frente a la sentencia de la Audiencia Provincial, Sección 19ª de Madrid, de 26 de julio de 2004 que, confirmando la de primera instancia, declara la rescisión por lesión, contiene tres motivos.

Se trata de un enfrentamiento familiar por razón -más frecuente de lo que debiera- de la herencia paterna y ha provocado un largo y costoso proceso que, como ya observaba la sentencia de esta Sala 3 de julio del presente año, podría una mediación haber evitado. Este, como otros tantos conflictos, tanto familiares como civiles o mercantiles en general (así, Directiva 2008/52 / CE del Parlamento europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles y Ley de Cataluña 15/2009, de 22 de julio , de mediación en el ámbito del Derecho privado) puede ser objeto de una mediación que llega a soluciones menos traumáticas que el proceso y el acuerdo final siempre sería menos duro que una resolución judicial que se apoya exclusivamente en la aplicación de la norma jurídica.

Fecha: 2 de julio de 2009

Órgano: Tribunal Supremo

Sala: Sala I de lo Civil, Sección 1

Ponente: XAVIER O`CALLAGHAN MUÑOZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

SEGUNDO .- Contra esta última sentencia, de la Audiencia Provincial, ha formulado la parte demandante los presentes recursos por infracción procesal y de casación. El primero, con dos motivos: por infracción de las normas sobre la valoración de la prueba, en el que analiza la practicada y que entiende que no ha sido objeto de apreciación y por infracción del principio de congruencia, pese a tratarse de una sentencia desestimatoria de la demanda. El segundo, recurso de casación, contiene un motivo único, aunque con cuatro alegaciones o verdaderos submotivos: infracción de una serie de artículos del Código civil sobre el contrato, su fuerza de ley y autonomía de la voluntad respecto al contrato simulado que califica como fiducia cum creditore, pese a que no se ha probado el mismo; infracción de toda la normativa de interpretación del contrato, aunque no se ha discutido la interpretación, sino que se ha declarado no probada la simulación; infracción del artículo 1128 del código civil referido a la opción de compra, que tampoco se ha pedido; y, finalmente, infracción de la doctrina jurisprudencial sobre esta misma opción de compra.

El presente caso se presenta como un simple tema de propiedad, como declaración del dominio o como un ejercicio de opción de compra, pero presenta un trasfondo del conflicto familiar, que se vislumbra, pero no aparece con prueba suficiente para decidir sobre una u otra de las dos acciones contradictorias entre sí. Podría haber algo más que un simple contrato de arrendamiento urbano, que podría llevarse a una mediación, si las partes hubieran querido o una ley lo hubiera previsto, aunque no la hay, si bien todo apunta a una corriente favorable a la misma, como indica la Directiva 2008/52 / CE del Parlamento europeo y del Consejo de 21 mayo de 2008; este caso se ha llevado al órgano jurisdiccional, cuya solución debe inexorablemente basarse en hechos probados. Y las sentencias de instancia, rotundamente han declarado que no se ha probado el título de propiedad de demandante en la acción declarativa de dominio ni el contrato simulado y tampoco se ha probado la existencia de la opción de compra, por lo que se han desestimado ambas acciones. Y el recurso de casación incide plenamente en la valoración de la prueba, lo que no cabe en casación; prueba a que también se refiere el recurso por infracción procesal. Partiendo de que la prueba queda fuera del ámbito que esta Sala conoce, la desestimación de ambos recursos es clara.

Fecha: 3 de julio de 2009

Órgano: Tribunal Supremo

Sala: Sala I de lo Civil, Sección 1

Ponente: XAVIER O`CALLAGHAN MUÑOZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- .......

Se trata, pues, de un fuerte enfrentamiento familiar, con la consecuencia jurídica de un largo y enconado proceso y la consecuencia económica, según la sentencia recurrida, de la pérdida de una larga serie de bienes por el demandado donatario que había sido objeto de la mencionada donación. No es baldío tener presente que en éste, como en otros tantos conflictos, tanto familiares, como civiles o mercantiles en general (así, Directiva 2008/52 / CE del Parlamento europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 , sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles), podría una mediación llegar a soluciones menos traumáticas que el proceso y el acuerdo a que se podría llegar siempre sería menos duro que la resolución judicial que se apoya exclusivamente en la aplicación de la norma jurídica.

Ámbito Comunitario

2007-07-21T09:06:00.000-07:00

La Mediación Comunitaria está dirigida a aquellas personas que tienen problemas con los vecinos, con el administrador de fincas, con el presidente de su comunidad o con las personas de su barrio, zona o municipio.

Volver a mediación

Ámbito Escolar

2007-07-21T09:04:00.000-07:00

La Mediación Escolar está dirigida a aquellas personas que tienen problemas con los profesores, alumnos, tutores, directores o compañeros de aulas.

Volver a mediación

Ámbito Empresarial

2007-07-21T09:03:00.000-07:00

La Mediación en la Empresa está dirigida a aquellas personas que tengan problemas con sus superiores, sus subordinados o con los compañeros de trabajo.

Los conflictos en la empresa pueden derivar de:

- Relación entre la empresa y los clientes

- Relación entre la empresa y los proveedores

- Conflictos con los compañeros

- Con los superiores

- Los subordinados

- Los sindicatos

Se podrá utilizar en algunos casos la mediadión gerencial y en otros la mediación empresarial.

Volver a mediación

Ámbito Familiar

2007-07-21T09:00:00.000-07:00

La Mediación Familiar está dirigida a todas aquellas personas que van a iniciar un proceso de separación o divorcio o que estando separadas tengan dificultades respecto la custodia de sus hijos, el regimen de visitas, la pensión de los alimentos, pensión compensatoria, etc.

La Mediación Familiar también va dirigida a personas que tengan dificultades para relacionarse con los hijos o cualquier miembro de su familia.

También para aquellas personas que tengan problemas con herencias familiares o empresas familiares.

Se mediará también en las relaciones entre hijos adoptados mayores de edad y la familia biológica.

Pulse AQUÍ para conocer el proceso de Mediación familiar.

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Mediación

2007-07-21T08:32:00.000-07:00

¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN?

La mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas, con la ayuda de una tercera persona imparcial, el mediador. Estos mediadores no son jueces ni árbitros, no imponen soluciones ni opinan sobre quién tiene la verdad, lo que se busca es satisfacer las necesidades de las partes en disputa, regulando el proceso de comunicación y conduciéndolo por medio de unos sencillos pasos en los que, si las partes colaboran, es posible llegar a una solución en la que todos queden satisfechos.

MR Abogados conoce la importancia de la resolución de conflictos basado en un modelo de diálogo, comunicación y colaboración para llegar a una solución favorable para todas las partes.

¿LA MEDIACIÓN ES UN INSTRUMENTO DURADERO EN EL TIEMPO O UNA MODA?

Nuestro Tribunal Supremo ha avalado la práctica de la Mediación como alternativa para la resolución de conflictos en sus resoluciones.

¿CUÁLES SON ALGUNAS DE LAS VENTAJAS DE LA MEDIACIÓN?

- Minimizar el volumen de los costes.

- Se mantiene el control del procedimiento de solución del conflicto pues no depende de una persona ajena a dicho conflicto como puede ser un juez.

- Solución rápida del conflicto.

- Se mantiene el carácter confidencial del conflicto.

RAZONES PARA RECURRIR A LA MEDIACIÓN

- La experiencia de la mediación demuestra que tiene un alto índice de éxito habida cuenta de que los las propias partes quienes llegan a un acuerdo, siendo estos acuerdos duraderos en el tiempo.

- Iniciar un procedimiento de mediación supone pocos riesgos.

- Las partes siempre tienen el control de la controversia.

- Cada parte puede poner término a la mediación en cualquier momento. El compromiso de las partes con la mediación es revocable en cualquier momento.

¿A QUÉ SE PUEDE APLICAR LA MEDIACIÓN?

Se puede aplicar a todos los ámbitos de conflicto:

- Ámbito familiar

- Ámbito empresarial

- Ámbito escolar

- Ámbito en materia comunitaria

- Ámbito en materia penal

¿LO QUE SE ACUERDE EN LA MEDIACIÓN ES CONFIDENCIAL?

Los procesos de Mediación son absolutamente confidenciales, no pudiendo el mediador revelar ningún tipo de información que haya manejado.

En el supuesto de que las partes decidan no continuar con el proceso de Mediación el mediador tiene la obligación de no presentarse como abogado de ninguna de las dos partes en un juicio que verse sobre la misma materia tratada en mediación.

¿CUÁL ES EL COSTE DE LA MEDIACIÓN?

En MR Abogados le hacemos un presupuesto individualizado una vez conocido la dimensión del conflicto.

Ámbito Penal

2007-07-21T04:01:00.000-07:00

El lector entenderá de un modo más claro esta disciplina dentro de la mediación basándose en dos casos reales publicados en el Diario EL PAÍS: MÓNICA CEBERIO BELAZA - San Sebastián - 26/07/2010

"Ver que el hombre que mató a mi padre está arrepentido me ayuda"

El hijo de una víctima de asesinato participa en un proceso de mediación penal con el condenado por el crimen - 153 juzgados implantan programas de este tipo

"Me ayuda saber que tiene un pesar, que tiene cargo de conciencia, que le importa. Ver que sinceramente está arrepentido. Al menos, es mejor que pensar que le da igual haber matado a mi padre". Iker tiene 25 años. Su padre murió hace ocho. Un hombre que aparecerá en este reportaje como Manuel porque no quiere dar a conocer su identidad lo mató de madrugada después de una noche de farra, drogas y alcohol. El padre de Iker trabajaba en una discoteca. Cuando salió, se fue a desayunar a un bar cercano. Manuel, que se había peleado con él durante la noche porque no querían servirle más bebida, llegó con una escopeta de caza. Su versión es que forcejearon y se disparó por error. La de la sentencia que lo condenó, que lo mató a sangre fría. A estas alturas da igual. El resultado, ocho años después, es que el hombre está muerto, su familia destrozada y Manuel en la cárcel condenado por asesinato.

Cuando Manuel salió del bar, borracho y drogado, no sabía que había matado a un hombre. "Pensé que solo estaba herido", recuerda ahora. "Después escuché por la radio que estaba muerto. Me quise morir yo también". Desde su encierro, empezó a enviar cartas a la familia del hombre al que había matado para "decir que lo sentía mucho". "Sabía que lo que había hecho era irreparable, pero necesitaba dar una explicación. No dejaba de pensar en cómo estaría su viuda, en cómo estaría mi mujer si a mí me hubieran matado. En la cárcel tuve mucho tiempo para pensar en lo gilipollas que había sido, en cómo había arruinado la vida de tanta gente".

Al cabo de los años una abogada le habló del servicio de mediación penal (programa que desarrollan ya 153 juzgados y tribunales en España, según datos del Consejo General del Poder Judicial) de la Audiencia de Guipúzcoa y les contó el caso. "Yo no podía presentarme en su casa, llamar al timbre y pedir perdón, así que pensé que ellos podrían ayudarme", explica Manuel.

Los mediadores enviaron una carta a la familia. Iker, el hijo menor, contestó. Le explicaron lo que pretendía Manuel y que, en ese momento del proceso, ya condenado y con permisos, no iba a obtener ningún beneficio penitenciario. Lo quería hacer porque sí. Sin más. El chico empezó a asistir a las reuniones con los mediadores. Su hermano, que no vivía en el País Vasco, prefirió quedarse al margen. La viuda, reacia al principio, acudió alguna vez pero no quiso meterse de lleno.

"Era una mujer que no había vuelto a hablar con su hijo de lo que había pasado", recuerda Lourdes Etxeberria, abogada del servicio de mediación de San Sebastián, dependiente de la Dirección de Justicia del País Vasco. "Había parado su vida el día que murió su marido. Para mí lo más importante de este proceso fue que madre e hijo se comunicaron. Fue muy emotivo porque encontraron una vía para expresar sus sentimientos; el primer paso para superar el dolor. La mujer fue capaz, por primera vez, de irse de vacaciones con unos amigos".

Iker fue más allá. Accedió a tener comunicación, aunque fuera a través de persona interpuesta -los mediadores-, con el hombre que había matado a su padre. El joven pensó que quizá le ayudaría a sobrellevar lo sucedido. "Cuando me lo plantearon pensé que no iba a perder nada por escuchar", relata en una cafetería, con absoluta templanza. "A lo mejor él se quedaba más tranquilo y nosotros podíamos encontrar un porqué. Hablar del tema me ayuda".

Manuel escribió una carta y los mediadores se la entregaron. "Les contaba cómo había sido mi infancia, por qué me había metido en las drogas y el alcohol", explica el condenado. "Decía que toda la culpa había sido mía y que pedía humildemente perdón por la desgracia. Ojalá pudiéramos dar marcha atrás en el tiempo, pero, como no es posible, esto es lo único que puedo hacer".

A Iker no le sirvió de gran cosa conocer el pasado difícil de Manuel. "Ni un millón de cartas me habrían quitado lo que tenía encima", reconoce. "El dolor es el dolor y el daño ya estaba hecho. Pero sí me sirvió saber que le pesa de verdad lo que hizo. Antes, además, tenía miedo de encontrármelo. Ahora sé que podría asumirlo. De todas formas, creo que he podido pasar por la mediación porque había pasado un tiempo desde la muerte de mi padre. Si esta entrevista hubiera sido hace siete años, habría dicho burradas. Ahora soy capaz de verlo con más frialdad".

Lo más insólito del caso es que Iker valora que la mediación pueda servirle a la persona que mató a su padre. "Me dijeron que tenía miedo de volver al pueblo en los permisos", dice el chico. "Si a él le ha servido esto, pues bien. Yo trato de encauzar mi vida, y él, que cumpla su pena y que lo intente también. El daño ya está hecho. Cortó la vida de mi padre, pero yo tengo que seguir adelante. Y sintiendo odio no se avanza".

El próximo paso es el encuentro; que Manuel e Iker se vean las caras. El joven ha decidido que, por el momento, prefiere no hacerlo: "No sé si sería bueno o malo para mí y, como no lo tengo claro, prefiero no arriesgarme. Pero si algún día me surge, avisaré a los mediadores".

"Yo no puedo presionar solo ofrecerme", dice Manuel. "Estoy pagando la responsabilidad civil. La juez me dijo que ahora que estoy en paro podía no hacerlo, pero prefiero dar al menos 30 euros al mes. Cuando tenga más les daré el 25% de lo que gano. Sé que no puedo arreglar lo que hice. Si alguien hubiera matado a mi padre yo le querría romper la cabeza. Pero también pienso que me gustaría ver su arrepentimiento". Manuel termina con una frase que horas después repetirá casi textualmente Iker en su entrevista: "Con odio no se puede vivir". Es un discurso que suena ingenuo, pero estas dos personas lo han asumido para intentar paliar el terrible dolor provocado por uno de ellos hace ya ocho años.

El ladrón que acompaña a su víctima al médico

Un chico con problemas de droga da un tirón en la calle a una señora mayor. Le quita el bolso y la tira al suelo. La mujer se rompe la cadera. Cuando ambos acaban en el servicio de mediación del País Vasco e intentan pactar una reparación para la víctima, llegan a una solución insólita: ella tenía que ir a rehabilitación y no tenía quien la acompañara; él tenía todo el tiempo del mundo, así que decidieron que el hombre fuera con ella todos los días a la clínica. Así lo hicieron.

Es una de las historias extrañas que relatan los trabajadores de los servicios de mediación penal, psicólogos y juristas, que explican que lo más importante es lograr que víctima y delincuente logren, de alguna manera, entenderse el uno al otro. "He visto al representante de una empresa pedir el currículo a un hombre que había robado en una de sus tiendas y que estaba en paro por si le podía ofrecer un trabajo con el que él pudiera pagar la indemnización", relata Lourdes Etxeberria. "La mediación no sirve para todos los casos, pero hay delincuentes muy recuperables que cuando ven a sus víctimas se dan cuenta del terror que han causado. Las víctimas, por su parte, pierden el miedo y deciden cómo quieren ser resarcidos. Tienen la última palabra. El Código Penal castiga pero no siempre satisface al que ha sufrido el delito".

Cuando la mediación se lleva a cabo en un proceso por falta, y víctima y agresor llegan a un acuerdo, ni siquiera se celebra el juicio. Cuando se ha cometido un delito esto no es posible. En estos casos, y como no hay una regulación específica sobre mediación penal, el pacto entre víctima y delincuente puede servir para que se dicte una sentencia de conformidad entre el fiscal y los abogados con una pena atenuada por reparación del daño. Los mediadores piden que la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara el Gobierno regule expresamente la mediación dentro del proceso penal.

Volver a mediación

Principio de Oportunidad y Eficacia de la existencia del fiscal investigador

2007-07-08T11:12:00.000-07:00

Autor: Marco A. Martín González

I.- INTRODUCCIÓN

En la configuración legal del proceso regulado en la Ley Orgánica 5/2000, Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor se ha optado por encomendar la instrucción al Ministerio Fiscal1 asumiendo éste tres funciones: instruir, acusar y velar por los derechos del menor2 y el enjuiciamiento a Jueces especializados (jueces de menores); rigiendo con bastante amplitud el principio de oportunidad aplicado en unas ocasiones directamente por el Ministerio Fiscal y en otras condicionado por una resolución del juez de menores.

En lo que respecta al principio de oportunidad, confiere este principio a la LORPM el fomento de alternativas al proceso para lograr los fines de reeducación y reinserción social que se persigue ante la comisión de hechos delictivos por menores de edad, ponderando la idea de que en determinados supuestos dichas alternativas satisfacen mejor el superior interés del menor que el propio proceso penal; Alternativas que gozan del respaldo del Tribunal Constitucional3 y de los convenios internacionales en la materia suscritos por España4.

A cerca de la sustitución de la figura del juez instructor por la función investigadora del Ministerio Fiscal ha sido muy discutida en cuanto al Derecho Procesal Penal en su conjunto, la atribución de la instrucción al Ministerio Fiscal en el proceso de menores directamente por la LORPM señalando algún autor que esta atribución ha de ser un referente en la elaboración de una nueva LECrim.

El objeto de este trabajo es examinar de un lado las posibilidades de evitar o concluir prematuramente el proceso con el fin de sustituirlo por otras soluciones que mejor convengan al interés del menor, la atribución al juez de menores de ciertas decisiones durante la instrucción y sobre la falta de previsión de determinadas consecuencias esta fase al Ministerio Fiscal y de otro exponer a nuestro juicio la eficacia de las diligencias de investigación practicadas por el Ministerio Fiscal que no puedan ser reproducidas en calidad de pruebas en el acto de la audiencia.

II.- Principio de oportunidad

El ámbito de operatividad de este principio se ciñe a la criminalidad de mediana gravedad, que ha sido caracterizado por suponer una anticipación procesal que evita la declaración de responsabilidad penal del menor –infractor en general- junto con el ofrecimiento de posibilidades de satisfacción extraprocesal de la víctima; con lo que se logra no someter al menor a los efectos negativos de la celebración de un procedimiento judicial.

Entre las fórmulas propuestas para la evitación de este procedimiento judicial se encuentran la reparación y la conciliación con la víctima y el ofensor, favorecidas por una labor de mediación, debemos entender estos modos de finalización anticipada como un medio de compensación entre la víctima y el delincuente y como un medio más del que se puede disponer del Derecho Penal

Estas vías se regulan en los artículos 18 y 19 bajo la denominación respectiva de “desistimiento de la incoación del expediente por corrección en el ámbito educativo y familiar” y “sobreseimiento del expediente por conciliación o reparación entre el menor y la víctima”. Ambas tienen en común el efecto de poner fin al expediente dirigido a hacer efectiva la responsabilidad penal en una fase “inicial” del procedimiento, evitando de ese modo los efectos estigmatizadores de su celebración para el delincuente menor de edad y, en no pocas ocasiones, también para la víctima.

El requisito de que se trate de delitos menos graves ha de entenderse en referencia a la clasificación legal del artículo 13 del Código Penal, que considera tales los castigados con pena menos grave, y que remite directamente a las penas del artículo 33.3 de CP, siendo, entre otras, las privativas de libertad comprendidas entre seis meses y tres años de prisión. El segundo requisito expuesto, que no haya mediado violencia ni intimidación grave en la comisión del hecho, responde a la misma exigencia de situar las posibilidades de desformalización de la intervención penal en la franja de delitos no muy graves, siendo la violencia y la intimidación medios comisivos indicativos de la carencia de los valores más elementales en el menor y que por ello requieren una intervención educativa y sancionadora más intensa, derivada de la imposición de medidas, que la que puede resultar del recurso a la más informal mediación.

A) Desistimiento de la incoación del expediente

i) Causas, art 18 en especial

El Fiscal se abstendrá de incoar el expediente de menores cuando advierta que los hechos no son típicos5, son manifiestamente falsos, están prescritos o ya han sido juzgados6, igualmente si el sujeto no está en edad comprendida entre los catorce y dieciocho años7, ó si concurren alguna eximente de responsabilidad que no requiera tratamiento terapéutico8.
Antes de la incoación del expediente de menores, el Fiscal debe valorar la concurrencia de los presupuestos legalmente establecidos para poder acordarla o decidir el archivo o remisión del expediente.

Esto significa que el Fiscal deberá analizar la noticia delictiva y practicar, en su caso, las diligencias9 que estime pertinentes para la comprobación del hecho y de la responsabilidad del menor en su comisión, y la admitirá o no a trámite según que los hechos sean o no indiciariamente constitutivos de delito.

Por tanto, recibida la denuncia por el Ministerio Fiscal, bien directamente, bien por remisión de otra autoridad, éste iniciará las comprobaciones oportunas y adoptará el Archivo de las actuaciones. La Fiscalía podrá acordar el archivo de las actuaciones cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
- Falta de competencia de la jurisdicción de menores: en estos casos deberá remitir las actuaciones al órgano competente.
- Cuando los hechos no son constitutivos de delito o falta.
- Cuando no hay autor conocido.
- Cuando los hechos son manifiestamente falsos.
- Prescripción del delito o falta.
- Falta de presupuestos de perseguibilidad (por ejemplo, delitos privados sin denuncia del agraviado).

El art. 18 LORPM prevé el archivo aun en el supuesto de que concurra responsabilidad penal en una persona concreta mayor de catorce años y menor de dieciocho, siendo esta potestad del Ministerio Fiscal condicionada por la existencia de ciertas circunstancias, se entiende que cuando así lo exija el interés del menor. De un lado que se traten los hechos denunciados de delitos menos graves, sin violencia o intimidación en las personas, o faltas, condición que es imprescindible según el tenor del precepto y sometiendo dicha posibilidad a la discrecionalidad del Ministerio Fiscal en el sentido que recoge el precepto la posibilidad en cuanto a que se recoge en sentido condicional reflejado en “podrá” y “cuando” ; de otro, la condición de que no conste que el menor haya cometido con anterioridad otros hechos de la misma naturaleza.

La Fiscalía General del Estado10 interpreta esta última condición en el sentido de prohibir el desistimiento a los miembros del Ministerio Fiscal cuando se constate que el menor ha incurrido en hechos constitutivos de delito grave, o si se trata de delito menos grave, que no se haya empleado violencia o intimidación aunque sean de naturaleza distinta.

Podemos entender que la decisión de desistimiento está completamente vedada para el Ministerio Fiscal en hechos que revistan la calificación de falta o delito menos grave sin violencia o intimidación sólo cuando los hechos actuales tengan la misma naturaleza que el hecho anterior.

Además, en dicha Circular se dispone que no es necesario la existencia de una condena anterior a la decisión de desistimiento del Fiscal, precisando solo que la Ley se refiere a hechos, así pues entendemos que entre estos hechos se podría encontrar un previo Decreto de desistimiento por hechos de la misma naturaleza11.

A nuestro juicio este artículo 18 puede atentar contra el Derecho Fundamental de presunción de inocencia en la medida que se basa en dar por cierta la culpabilidad del menor sin que ello haya sido probado en el pertinente proceso jurisdiccional y que puede implicar someter al menor a unas consecuencias, máxime cuando es un órgano no jurisdiccional es que decide si se inicia o no el proceso de menores, lo que a nuestro juicio infringe los art 24 y 117 de la CE y por tanto sugiere la inconstitucionalidad de la norma que confiere a un órgano no jurisdiccional dicha decisión.

La constitucionalidad del art 18 ha sido suscitada a través de una cuestión de inconstitucionalidad, aunque el Tribunal no se ha pronunciado al respecto ante la falta de relevancia del precepto para decidir el asunto planteado en el proceso del que dimanaba la cuestión12, así pues, mientras el TC no declare inconstitucional la norma seguirá siendo el fiscal quien resuelva sobre la incoación o no del expediente de reforma, y por tanto seguirá siendo Derecho vigente y aplicable.

ii) Impugnación del decreto de no incoación y revisión de oficio

Anteriormente hemos determinado las causas por las que el fiscal puede no incoar el expediente de reforma, es necesario precisar ahora la posibilidad de actuaciones frente a esa decisión, en concreto en cuanto a la posibilidad de revisión por el propio fiscal, en cuanto a la posibilidad de impugnación por las partes, control por parte del juez de menores.

En cuanto a la posibilidad de revisión por el propio fiscal de su decisión de no incoar expediente y archivo de las actuaciones hay opiniones encontradas entre los autores, de un lado los que se pronuncian a favor de la posibilidad de revisión se amparan en la idea de que el decreto del fiscal no son resoluciones jurisdiccionales y por lo tanto no pueden tener eficacia de cosa juzgada al no implicar un juicio definitivo13 y de otro los defensores de la tesis contraria que sí atribuye al decreto del órgano instructor plena eficacia de cosa juzgada.

En este punto nuestra opinión es que en modo alguno la decisión del ministerio Fiscal reviste el carácter de jurisdiccional y sí de acto administrativo. Según GARCÍA-ROSTÁN CALVÍN14 al ser un acto administrativo en defecto de norma específica que pudiera disponer otra cosa resultan aplicables las del Derecho Administrativo, y según dispone este ordenamiento, las resoluciones que sean favorables para el interesado no son revisables de oficio salvo en el caso de que estén viciadas de nulidad radical15.

Es interesante determinar si la presentación de una nueva denuncia o querella sobre los mismos hechos puede ser una vía para que el fiscal deje sin efecto el archivo, a nuestro juicio entendemos que sí debe dar lugar a la reapertura de las diligencias preliminares, siempre que se trate de la obtención de una información que permitiera identificar al autor de los hechos, hasta el momento desconocido, y que su edad estuviera comprendida entre los catorce y dieciocho años o que de dicha información se desprenda que el autor tenga la edad referida; de igual modo entendemos que hay otra condición, esto es, si de la reapertura del proceso se dictase una sentencia de condena habría que tener en cuenta las medidas adoptadas por la administración hubiera adoptado.

En los caso de que los hechos estén prescritos, que ya han sido juzgados, igualmente si el sujeto no está en edad comprendida entre los catorce y dieciocho años ó a la falta de responsabilidad penal del autor difícilmente una nueva denuncia o querella podría provocar la apertura de las diligencias preliminares.

En cuanto a la posibilidad de impugnación del decreto dictado por el fiscal ha sido objeto de mayor debate por la doctrina; Y esta posibilidad como es lógico se condiciona al carácter de dicho decreto, es decir, el Ministerio Fiscal no es un órgano jurisdiccional, lo que condiciona la posibilidad de un recurso procesal16, pero la imposibilidad de recurso procesal no impide la salvaguarda de derechos fundamentales de los sujetos intervinientes por otras vías, como es la de amparo constitucional17.

B) Manifestaciones del principio de oportunidad durante la fase de instrucción

El art 19 prevé el sobreseimiento del expediente por conciliación o reparación entre el menor y la víctima, conforme al cual, una vez incoado el expediente, el Ministerio fiscal podrá desistir de continuarlo si advierte que el hecho imputado constituye delito menos grave o falta; deberá atender a la gravedad de los hechos y circunstancias del menor, de modo particular a la falta de violencia o intimidación graves en la comisión de los hechos, y al dato de que el imputado se haya conciliado con la víctima, haya asumido el compromiso de reparar el daño causado o se haya comprometido a cumplir la actividad educativa que proponga el equipo técnico.

Una de las tres circunstancias que figuran al final del primer párrafo se han de dar para que el Fiscal pueda promover la finalización anticipada del procedimiento, aunque, excepcionalmente el número 4 del artículo 19 prevé la terminación del proceso cuando, por causas ajenas a la voluntad del menor, resulte imposible la conciliación o la realización de aquello a lo que se hubiera comprometido.

La medida de este peculiar sobreseimiento se ciñen a conductas delictivas de gravedad menor y siempre que se verifique la efectividad de la conciliación o reparación, la conclusión del procedimiento sin que llegue a la celebración del juicio comporta ventajas tanto para el menor como para la víctima, además del ahorro de trámites procesales; aunque si bien es cierto a nuestro juicio también comporta consecuencias negativas para el menor; al igual que recogimos anteriormente con respecto al art. 18, la aplicación del precepto supone la vulneración de la presunción de inocencia del menor por cuanto que el menor tiene que realizar una determinada actividad porque se reputa como cierto su participación en el hecho delictivo a pesar de lo dispuesto en el referido apartado 4, esto es, que la resolución que pone fin al proceso es un Auto de sobreseimiento libre.

Este Auto de sobreseimiento no es una sentencia absolutoria, sino que más bien hay que entenderlo como una resolución de extinción de la responsabilidad penal por cumplimiento de condena consistente en una conciliación, una reparación o cumplimiento de la actividad educativa, sobreseimiento que solo se dará una vez comprobado que se han cumplido alguna de las tres anteriores18.

Se puede plantear la situación de que el menor no cumpla con el compromiso asumido, es decir, el compromiso de reparar el daño causado o se haya comprometido a cumplir la actividad educativa que proponga el equipo técnico, cabe preguntarse entonces si ese reconocimiento de los hechos se puede equipararse a una confesión, entendemos en este punto que no puede tenerse en cuenta como tal por cuanto que ese reconocimiento no ha sido realizado en presencia de un órgano jurisdiccional; otra cuestión es la posible contradicción entre los hechos reconocidos ante el fiscal y la declaración que realice en la audiencia ante el juez de menores, podría ser de aplicación el art 714 de la LECrim según la actual interpretación jurisprudencial19, esto es, una vez leída en el acto del juicio la declaración prestada en fase de instrucción ésta puede ser valorada como una prueba más, así pues, trasladado al procedimiento de menores se podría considerar que al estar el menor dispuesto a una conciliación con la víctima, reparar el daño causado ó a realizar tareas socioeducativas el juez de menores tendría suficiente fundamento para dictar sentencia condenatoria.

La respuesta a la cuestión anterior se nos muestra, a todas luces, como negativa por cuanto que el menor pudo haber accedido a reconocer los hechos para acceder a una rápida salida del conflicto y ante tal situación nos encontraríamos con que el menor debería probar que no realizó los hechos en vez de ser la parte acusadora quien probara su participación, lo que interfiere claramente con el principio de presunción de inocencia.

Otros tres aspectos del art 19 se muestran, a nuestro juicio, de importancia para la decisión del sobreseimiento: primero, si es determinante el consentimiento por el ofendido para que pueda determinarte el sobreseimiento o si por el contrario puede el ministerio fiscal prescindir de la víctima a cambio de tareas socio educativas; segundo, la vinculación judicial a la petición del ministerio fiscal del sobreseimiento; y tercero y último, el papel de los representantes legales y del juez de menores en casos de incapacidad de la víctima o minoría de edad.

En lo referente a la relevancia de la voluntad de la víctima para que pueda acordarse el sobreseimiento del expediente la interpretación conjunta de los art 19 y 25 lleva a la conclusión de que es necesario para dictar dicho sobreseimiento la anuencia de la víctima20, pero es necesario que la oposición del ofendido se plasme en el ejercicio de una acción penal.

Por lo que respecta a la vinculación judicial a la petición del ministerio fiscal del sobreseimiento, a pesar que del apartado c) del art 33 se deduzca que el juez de menores está vinculado a dicha petición, la realidad es que si le consta que hay legitimados para sostener la acusación particular procederá a ordenar aquel que continue el proceso, que el fiscal finalice la instrucción y presente su escrito de alegaciones procediendo seguidamente tal como preceptúa el art. 31.

Por último, en lo que respecta a la capacidad de obrar del ofendido, se plantea por un lado si el menor imputado necesita de sus padres o representantes para manifestar el asentimiento al sobreseimiento (del art 5 del reglamento se infiere una respuesta afirmativa) a nuestro juicio la respuesta ha de ser negativa por cuanto que el art. 19.6 se refiere únicamente a la manifestación de conformidad de los representantes legales de la víctima, así pues entendemos que deliberadamente se ha querido prescindir de la intervención de los representantes del imputado21.

C) Conclusiones

Llama la atención que la referencia a la ausencia de violencia no es totalmente igual en los dos preceptos mencionados, pues en el artículo 18 se refiere a «delitos menos graves sin violencia o intimidación en las personas», mientras que en el artículo 19 se refiere a «falta de violencia o intimidación graves en la comisión de los hechos», lo que confiere un alcance diverso a ese requisito en cada supuesto dado que en un lugar se trata de un desistimiento a la continuación del expediente por corrección en el ámbito educativo y familiar, en lo que supone una renuncia al proceso sobre la base de trasladar al menor a las instancias ordinarias de socialización, y en otro, un sobreseimiento condicionado a la realización de una actividad de reparación o conciliación, sustentada por el compromiso personal de menor en una actividad positiva para su formación.

Debemos entender que, en el primer caso, el desistimiento de la incoación del procedimiento cabe en los delitos con violencia en un sentido amplio, comprensiva de la fuerza en las cosas, mientras que en los supuestos del artículo 19, de sobreseimiento por conciliación, cabe interpretar que la «falta de violencia grave» puede alcanzar a la fuerza en las cosas, reduciéndose así implícitamente su ámbito de aplicación y quedando fuera del él los casos de delitos con violencia en las cosas. Sin embargo, la respuesta a esta cuestión aconseja entender que la violencia grave del artículo 19, excluyente en todo caso del sobreseimiento, debe de reducirse a la violencia sobre las personas, pues sólo esa modalidad comisiva evidencia una especial falta de respeto a los valores más esenciales, digna de limitar las posibilidades de la actividad mediadora. La violencia en sentido amplio, comprensiva de la fuerza en las cosas, siempre es reconducible a una modalidad de daños, y como tal, evidencia un perjuicio de naturaleza estrictamente patrimonial, y susceptible por tanto de reparación en todo caso, y cuya relevancia para excluir el sobreseimiento por conciliación no debe ser automática, sino que solo justificará el veto a la posibilidad del artículo 19 en los casos de una especial intensidad. En ese sentido, hay que entender que la redacción del precepto menciona la «falta de violencia o intimidación grave» como criterio valorativo para el Ministerio Fiscal, pues dice «podrá desistir» de la continuación del expediente «atendiendo de modo particular a la falta de violencia», configurándose como una pauta para orientar la decisión y no como un requisito legal imprescindible.

III.- Eficacia de la existencia del Fiscal Investigador

La idea de introducir la figura del fiscal investigador se trata de una idea esencialmente controvertida y tiene acérrimos detractores y ardientes defensores, así pues mostraremos los inconvenientes de de la citada figura por un lado y la eficacia de la figura del fiscal investigador concurriendo ciertas condiciones.

En primer lugar vamos a determinar la postura de la Constitución Española a su respecto, ésta no exige que la investigación de los delitos esté encomendada al fiscal22, el artículo 124 de la CE define de modo muy vago las funciones del Ministerio Fiscal que dice poco mas que el Ministerio Fiscal es el defensor objetivo de la legalidad ante los tribunales, es decir, las funciones concretas no vienen determinadas en el precepto referido, entendemos por tanto a la luz de lo indicado que cabe en este punto tanto la figura del juez instructor como la del fiscal investigador, de igual modo el art 24 de la CE que recoge las garantías del proceso penal no establece quien debe estar a cargo de la investigación criminal, solo delimitan el modo de llevar a cabo dicha investigación.

De el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 6 se establecen igualmente límites pero no se impone un modelo determinado de proceso penal, siendo posible por tanto respetuoso con las garantías constitucionales y convencionales desde la figura del juez instructor y del fiscal investigador.

A pesar de dejar determinado que la Constitución no se opone a la existencia de la figura del fiscal investigador, siempre y cuando se respeten las garantías constitucionales, entendemos que la figura del juez instructor no desequilibra la igualdad de armas entre acusación y defensa en la fase de sumario, pero, ¿podemos calificar como cierta esa igualdad de armas si la investigación del delito quedase encomendada a la acusación?

Para que existiera esa igualdad de armas es imprescindible que el fiscal que tenga a su cargo la investigación criminal carezca de poderes exorbitantes, esto quiere decir que no debe tener unas facultades distintas de las que tiene cualquier particular y es aquí donde entendemos que radica el problema central de la figura del fiscal investigador.

La igualdad de armas (que tiene sus orígenes en la tradición del common law) se concibe desde sus inicios como entender el proceso como una contienda entre acusación y defensa, limitándose el juez a velar por la observancia de las garantías, y esto condiciona el papel atribuido al fiscal en su papel de investigación criminal.

En países como Alemania e Italia se han abolido la figura del juez instructor y han introducido la figura del fiscal investigador pero sin transferir a este las facultades que antes tenía aquel, teniendo el fiscal que solicitar autorización judicial para adoptar determinadas medidas, pero que sí pueden dar órdenes a la policía y dirigir su actividad de investigación y por otro lado sí que pueden adoptar medidas vinculantes para los particulares, siendo en este último caso ante la falta de cumplimiento voluntario por los particulares necesario la intervención judicial para obtener un cumplimiento forzoso, aunque siendo la orden dada por el fiscal y limitándose el juez a controlar que la medida el conforme a la legalidad.

En el otro extremo en Estados Unidos los fiscales no tienen más facultades que las propias de cualquier otro abogado, lo único que los diferencia es que tienen el monopolio sobre la acción penal pero para la recopilación de material probatorio dependen de la policía, pero ésta no depende de la fiscalía, ni tan siquiera tienen un superior común.

Así pues entendemos que con el modelo seguido en países como Alemania e Italia es muy difícil justificar la idea del fiscal investigador sobre la idea de igualdad de armas a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos donde sí se encuentran en un plano de igualdad con la defensa también en la fase previa al juicio.

Otro punto a tener en cuenta es en lo referente a la apertura del juicio, esto es, en el caso de la existencia de fiscal investigador es el juez quien controla la solidez de los elementos de que dispone el fiscal investigador pudiendo impedir el juez que se abra el juicio cuando no hay base suficiente para ello.

El juez instructor no agota su función aquí, sino que tiene el deber de recoger todos los datos que puedan ser relevantes en el juicio, no solo los adversos al imputado sino también los que le resulten favorables, esta función se pierde cuando solo existe un filtro que controle que la acción penal no sea infundada, hay que tener en cuenta que el juez instructor es una figura que es imparcial e independiente que no se limita a dirigir una investigación criminal sino que prepara el juicio, que implica entre otros, recoger datos favorables al imputado, proteger los derechos de las personas implicadas, práctica anticipada de pruebas, valorar si hay base suficiente para sostener la acusación, …., estando presentes las garantías constitucionales del proceso penal.

En conclusión, entendemos que para que no haya una merma de las garantías la figura del fiscal investigador debe de ir acompañada no solo de un trámite ante la autoridad judicial para la apertura o no del juicio sino también la posibilidad de esa misma autoridad judicial tenga conocimiento de todos los datos y ordenar si lo estima conveniente se hagan mas averiguaciones23.

En el derecho alemán, italiano, inglés y estadounidense existe el mecanismo donde la decisión de abrir el juicio no queda a la voluntad del fiscal investigador sino que se encomienda a la autoridad judicial quien controla que la acción penal que se pretende ejercitar no sea infundada.

IV.- Autorización de las Diligencias Restrictivas de los Derechos Fundamentales

Establece el art 23.3 que “El Ministerio Fiscal no podrá practicar por sí mismo diligencias restrictivas de derechos fundamentales, sino que habrá de solicitar del Juzgado la práctica de las que sean precisas para el buen fin de las investigaciones. El Juez de Menores resolverá sobre esta petición por auto motivado. La práctica de tales diligencias se documentará en pieza separada.”, y de conformidad con el art 2.2 del Reglamento que desarrolla la LORPM toda diligencia policial restrictiva de derechos fundamentales será interesada al Ministerio Fiscal para que, por su conducto, se realice la oportuna solicitud al juez de menores competente. De igual modo el art 26.3 sobre el mismo criterio inspirador establece que si las diligencias propuestas por alguna de las partes afectaren a derechos fundamentales del menor o de otras personas, el Ministerio Fiscal, de estimar pertinente la solicitud, se dirigirá al Juez de Menores.

La LORPM no aporta nada, sus previsiones se limitan a reivindicar la intervención del juez en todas las actuaciones limitativas de Derechos Fundamentales, el precepto aludido es de extrema parquedad por cuanto que no indica el grado de intervención jurisdiccional, es decir, si se trata de una autorización previa o de una participación activa en la práctica de la diligencia. Por otro lado esta cuestión está conectada con la preocupación por un proceso con todas las garantías en lo que se refiere al principio del juez no prevenido.

Del artículo 23.3 se desprende con claridad que se refiere a que el juez interviene de forma activa en la práctica de la diligencia por cuanto que el precepto hace referencia a que habrá de solicitar del juez la práctica de la diligencia, es decir, que tendrá que solicitar del juez que practique la diligencia.

Pues bien, esta interpretación a nuestro juicio comporta serios inconvenientes por cuanto que de un lado que el juez de menores tiene un desconocimiento absoluto en este momento del expediente, por lo tanto no puede determinar lo que va buscar, ni realmente que partes son las que interesan, lo que produciría a nuestro juicio una actuación mas intensa de lo necesario, a modo de ejemplo podemos indicar el supuesto de intervenciones telefónicas en las que sería el juez el que habría de controlar el contenido de las comunicaciones telefónicas, seleccionando éste las partes que interesen a la investigación y no el fiscal, pero como hemos indicado mas arriba el juez no sabe el contenido de las diligencias y por tanto no sabría que buscar.

En lo que respecta al principio del juez no prevenido y por tanto al derecho a un juicio con todos las garantías, entendemos que el juez de menores que ha tenido una participación activa en la práctica de la diligencia restrictiva de Derechos Fundamentales conoce el resultado de la investigación, lo que podría conducir a realizar una valoración de éstas antes de la valoración del resto de ellas en el juicio oral y que pueda influir en la denegación de las mismas o que no haga una valoración de todas en plano de igualdad, al igual que entendemos que la adopción de una medida restrictiva de Derechos Fundamentales solo sería legítima si se ha tenido previamente en cuenta su idoneidad, necesidad y proporcionalidad, exigiendo como es lógico un análisis del expediente.

Así pues entendemos que el art. 23.3 referido debería interpretarse a razón de que es el fiscal el que debería dirigir la investigación y analizar los resultados de la investigación y la función del juez de menores –siguiendo a DIAZ MARTÍNEZ- la función de garante de los Derechos Fundamentales asegurando así la imparcialidad del juzgador, es decir, examinar que concurren todos los presupuestos necesarios para poder limitar o restringir derechos fundamentales a una persona.

A pesar de lo indicado entendemos que la intervención del juez de menores por mínima que sea tiene que tomar contacto con toda la información que se contenga en la instrucción hasta el momento de solicitar la medida limitativa y entendemos que a pesar de esa interpretación flexible del art 23.3 se sigue vulnerando el principio de juez no prevenido, lo que no se ha de interpretar bajo ningún concepto es que el Ministerio Fiscal puede dejar a su albedrío la práctica de investigaciones restrictivas de derechos fundamentales.

V.- Conclusiones

Una vez más, el legislador parece ignorar la esencia del processus iudicii penal en el que la formulación del reproche que la conducta enjuiciada merezca, pues sólo a través del enjuiciamiento de ésta pueda decidirse si tal conducta ha existido, si el acusado es autor o partícipe y si merece reproche penal. Y esto, realmente, es el contenido de la sentencia. Solo la sentencia puede formular un reproche. El Ministerio Fiscal lo que hará será formular la pretensión de que el acusado sea reprochado y, en consecuencia sancionado como responsable de la conducta y será el Juez quien decida si el acusado es autor o partícipe de la conducta, si ésta ha existido, si es reprochable jurídicamente y, entonces, accederá a la pretensión previamente formulada de reprochar. Pero sólo reprocha el Juez, el Ministerio Fiscal no puede ir más allá de pretender el reproche, porque esa es su función como parte.

¿Cómo es posible que antes del juicio una parte exprese a la otra el reproche que su conducta merece si en la instrucción, por su propia naturaleza, no se sabe si el hecho existe, ni quien es su autor ni si es "reprochable penalmente"?

O el legislador piensa que todos los menores encausados son culpables o, sin más miramientos, puede prescindirse del juicio porque si el Ministerio Fiscal puede determinar que la conducta del menor ha existido y es reprochable, no hay más que añadir que sea él el que la imponga la medida. Si puede enjuiciar, por qué no también sancionar.

La solución a este problema hemos de buscarla en la integración de los conceptos procesales básicos que nos ayudan a suplir la defectuosa técnica legislativa de tal manera que, con observancia y al amparo de los principios del artículo 24 CE, sobre todo, el principio de presunción de inocencia, junto con la noción de processus iudicii podemos realizar una interpretación de la Ley acorde con ellos.

La posición del Ministerio Fiscal en el procedimiento que regula la Ley Penal del Menor es verdaderamente novedosa, ya que pasa a ser el único órgano competente para la instrucción (art. 27). De esta manera, es el Ministerio Fiscal quien realiza por sí cuantas diligencias de investigación estime necesarias, acordando él mismo su práctica, salvo que puedan vulnerar derechos fundamentales, en cuyo caso habrá de solicitar al Juez de menores la correspondiente solicitud, que resolverá el Juzgado mediante Auto motivado

La cuestión de la imparcialidad objetiva del Juez que adopta decisiones en fase de instrucción y luego conoce del plenario, es un tema que ha originado una importante jurisprudencia cuyas conclusiones no son siempre concordantes y presentan importantes problemas interpretativos al ser necesario que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional hayan ido pronunciándose caso por caso si determinadas actuaciones de un juez durante la instrucción comprometen su imparcialidad objetiva.

No se trata únicamente de desdoblar las funciones estrictamente jurisdiccionales de aquellas que no lo son. Quedó dicho que la instrucción, en cuanto que investigación no lo es, sino de preservar la imparcialidad objetivo del Juez mediante un sistema que garantiza esta imparciabilidad. Sin la presencia, aunque limitada, del Juez de menores en la instrucción puede comprometer la imparcialidad.

Así pues, se echa de menos en el Legislador que no haya tenido en cuenta la opinión del TEDH en un caso que ha levantado tanta polémica como el denominado "Castillo-Algar" y encomiende al Juez de menores, que eventualmente conocerá del plenario, una intervención en la instrucción que pueda comprometer su imparcialidad.

Hemos dicho desde el primer momento en este trabajo que el proceso de menores es un proceso jurisdiccional y, por ello, no cabe admitir una merma en las garantías procesales, antes al contrario, precisamente, por esta razón, las garantías deben alcanzar sus más altas cotas.

Impuesto de Sucesiones

2007-06-24T09:56:00.000-07:00

¿Quiénes están obligados a declarar?: Los sujetos pasivos de esta modalidad del impuesto. En concreto, las personas físicas que adquieran bienes y derechospor herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, y las que sean beneficiarias de contratos de seguro sobre la vidapara caso de fallecimiento del asegurado cuando el contratante fuese persona distinta del beneficiario.

Plazo de presentación: El plazo de presentación de la declaración tributaria es de seis meses, contados desde el día del fallecimiento del causanteo desde aquél en que adquiera firmeza la declaración de fallecimiento.

Lugar de presentación: La declaración se presentará ante la oficina correspondiente al territorio donde el causante hubiera tenido su residencia habitual.Si el causante hubiese tenido su residencia habitual fuera de España, se presentará en la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid.

Valor real de todos los bienes y derechos: Económicamente coincide con el valor de mercado. Para calcular el valor bienes inmuebles de naturaleza urbana pulse aquí, para calcular valor de bienes de naturaleza rústica pulse aquí. (Para el Principado de Asturias)

Tanto las comunidades autónomas como el Estado tienen obligación de informar en caso de inmuebles del valor a efectos fiscales.

Ajuar doméstico: Se entiende por ajuar doméstico los efectos personales y del hogar, utensilios domésticos y demás bienesmuebles de uso particular del causante, excepto las joyas, pieles de carácter suntuario, automóviles, vehículosde dos o tres ruedas, embarcaciones de recreo o de deportes náuticos, las aeronaves y los objetos de arte y antigüedades.

No se incluirán en dicho caudal las cantidades que proceda percibir deseguros sobre la vida ni, en su caso, los bienes adicionados y las donaciones acumuladas.

El valor del ajuar doméstico, calculado mediante el porcentaje referido anteriormente, se minorará en el 3% delvalor catastral de la vivienda habitual del matrimonio, en concepto de valor de los bienes que, conforme alartículo 1321 del Código Civil, deben entregarse al cónyuge sobreviviente.

Presunción que admite prueba en contrario.

Adición de bienes: Presunción que admite prueba en contrario. Consiste en adicionar a la masa o la porción hereditaria individual determinados bienes y derechos. Así, por ejemplo, se adicionan a la masa hereditaria los Bienes que hubiesen pertenecido al causante en el año anterior al fallecimiento (art. 25 delReglamento), Bienes que hubiera adquirido en usufructo el causante en los tres años anteriores alfallecimiento (art. 26 del Reglamento), Bienes que haya transmitido el causante su nuda propiedad en los cuatro años anteriores al fallecimiento (art. 27 del Reglamento), Bienes en supuestos de endoso de valores o efectos (art. 28 del Reglamento).

No habrá lugar a las adiciones cuando por la transmisión onerosa de los bienes se hubiese satisfecho por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados una cantidad superior a la que resulte de aplicar a su valor comprobado al tiempo de la adquisición el tipo medio efectivo que correspondería en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones al heredero o legatario afectado por la presunción si en la liquidación se hubiese incluido dicho valor. Si la cantidad ingresada por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentadosfuese inferior, habrá lugar a la adición pero el sujeto pasivo podría deducir de la liquidación practicada por elImpuesto sobre Sucesiones y Donaciones lo satisfecho por aquél.

Caudal hereditario bruto: Es el resultado de sumar al valor real de los bienes y derechos del causante, el ajuar doméstico y, en su caso, el de los bienes adicionables al caudal hereditario.

Cargas, deudas y gastos deducibles: Serán las deudas del causante reconocidas en sentencia judicial firme, las que se puedan acreditar su existencia por documento público, o por documento privado que reúna los requisitos del artículo 1227 del Código Civil, o se justifique de otro modo la existencia de aquéllas

No serán deducibles las deudas en las que figure como acreedor los herederos o de los legatarios de parte alícuota y de los cónyuges,ascendientes, descendientes o hermanos de aquéllos aunque renuncien a la herencia.

Serán deducibles los gastos que se ocasionen en el litigio en interés común de todos los herederos por la representación legítima de dichas testamentarias o abintestatos,siempre que resulten debidamente probados. Los gastos de última enfermedad satisfechos por los herederos, en cuanto se justifiquen y los gastos de entierro y funeral en cuanto se justifiquen y hasta donde guarden la debida proporción con el caudal hereditario, conforme a los usos y costumbres de cada localidad.

No serán deducibles los gastos que tengan su causa en la administración del caudal relicto.

Masa hereditaria neta: Es el resultado de restar del caudal hereditario bruto las cargas, deudas y gastos.

Porción hereditaria individual: Es el resultado de aplicar las disposiciones testamentarias o de la sucesión ab intestato, en defecto de testamento, a la masa hereditaria neta.

Seguros de vida: Sólo en aquellos casos en que el causahabiente resulte además beneficiario de un seguro sobre la vida. El contratante y asegurado deben coincidir en la misma persona y además fallecer.

Base imponible: Es el resultado de sumar a la porción hereditaria individual los seguros de vida percibidos por el beneficiario-causahabiente.

Reducciones: Las comunidades autónomas tienen competencia normativa sobre las mismas para regularlas, y en cuanto a la normativa estatal, las establece por razón de parentesco, para casos de minusvalía (47.858,59 o 150.253,03 euros, según grado de discapacidad), seguros de vida (para determinados parientes y límite de 9.195,49 euros), empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades, vivienda habitual del causante (95%, para determinados parientes y con límite máximo de 122.606,47 euros) en Asturias puede llegar hasta un 99% en función del valor real de la vivienda, empresa familiar y bienes del Patrimonio Histórico.

Base liquidable: Es el resultado de minorar la base imponible en las reducciones que fuesen aplicables.

Tarifa del impuesto: Las comunidades autónomas tienen competencia normativa sobre las mismas para regularlas y en cuanto a la normativa estatal se establece una tarifa del 7,65% al 34%. Pulse aquí para ver la tarifa aplicable en el Principado de Asturias para el año 2010.

Cuota íntegra: Es el resultado de aplicar a la base liquidable la tarifa del impuesto.

Coeficiente multiplicador: En este impuesto se tiene en cuenta no sólo la cantidad heredada, sino también el patrimonio preexistente del heredero valorado según las reglas del impuesto sobre el patrimonio a la fecha del fallecimiento. Las comunidades autónomas tienen competencia normativa sobre el mismo para regularlo, y en cuanto a la normativa estatal, también se regula teniendo en cuenta como factores de corrección el importe del patrimonio del causahabiente y el grado de parentesco con el causante. Los coeficientes van del 1,0000 al 2,4000. Pulse aquí para ver los coeficientes multiplicadores en función del patrimonio preexistente aplicables en el Principado de Asturias para el año 2010.

Cuota tributaria: Es el resultado de aplicar a la cuota íntegra el coeficiente multiplicador.

Deducciones y bonificaciones: Las comunidades autónomas tienen competencias normativas para regularlas, y en cuanto a la normativa estatal, se establece una deducción por doble imposición internacional y una bonificación en la cuota en Ceuta y Melilla.

Total a ingresar: La liquidación del impuesto puede ser a ingresar o cuota cero

Vivienda habitual

2007-06-22T05:10:00.000-07:00

Por la adquisición “mortis causa” de la vivienda habitual del causante, se aplicarán los siguientes porcentajes de reducción, siempre que la adquisición se mantenga durante los diez años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciese el adquirente dentro de este plazo:

Valor real del inmueble (en euros) Porcentaje de reducción

Hasta 90.000 99%

De 90.000,01 a 120.000 98%

De 120.000,01 a 180.000 97%

De 180.000,01 a 240.000 96%

Más de 240.000 95%

Estos porcentajes serán de aplicación con los mismos límites y requisitos establecidos en la legislación estatal.

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Empresas individuales

2007-06-22T05:05:00.000-07:00

Empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades

Cuando en la base imponible de una adquisición “mortis causa” esté incluido el valor de una empresa individual, de un negocio profesional o de participación en entidades, situados en el Principado de Asturias, para obtener la base liquidable se aplicará en la base imponible una reducción propia del cuatro por ciento (4%) del mencionado valor, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que sea de aplicación la exención regulada en el apartado octavo del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

b) Que la actividad se ejerza en el territorio del Principado de Asturias.

c) Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado de la persona fallecida.

d) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los diez años siguientes a la fecha de transmisión, salvo que fallezca éste dentro de este plazo. El adquirente no podrá realizar en el mismo plazo actos de disposición ni operaciones societarias que directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de adquisición.

e) Que se mantenga el domicilio fiscal o social de la empresa, negocio o entidad a que corresponda la participación en el territorio del Principado de Asturias durante los diez años siguientes al fallecimiento del causante.

f) Que el valor de la empresa individual, negocio profesional o participación en entidades no exceda de cinco millones de euros.

La reducción prevista en este artículo será incompatible, para una misma adquisición, con la aplicación de las reducciones previstas en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En caso de incumplimiento del requisito de permanencia, el adquirente beneficiario de esta reducción deberá comunicar tal circunstancia a la oficina liquidadora competente, dentro del plazo de 30 días hábiles desde la fecha en que se produzca el incumplimiento, y pagar la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada, así como los correspondientes intereses de demora.

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Por minusvalía

2007-06-22T04:58:00.000-07:00

En las adquisiciones por personas con minusvalía física, psíquica o sensorial, igual o superior al 33% e inferior al 65%, se aplicará la reducción de 47.858,59 euros; la reducción será de 150.253,03 euros para minusvalías igual o superior al 65%, además de las que pudiera corresponder en función del grado de parentesco con el causante.

A los contribuyentes discapacitados con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%, se aplicará una bonificación del 100% de la cuota que resulte de aplicar las deducciones estatales y autonómicas que, en su caso, resulten aplicables, siempre y cuando el patrimonio preexistente del heredero no sea superior a 402.678,11 euros, con independencia de su grado de parentesco con el causante.

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Por razón de parentesco

2007-06-22T04:49:00.000-07:00

Grupo I: Adquisiciones por descendientes y adoptados menores de 21 años. Reducción de 15.956,87 €, más 3.990,72 € por cada año menor de 21 que tenga el causahabiente, sin que la reducción pueda exceder de 47.858,59 €.

Grupo II: Adquisiciones por descendientes y adoptados de 21 o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes. Reducción de 15.956,87 €.

Grupo III: Adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y descendientes por afinidad. Reducción de 7.993,46 €.

Grupo IV: En las adquisiciones por colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños. No habrá lugar a reducción.

En las adquisiciones “mortis causa” por sujetos pasivos incluidos en el grupo II del artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se aplicará una bonificación del 100% de la cuota que resulte después de aplicar las deducciones estatales y autonómicas que, en su caso, resulten aplicables siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la base imponible sea igual o inferior a 150.000 euros.

b) Que el patrimonio preexistente del heredero no sea superior a 402.678,11 euros.

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